María Gámez lleva el ecologismo por bandera y desde que llegó a las filas de la Dirección General de la Guardia Civil no ha dejado de intentar promover medidas en pos del medio ambiente. Una de sus iniciativas ha sido cambiar los vehículos de los agentes por unos eléctricos siguiendo la promesa del Gobierno con Europa de fijar el fin de la venta de coches de combustión en el año 2035. Para ello, la directora del instituto armado ha comenzado a instalar punto de recarga en las distintas dependencias de la Guardia Civil. Sin embargo, según ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que la mayoría de estos cargadores se repartidas entre cuatro autonomías: la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
Desde AUGC ha destacado que el parque móvil de la Guardia Civil cuenta con cerca de 18.000 vehículos, los cuales, en su gran mayoría, cuentan con motores diésel o gasolina. Sin embargo, desde la Dirección General de la Guardia Civil se han propuesto cambiar toda la flota de vehículos por sistemas eco-eficientes. Un compromiso que asumieron en el año 2021 a través del Acuerdo Interdepartamental entre la Subsecretaría del Interior y la Secretaría de Estado de Energía. A partir de ese momento, comenzaron a registrar acuerdos para comenzar a adquirir este tipo de vehículos eléctricos, tanto coches como motos.
EL 50,18% DE LOS PUNTOS DE RECARGA SE REPARTIRÁ ENTRE CUATRO AUTONOMÍAS
La particularidad de este tipo de medios de transporte verdes es que necesitan recargar la batería cada ciertos kilómetros, esto ha llevado a María Gámez a trabajar en la tramitación la instalación de 1.393 puntos de recarga. Sin embargo, según ha destacado la asociación de guardias civiles existen «grandes diferencias» en el reparto que ha diseñado la Dirección General de institución armado. En concreto, el 50,18% de estos puntos de recarga se repartirán entre la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El resto estarán repartidos repartidos entre 15 territorios, a excepción de Ceuta, Melilla y varios territorios del norte de España que han sido los grandes olvidados en esta distribución.
Donde no habrá escasez de punto de recarga es dentro de las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, ya que se instalarán 15 puntos de recarga dentro de la sede central de la institución. De esta forma, la Dirección General se convertirá en el epicentro de las recargas de vehículos oficiales, es decir, de los transportes de los altos cargos, sin que ninguna otra disponga de tal despliegue. Y es que, a diferencia de otras delegaciones, el abastecimiento energético estará asegurado en el cuartel central, pero no en 994 puestos donde los agentes desarrollan sus servicios. Estos últimos quedarán «en reserva», según explican desde la AUGC tras observar la documentación oficial. En estos casos, solo existirá un punto de carga para los vehículos.
Además, esta instalación, que supondrá un coste de 9.678.669 euros, debería haber sido instalada en 2022. Sin embargo, AUGC destaca que el argumento de el Servicio de Contratación para este retraso es que este dinero procede de los Fondos Europeos Next Generation UE, los cuales llegaron tarde, ya que «fueron puestos a disposición de la Guardia Civil a finales de mayo de 2022», a pesar de que el acuerdo se firmó en 2021. Ahora, los vehículos y las dependencias incluidas en la red de suministro eléctrico deberán hasta octubre de este año sin puntos de recarga. Este es el plazo estimado que ha comunicado el departamento que dirige María Gámez a AUGC.
LOS AGENTES YA HAN EMPEZADO A NOTAR LAS CONSECUENCIAS DEL ECOLOGISMO DE MARÍA GÁMEZ
Un día cualquiera en la vida de un agente del Seprona consiste en coger la moto y dar vueltas por las zonas de montaña persiguiendo a los cazadores, a los motoristas que circulan campo a través o todos aquellos ciudadanos que llevan a cabo actividades ilegales como la contaminación de la naturaleza o acciones que ponen en peligro la vida de los animales. Para ello, pasan horas circulando por los montes españoles vigilando la zona. Sin embargo, esta tarea se ha tornado casi en misión imposible después de la decisión que ha tomado María Gámez, la directora General de Guardia Civil, quien ha decidido dotar a la institución de motocicletas eléctricas. Una cuestión que ha levantado una oleada de criticas por parte de distintas asociaciones, dado que no saben como van a poder llevar a cabo los servicios con la poca autonomía con la que cuentan estos vehículos.
A las motocicletas se suman también los coches. Esta vez, a través de la compra de 230 Nissan Leaf de motor eléctrico, y 150 Renault Arkana Zen micro híbrido. Cerca de 400 coches nuevos para la Guardia Civil que han costado más de 12 millones a las arcas gestionadas por Marlaska, pero que siguen sin dar solución a los problemas de movilidad de los agentes.
