Los trabajadores del Congreso de los Diputados, así como los integrantes del Parlamento español, son conocidos por poder gozar de algunos beneficios que no parecen tener réplica en todas las empresas del sector privado español. Es el caso del servicio de «vigilancia de la salud laboral» que estará vigente en el Congreso de los Diputados, y que supondrá un gasto para los bolsillos de todos los españoles de más de 200.000 euros.
El Congreso de los Diputados se ha convertido, en los últimos tiempos, en el centro de la polémica política de la nación española. Y es que, ante la brutal crisis económica y energética del país, muchos son los ciudadanos que han puesto la vista en el Parlamento, en busca de una solución que les permita continuar. Sin embargo, los parlamentarios parecen más ocupados en otras cuestiones, como el debate sobre la Ley del «sólo sí es sí», o las continuas «puñaladas» que ya se han convertido en costumbre dentro de la cámara.
Sin embargo, en algo sí parecen coincidir los miembros del Congreso de los Diputados: y es en gozar de algunos privilegios al alcance de muy pocos. Privilegios como son los precios de la cafetería del Congreso que, a pesar del IPC que ahoga a miles de españoles, se siguen manteniendo con cifras irrisorias. Es el caso del «desayuno continental», con bollería, que se mantiene en los 0,91 euros, o el desayuno con pincho de tortilla, que cuesta a los diputados 1,21 euros.
Privilegios a los que también se unen las elevadas dietas que cobran los parlamentarios, así como sus subidas de sueldo, coincidiendo con las de los funcionarios, o sus vacaciones que, tal y como informaba este diario, casi se han igualado a las casi interminables vacaciones infantiles de verano. Ventajas a las que ahora parece sumarse un servicio de salud muy particular para los integrantes del Congreso de los Diputados, que podrán cuidarse por dentro mientras ejercen su papel como representantes de la ciudadanía española, con mayor o menor acierto.
LA SALUD DEL CONGRESO SALE DEL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS
Así pues, tal y como ha podido saber este diario, desde la administración pública se ha lanzado un contrato para «servicios de vigilancia de la salud laboral en el Congreso de los Diputados». Un contrato cuya financiación saldrá de las arcas públicas del Estado, y que costará a los ciudadanos españoles más de 200.000 euros, tal y como señalan los documentos oficiales.
En concreto, este contrato tiene como objetivo «la prestación al Congreso de los Diputados del servicio preventivo de Vigilancia de la Salud Laboral en el Congreso de los Diputados, y la realización de campañas de educación sanitaria y cursos de formación dirigidos a fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, a través del fomento del entorno y hábitos de vida saludables, así como controlar patologías detectadas en las evaluaciones médicas». Un servicio que, tal y como destaca el documento, estará disponible tanto para «personal funcionario como laboral y eventual», esperándose que más de 700 personas tengan acceso a este servicio sanitario.
Tal y como destacan los documentos oficiales, la principal función será vigilar la salud de los trabajadores del Congreso, a través de una «evaluación inicial de la salud del personal», así como la «vigilancia de la salud a intervalos periódicos que se realizarán una vez al año» de forma voluntaria. Del mismo modo, también se realizarán «campañas de prevención y actividades formativas» en educación sanitaria, centradas en temas de salud como el tabaquismo, el sobrepeso o la detección precoz del cáncer.
Procedimientos en los que este servicio de Vigilancia de la Salud de los trabajadores del Congreso de los Diputados hará un perfil personalizado de cada trabajador, a través de estudios como análisis de sangre e historial familiar de enfermedades, que puedan contribuir a dar una atención más personalizada a cada uno de los pacientes del Parlamento, que contarán así con un servicio de «atención primaria» de salud dentro del propio organismo público. Eso sí, bajo coste del bolsillo de todos los españoles.