La luna de miel entre el régimen de Nicolás Maduro y el Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo del todo verdadera. Mientras la dictadura venezolana intenta vender la imagen de que está reactivando sus relaciones diplomáticas con muchos países, gracias a las gestiones de su canciller Yván Gil, la realidad es que en el caso de España todavía señalan que las elecciones que se celebraron en Venezuela en 2018 no fueron legítimas, por no representar la voluntad del pueblo venezolano.
Así lo dejó muy claro el Ejecutivo en una consulta hecha por Vox en el Congreso de los Diputados, en la que le pedían explicaciones al Gobierno sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde la cúpula del poder no quisieron hacer referencia al exdiputado venezolano y la validez de su cargo, pero sí fueron muy claros y directos en decir: «La UE (Unión Europea) no reconoce los procesos electorales de 2018 y 2020 como creíbles, inclusivos y transparentes ni considera sus resultados como representativos de la voluntad democrática del pueblo venezolano», por lo que está más que claro que continúan considerando que el dictador venezolano carece de toda legitimidad.
Esto a pesar de que desde el pasado 28 de diciembre aceptaron las credenciales de la embajadora Coromoto Godoy, enviada especial y línea directa de Nicolás Maduro, quien llegó a España desde mediados de noviembre, con la intención de abrirle el camino al régimen venezolano, cuya estrategia para el 2023 es procurar que la Unión Europea lo reconozca y le abra las puertas, para seguir vendiendo la imagen de que Venezuela se ha recuperado de la crisis económica, política y social que ha generado la migración de más de 7 millones de venezolanos.
Durante casi un mes y medio España permitió la coexistencia de las dos embajadas de Venezuela en el país: por un lado reconocían al exembajador Antonio Ecarri, enviado por el gobierno interino de Juan Guaidó, y por el otro permitieron la instalación de Godoy en la embajada del chavismo, pero ahora tras han dejado claro ante el Congreso de los Diputados que el paso diplomático que han dado ha sido parte de la intención de ser garantes de que haya una salida democrática que ayude a mejorar la situación del país suramericano.
En relación con la Asamblea Nacional que fue electa en 2015 y que está presidida por la diputada Dinorah Figuera, que actualmente está exiliada en España y solicitada por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno ha señalado que «se le reconoce una especial relevancia como actor e interlocutor privilegiado», pero que en su afán de fomentar un diálogo entre las diferentes corrientes políticas venezolanas, se han permitido tener contacto con miembros del régimen y de la oposición.
De hecho, tras la designación de la diputada Dinorah Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional, el régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de captura en su contra, señalándola de haber presuntamente cometido los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales, pero el Gobierno de Pedro Sánchez respondió que hasta los momentos las autoridades venezolanas no habían enviado ninguna comunicación a España para solicitar la captura de la parlamentaria.
Para el régimen venezolano es importante continuar haciendo lobby en Europa y de hecho tienen en España a dos de las figuras diplomáticas que tiene más peso dentro de la dictadura, como son Coromoto Godoy, por su especial «amistad» con Nicolás Maduro, y Glenna Cabello, hermana de Diosdado Cabello, número dos del chavismo. Entre ambas tienen la responsabilidad de mover las fichas del chavismo en España y de establecer los puentes que sean necesarios con el Gobierno de Pedro Sánchez para que los ayude a gestionar el regreso a Europa, con la premisa de que, en principio, se deben levantar las sanciones impuestas contra los funcionarios chavistas.
Sin embargo, en desde el Parlamento Europeo han dejado claro que las relaciones y el contacto con el régimen de Nicolás Maduro es netamente comercial, para aprovechar las oportunidades económicas que hay en esa región, adelantándose a lo que podría querer también hacer China, a quien no le importa el tema político, sino el comercial.
La posición de España no ha sido clara del todo; por un lado no han querido salir a dar la cara abiertamente para pronunciarse sobre la situación en Venezuela, más allá de las declaraciones ofrecidas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha dicho que el Gobierno solo quiere cooperar en el diálogo entre el régimen y la oposición, pero al mismo tiempo, por debajo de la mesa mantienen la posición de que no reconocen los comicios de 2018 en los que resultó reelecto Nicolás Maduro y que fueron cuestionadas por organismos internacionales, por carecer de legitimidad y por una serie de vicios que pusieron en duda su validez.
Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro continúa soñando con ser reconocido mundialmente como el presidente legítimo de Venezuela y poder aparecerse en cuanta cimbre internacional le apetezca, pero por ahora, tendrá que conformarse con sus regímenes totalitaristas, socialistas y comunistas que tiene de aliados.
