Amianto en edificios e infraestructuras: una convivencia mortal

Vivimos rodeados de amianto. Cubre los tejados de bloques de viviendas, escuelas o granjas; reviste los canalones y bajantes de aguas residuales; se camufla en el revestimiento de chimeneas; y se oculta sobre nuestras cabezas tras los falsos techos de las oficinas y las bóvedas de estaciones de metro. Este peligroso mineral no sólo se usó en edificios e infraestructuras, sino también en polvos de talco para bebés o en vagones de tren.

También conocido como asbesto, su omnipresencia resulta perjudicial cuando sus finísimas fibras se desprenden de materiales deteriorados, se dispersan por el aire y las inhalamos hasta que se alojan en los pulmones o el corazón provocando enfermedades respiratorias o cánceres incurables.

Existe un amianto visible y otro invisible. El que podemos ver a simple vista en las cubiertas de los edificios o en los muchos vertederos ilegales que pueblan zonas rurales y lugares deprimidos de las áreas industriales de las ciudades. Pero el que escapa a nuestros ojos también acecha nuestra salud.

La vida de Amador Camacho transcurre entre la cama y el sofá. Los aparatos de oxígeno lo ayudan a respirar unas 19 horas al día y se toma un cóctel de veinte pastillas. Ya sólo sale de casa para su tratamiento de quimioterapia. Le fallan las fuerzas. “Es como si tuvieras una fuerte gripe permanente”, cuenta.

Le encantaba ver fútbol en la tele, pero le cuesta aguantar el fulgor del verde del césped. Ahora, cierra los ojos y disfruta los partidos a través de la voz de los comentaristas.

Este exfuncionario del ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real) de 65 años sufre mesotelioma, un cáncer terminal que le diagnosticaron hace un par de años y que lo causó su exposición al asbesto cuando trabajaba en el servicio municipal de aguas entre 1982 y 1995. “Te metías en la zanja, le dabas a la radial y tenías que salir corriendo porque te asfixiabas por el amianto”, cuenta Amador.

Como en el resto de España, la red de tuberías de Malagón fue tejida con fibrocemento que desprende fibras de amianto cuando se cortan o deterioran. Jamás proporcionaron a Amador equipamiento de protección alguno, ni mascarillas, ni guantes, nada de nada.

El mesotelioma tardó casi 30 años en manifestarse en toda su crudeza cuando su pleura ya estaba llena de líquido. Pronto le reconocieron la baja permanente por enfermedad común. Pero él y su familia no se contentan con esa resolución. En 2021, con el asesoramiento del bufete de abogados especializado Opamianto, demandó a la Seguridad Social y al ayuntamiento para que se le reconociera la enfermedad profesional y una indemnización.

El caso de Amador no es un asunto del pasado. Hoy, “todos los trabajadores de la construcción, de mantenimiento y de limpieza se encuentran potencialmente en riesgo de exposición al amianto”, afirma la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Un análisis propio de Moncloa.com de la base de datos de la estadística de enfermedades profesionales de la Seguridad Social muestra que, entre 2007-2020, al menos 96 fontaneros sufrieron patologías graves por su exposición al amianto. Fueron 56 sociedades públicas y privadas las que visaron esos 96 partes por enfermedad, de los que 22 corresponden a ayuntamientos.

En España, sólo en productos de fibrocemento de amianto como placas (uralita) y tubos de presión y bajantes, los fabricantes pusieron en el mercado 21 millones de toneladas métricas entre 1960 y 1984, según recoge el mejor estudio sobre el asunto, realizado por varios autores para el Institut d’Estudis de la Seguretat de Barcelona. Ese peso equivale a 2.877 veces el de la estructura metálica de la Torre Eiffel.

Ahí no están incluidas las toneladas de materiales de asbesto en fibra -la famosa lana de amianto de color marrón o amarillo- que aísla del frío o del calor y que se aloja en el interior de puertas o paredes.

La fabricación y el uso de amianto fue prohibido por su peligro para la salud en España en 2002, pero los más de 3.000 productos fabricados con ese mineral ─sólo como materia prima fueron importadas en el siglo XX hasta 2,6 millones de toneladas─ conviven aún con nosotros como un legado mortal que ha provocado la muerte de 100.000 trabajadores en los que llevamos de centuria, según la proyección estimada de este medio.**

No existe en España un inventario oficial de su presencia en edificios e infraestructuras. Los dos censos parciales que se han realizado se limitan a los casos ejemplificadores del municipio barcelonés de Badia del Vallès y de la Comunidad Foral de Navarra.

El ciclo de vida del material con amianto oscila entre 30 y 50 años. Pasado ese tiempo, esos productos se deterioran y sus fibras se liberan con el riesgo de causar graves enfermedades respiratorias y cancerígenas. En España, gran parte de esos materiales ya han excedido su vida útil como componentes inocuos para la salud.

La Ley 7/2022 obliga a todos los municipios a realizar ese inventario antes de mayo de 2023. La tarea es compleja y costosa, y, según ha podido constatar este medio, la falta de recursos y de iniciativa política ralentiza la elaboración de un listado que podría atajar el legado letal del amianto.

