Las mafias que se dedican a invadir pisos desocupados por todo el país se han vuelto cada vez más ingeniosos y desde hace un par de años y hasta ahora, la modalidad que prefieren utilizar es la de alquilar un inmueble para después del primer mes dejar de cumplir con los pagos de las mensualidades y se instalan allí indefinidamente. Esta situación tiene a los miembros de la Plataforma de Afectados de los Okupas que tienen un poco más de tres años tratando de conseguir una legislación que los proteja de este problema.
En la actualidad, hay más de 2500 propietarios que han sido víctimas de esta situación como parte de esta plataforma, quienes aseguran que han perdido el respeto y la confianza por el sistema de administración de justicia, debido a que las instituciones del Estado no les ofrecen ninguna solución para la recuperación de sus inmuebles.
Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, aseguró a Moncloa.com que es urgente que las necesidad de reformar el Código Penal, el Código Civil y algunos decretos leyes referentes a la protección de la propiedad y que se debe revisar muy bien el proyecto de la Ley de vivienda que Podemos pretende aprobar próximamente, porque en ella solo se le garantiza una protección a los okupas y se dejan por fuera los derechos de los propietarios, con lo cual solo se estaría fomentando que siga ocurriendo lo que sucede hasta ahora.
De aprobarse esta ley, tal y como está, se perpetuaría la situación sin proteger a las víctimas, a quienes no se nos están dando soluciones, porque nosotros somos mucho más que un banco o fondos de inversión y que al final los que son grandes tenedores de propiedades son la minoría, no somos las personas que tenemos una casa como propiedad secundaria», expresó Bravo.
Esta situación de los okupas que alquilan inmuebles para posteriormente quedarse con ellos también incide en los precios del mercado, pues los propietarios temen dejar sus pisos en alquiler por miedo a que los inquilinos decidan dejar de cumplir con lo establecido en los contratos.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Okupaciones explicó que al final resulta más fácil pagar por alguna alternativa diferente a un proceso judicial para recuperar la vivienda, porque primero es más rápido y segundo sale más económico, porque en el mejor de los casos, si al okupa lo obligan a dejar el inmueble, después de todo un pleito legal, las sanciones son de entre 1000 y 1500 euros, como mucho, mientras que el propietario que busca recuperar su casa debe cubrir los gastos de abogados, más todo el proceso legal.
Otro de los aspectos que denuncian los afectados es que quienes alquilan los inmuebles para okuparlos normalmente son integrantes de mafias que tras hacerse con el piso, los utilizan como centros de distribución de drogas o como pisos de que son utilizados subarrendados para la prostitución, por lo que no solo se ven afectados los propietarios del inmueble, sino los vecinos que deben convivir con estas prácticas.
Advierten que después de la pandemia ocasionada por la Covid-19, la situación con las okupaciones se agravó, debido a los decretos emitidos por el Gobierno donde no se podían ejecutar desalojos ni desahucios mientras durase la emergencia, pero que a partir de allí han sido mayores las irregularidades con el tema.
«Nosotros no nos oponemos a que haya un trato considerado con las personas vulnerables y que la ley los proteja y los ayuden, pero el problema es que todos sabemos que quienes se dedican a okupar pisos son mafias organizadas. Por otro lado también sabemos que los gobiernos no han querido hacer nada para aumentar la oferta de vivienda social, justamente para las personas vulnerables que realmente necesitan las viviendas», expresó el portavoz de los afectados por las okupaciones.
