La derecha mediática, en la forma mortal de diarios nacionales y tertulianos, son los que empujaron a Feijóo a tomar la decisión que más lo ha apartado de su imagen de político de Estado, la ruptura de las negociaciones para la renovación de la Justicia. La consecuencia, Sánchez tiene manos libres para nombrar jueces del Constitucional y modificar el Código Penal. Tiene coartada en la cerril decisión popular de no pactar. Ahora el líder gallego se tendrá que enfrentar a las tensiones de una nueva moción de censura de Vox, asunto que puede fagocitarlo, al igual que casi le pasa a su antecesor, Pablo Casado.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial deben elegirse 10 por el Congreso y 10 por el Senado con una mayoría de 3/5 partes de sus miembros. Esta mayoría reforzada se estableció en 1985 para que los dos grandes partidos estuvieran obligados a pactar sin excusas y que la justicia recogiera el sentir ideológico de la sociedad en cada momento.
Desde entonces han pasado la friolera de 37 años en los que no se han modificado esta Ley Orgánica y por tanto los sucesivos gobiernos socialistas o populares han pactado sin problema la renovación del órgano judicial. Daba igual que se obtuviera mayoría absoluta por parte del PSOE o del PP. Siempre se pactaba. Ese era el sentido de estado que tenían los líderes que durante décadas gobernaron y encabezaron la oposición en nuestro país. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se sentaron con los partidos que se encontraban en la oposición en cada momento y fueron capaces de pactar y sacar adelante los nombramientos. Sin embargo, algo se truncó en la historia política española cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura.
Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se sentaron con los partidos que se encontraban en la oposición en cada momento y fueron capaces de pactar
Pero un día Mariano Rajoy dimitió. El PP tuvo por primera vez unas primarias de verdad, no teledirigidas y, contra todo pronóstico, Pablo Casado venció a la hasta entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la secretaria general, Dolores de Cospedal.
Pero su victoria fue vista por ciertos poderes como una oportunidad en la que vieron la posibilidad de tutelar y orientar sus decisiones a través de medios de comunicación afines. Con el fin del bipartidismo en ciernes, y la irrupción de partidos radicales a izquierda y derecha, cualquier decisión de Pablo Casado era escrutada y juzgada sin piedad.
Cumplidos los plazos y habiendo que renovar el Poder Judicial, la disposición a pactar los nombramientos originó una critica furibunda por ciertas radios y periódicos, además de los correspondientes articulistas y comentaristas bien nutridos de argumentarios ajenos. No se pretendía nada más que dar cumplimiento a la constitución y a las leyes.
LOS JUECES DEBEN ELEGIR A LOS JUECES
Se introdujo entonces el mensaje que los jueces debían elegir a los jueces. En España ese método de elección solo estuvo en vigor cinco años, desde 1980 a 1985. Sin embargo, es una idea que puede ser factible. Se podrá cambiar cuando el parlamento cuenta con una mayoría suficiente para retocar ese sistema de elección dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuando se iba a anunciar el pacto, el regimiento de radicales de toda índole se apresuraron a criticar dicho pacto. Sostenía que con Pedro Sánchez no se podía pactar nada. Se equivocaban. No se pacta con Pedro Sánchez, se da cumplimiento a la ley. Y la ley exige que se pacte para llegar a los 3/5 de los diputados y senadores para alcanzar cada designación.
Caído Pablo Casado, y con un nuevo líder en el Partido Popular, se vendió que el talante de hombre de Estado y de líder centrado de Feijóo haría posible el pacto. Cuando se había conseguido y a pocas horas de anunciarlo, Díaz Ayuso filtró un mensaje que le envió en el que le exigía que no pactara y la derecha más radical empezó a presionarle. Alberto Núñez Feijóo no tubo otra que desdecirse, poner todo tipo de excusas y no pactar la renovación. Y mientras tanto Europa mirando y criticando esta parálisis inédita.
Todo esto ha dado la excusa perfecta a Pedro Sánchez para introducir las enmiendas que ponen fin al bloqueo institucional que el PP, o mejor dicho, la derecha más radical, ha inducido a la Justicia en este país. Con un consejo sin renovar, con un presidente dimitido y con el Tribunal Constitucional por renovar, seguir en la situación actual era imposible.
El Partido Popular tuvo el deber de pactar los nombramientos y, después, cuando volvieran a gobernar y con una mayoría suficiente, modificar la ley e introducir otro sistema de elección. Pero no se pueden cambiar las reglas con la pelota en el campo de juego.
Sánchez ha aprovechado y ha cambiado lo suficiente la ley como para impedir el continuo bloqueo. Los miembros del Tribunal Constitucional cambiarán y la elección del nuevo presidente será de tendencia progresista. Sí, y es así por que siempre ha sido así. Cuando gobernaba José María Aznar y Mariano Rajoy el presidente del Tribunal Constitucional, cuando se renovaban sus miembros, también tenía tendencia conservadora. Es el sistema que tenemos y criticarlo ahora por miedo a que Ayuso o sus medios afines critiquen a Feijóo es pan para hoy y hambre para mañana. Un verdadero hombre de estado pacta cuando hay que pactar, legisla cuando hay que legislar, pero sobre todo tiene una idea de España que nadie le hace cambiar.
