Enclavada en el corazón de una de las mejores zonas de Caracas está la sede de la Fundación España Salud (FES), que se encarga de brindar ayuda a través de subvenciones del Estado a los españoles que viven en ese país, y que recibe recursos a través de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que está a cargo de José Francisco Armas Pérez, un funcionario de carrera de la Embajada, que tiene en su haber hasta una condena por prevaricación, del año 1989, de la época en que fue alcalde del municipio Valverde, en Gran Canarias, y que presuntamente estaría detrás de todas las irregularidades que han ocurrido con la sede diplomática ubicada en la capital venezolana, en sus dos etapas de relación con este organismo estatal.
A Armas Pérez se le atribuyen, entre otras irregularidades, la decisión de suspender, sin ningún criterio las ayudas que la Fundación España Salud otorga a los españoles que continúan viviendo en Venezuela, a pesar de que existen fallos del Tribunal Supremo español que ordenan la reactivación de los pagos. Algunas de las víctimas de esta situación denuncian que sucede sobre todo con las personas mayores, a quienes suspenden los pagos sin dar argumento alguno, sabiendo el estado de indefensión en el que se encuentran y sin poder además hacer señalamientos directos contra nadie, porque simplemente no hay a quién acudir para que se haga una contraloría al respecto.
Este funcionario tiene una asignación especial como consejero de Trabajo de la Embajada en Venezuela de 21490 euros mensuales, solo por sus gestiones en el exterior, además de las 14 pagas correspondientes a la escala del nivel retributivo 28 de la tabla salarial de los funcionarios españoles, lo que significa que el salario anual está por el orden de los 300 mil euros, aproximadamente.
Entre otras «mañas», se le atribuye la responsabilidad de haber «perdido» al menos 2.2 millones de la Fundación España Salud que estaban depositados en el banco panameño All Bank, que quebró en 2019, sin que ninguna autoridad española haya podido indagar sobre la situación, debido a la inscripción de la FES como una persona jurídica que se rige por el reglamento jurídico venezolano, por lo que no hay manera de investigar los movimientos desde España.
Armas Pérez llegó a Venezuela por 2006, en el época que Raúl Morodo era el embajador de España, y allí dieron paso a la creación de la FES. Hay que recordar que todavía en la actualidad la gestión de Morodo, quien era muy cercano a la figura del difunto dictador venezolano, Hugo Chávez, está siendo investigado, junto a su esposa y su hijo, por presuntos casos de lavado de dinero provenientes de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Tras ser halado culpable por el delito de prevaricación, Armas Pérez fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos pero sus fuertes vínculos con el PSOE le sirvieron para obtener un indulto por parte del expresidente Felipe González y desde entonces y hasta la época en que fue enviado a la embajada de Venezuela, este personaje ha estado rodeado de dudosas actuaciones vinculadas con fondos del Estado.
La creación de la FES, con el argumento de que sería una fundación para ayudar a los españoles residentes en Venezuela, a través de convenios con entes del Estado, a través de la gestión de la embajada, le han servido a Armas Pérez para manejar más de 25 millones de euros, a su antojo, sin que haya tenido que explicar ni siquiera cómo fue que los 2,2 millones de euros de la fundación estaban depositados en un banco panameño que quebró y que pertenecía al banquero venezolano Víctor Vargas, señalado de tener relaciones estrechas con el chavismo.
Afectados por los manejos irregulares que se han hecho de los fondos de la FES aseguran que desde hace varios años, con el retorno de Pedro Sánchez al poder y la gestión en la embajada de Venezuela en España, que desde 2018 ha venido sufriendo una serie de altibajos por las relaciones diplomáticas afectadas por la tensión política entre ambos países, han llegado sospechar que el organismo decide unilateralmente suspender los pagos de las ayudas a personas mayores, sin que esto suponga que dejan de recibir el dinero del Estado y que por otro lado, han estado indagando sobre la posibilidad de que desde el propio ente oficial se estén armando expedientes de ayudas con datos de personas que están en Venezuela, para justificar la recepción de unos recurso que no llegan a manos de quienes aparecen en los registros oficiales como beneficiados.
A Armas Pérez también se la ha vinculado con la fundación Ramón Rubial, otro brazo del PSOE en el país suramericano que recientemente organizó un acto en la Hermandad Gallega de Caracas, con la intención de promover la nacionalización de descendientes de españoles en ese país, a quienes además recordaron que tras la obtención de la nacionalidad, estarían habilitados para ejercer el voto, que desde luego, en esta época en la que se están preparando para las elecciones generales que se celebrarán en noviembre, les vendría muy bien la captación de unos cuantos votos más en el exterior.
Pese a que las vinculaciones de Armas han sido más con el PSOE, este consejero ha sabido moverse dentro del poder para que lo mantuviesen vinculado con Venezuela a través de la FES, aún en la época en la que estaba como embajador Jesús Silva, que mantuvo una polémica relación con el régimen de Nicolás Maduro tras haber recibido en la residencia oficial en Caracas al expreso político Leopoldo López.
En la actualidad, Armas Pérez se mantiene en Venezuela, gestionando todavía todos lo referentes con la FES, sin que haya un control de los recursos que sigue manejando.
