Desde el inicio de la legislatura la vivienda ha sido un tema candente en las Islas Baleares dado que se han limitado ciertas cuestiones en los relativo a este tema, diferenciando entre los residentes en dicho territorio y los «de fuera». Ahora, Unidas Podemos ha presentado una nuevo medida entorno a dicho tema, la cual ha sido avalada por el PSOE. Se trata de la limitación a la compra de viviendas a los no residentes en Baleares.
Este es un tema en el que el Ejecutivo de dicha región lleva tiempo trabajando y que cuenta con largo recurrido. Durante el pleno Parlamentario en las Islas Baleares del 25 de octubre de 2022 aprobaron una resolución para realizar las gestiones necesarias para limitar la adquisición de viviendas por parte de no residentes o de personas con menos de cinco años de residencia.
Posteriormente el 16 de noviembre de ese mismo año, el Pleno del Senado aprobó una moción que incluía entre otros aspectos, una petición de la Cámara Baja al Gobierno para que existiera una colaboración con el Ejecutivo de las Islas Baleares sobre análisis de alternativas a la situación actual de adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes en los territorios insulares, comparando las experiencias similares en el ámbito europeo e internacional y valorando la aplicabilidad de las mismas en nuestro entorno.
En el texto propuesto original de la citada moción se proponía explícitamente la creación de «un marco normativo que permita la prohibición de la venta de viviendas a no residentes en las Illes Balears». Durante el mes de diciembre del año pasado, la Mesa del Parlamento Balear admitió a trámite determinadas Proposiciones no de Ley, a tramitar ante el Pleno. Entre ellas se encuentra una que insta al Gobierno autonómico a impulsar una ley que permita restringir la compra de viviendas a personas no residentes en las Islas con el objetivo de evitar la especulación actual en la adquisición de viviendas.
la idea es impulsar una ley permita restringir la compra de viviendas a personas no residentes en las Islas
Ahora, durante este 21 de febrero de 2023, el Parlamento de las Islas Baleares ha instado nuevamente al Gobierno de las Islas Baleares a «impulsar coordinadamente con el Gobierno del Estado y las instituciones de la Unión Europea una ley que contemple las medidas necesarias que permitan restringir la compra de vivienda a personas físicas o jurídicas no residentes, con el fin de evitar la especulación actual en torno a la vivienda».
El sentir es que el Gobierno regional trata de centrar el debate en los extranjeros y han puesto el foco, principalmente, en los alemanes o suecos de alto poder adquisitivos que llegan a Balares con el objetivo de comprar las mansiones de la tierra. Sin embargo, tampoco los ciudadanos procedentes de Madrid, Cataluña o Andalucía, así como cualquier otra persona de nacionalidad española podrán comprar una casa en las islas.
El problema es que esta medida choca con los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y con el artículo 21 del propio Tratado de Funcionamiento. Tampoco estaría amparada por el Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas.
Por otra parte, limitar la compraventa a personas que no viven en las islas podría tener un efecto devastador para la economía balear, dado que más del 25% del PIB de Baleares está relacionado con el sector inmobiliario y son muchos los agentes implicados, así como las inmobiliarias, constructores y promotores. De esta forma, al frenar el mercado también se frenará la actividad de otros sectores tales como electricistas, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros, pintores, notarios, registradores y otras profesiones que están directa o indirectamente ligadas a la actividad inmobiliaria.
Además, limitar la venta de viviendas a no residentes también podría provocar un fuerte aumento del paro y una fuerte caída de la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, debido a que más de un 70% de los impuestos de recaudación directa en Baleares proviene del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP), ingresan más de 1 millón de euros en ITP.