Hasta ahora, España tampoco ha concebido ningún plan estatal de retirada del amianto, si bien se sumó al deseo de cumplir con la fecha límite de 2028 por iniciativa comunitaria mediante esa misma ley referida.

Entretanto, las víctimas luchan de forma individualizada o agrupadas en asociaciones para lograr una reparación para ellos y sus familiares. Amador Camacho combate en los tribunales contra las administraciones y la mutua que le niegan una compensación económica. “Tenía muchas esperanzas depositadas en disfrutar de la jubilación, pero se han desmoronado rápido”, afirma.

El Ayuntamiento de Malagón no contestó a las preguntas remitidas por este medio.

Amianto por doquier

Subidos al techo de una nave industrial, cuatro técnicos enfundados en EPIs blancos retiran con precisión quirúrgica las placas de amianto de un antiguo almacén de equipamientos de piscina. El paso de la borrasca Filomena, en enero de 2021, aceleró el deterioro de ese pabellón abandonado abriendo agujeros en su cubierta por los que ahora asoman tripas de lana de roca y fibrocemento.

La nave se encuentra en uno de los polígonos de Alcorcón (Madrid), pero podría estar en cualquier otro lugar de España. Hace años que estos parques industriales son cementerios de amianto que se deterioran poco a poco. No por casualidad, en estas áreas urbanas se concentran los trabajos de desamiantado que llevan a cabo los técnicos de Amisur, una de las empresas de retirada de amianto más grandes de España.

Daniel Gómez, jefe de obra y socio colaborador de Amisur, informa que la mayoría de sus trabajos se centran en la retirada de placas de uralita, uno de los productos de amianto más visibles. Pero asegura también que este mineral se aloja en los lugares más insospechados, como en el aislamiento de determinadas instalaciones energéticas de calderas o chimeneas de altos hornos.

Otro tanto se encuentra emparedado o bajo tierra, en “bajantes de edificios, tuberías, desagües y, sobre todo, en sistemas de canalización de agua potable” narra Luis Miguel Domenech, profesor de Geología Ambiental de la Universidad de Barcelona. Insiste: “Ahí nadie tiene ni idea de lo que hay. Las empresas que hacen reparaciones de fugas de agua simplemente se lo encuentran”. Amador Camacho sí sabe de lo que habla Domenech.

Según los expertos consultados, la amplia mayoría de los edificios construidos en la segunda mitad del siglo XX contiene este material en alguna de sus partes. A falta de estudios concretos para el conjunto de España, en lo que no se ponen de acuerdo los expertos es en la elevada proporción.

Domenech explica que el cálculo varía mucho en función del tipo de edificio. “Es muy diferente que sean edificios de viviendas, oficinas o estructuras a nivel industrial que edificios particulares o residenciales, en el cual el uso del amianto no ha sido tan generalizado”. Según su estimación, el amianto está presente en un 70 % de las estructuras puestas en pie entre los años 50 y 80 y que no hayan sido reparadas.

“La cifra no es inferior al 85%”, argumenta Antonio Bernardo, arquitecto y técnico en prevención de riesgos laborales.

Teniendo en cuenta que, según el Catastro, el 64% de los edificios urbanos fueron construidos entre 1950 y 1999 ─más de 25 millones─, la probabilidad de que la mitad del parque inmobiliario de España contenga amianto es elevada, a los que habría que sumar los construidos en terreno rural. Es por ello por lo que, según los expertos, urge la elaboración de un listado exhaustivo de las ubicaciones del asbesto en España.

“Las administraciones se centran en la retirada del amianto haciendo una equivalencia con la uralita y dejando de lado otros usos”, denuncia Antonio Bernardo, arquitecto y técnico en prevención de riesgos laborales.

“Eso significa que, si no se hace un buen trabajo de análisis y de censo, en muchos casos se va a dar por desamiantado un edificio ─por ejemplo, un colegio─, puede seguir teniendo amianto en placas o pizarras”, afirma este autor de varios libros sobre el tema.

La realidad es que en un folleto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud (INSST) en el Trabajo ─llamado ‘Amianto: un enemigo oculto’─ se advierte de que los nocivos materiales de asbesto nos acompañan en el día a día en edificaciones, equipos y máquinas y en instalaciones industriales.

En elementos viejos previos a 2002, el amianto nos cerca como ciudadanos de a pie en aislamientos térmicos, eléctricos y acústicos de nuestras viviendas, pero también en edificios de espectáculos, espacios deportivos y culturales, en hospitales o en centros de enseñanza, y en los revestimientos de ascensores, buques, coches y trenes.

Todos los trabajadores que construyeron o que ahora arreglan o manipulan componentes de estas infraestructuras, continúan expuestos a riesgos para su salud: : carpinteros, pintores, electricistas, albañiles, antenistas, techadores, gestores de residuos peligrosos, entre otros.

Déficit en la cartografía del amianto

Saber la ubicación exacta del amianto en España es una tarea que la ley de residuos y suelos contaminados encomendó a los municipios. Y les fijó una fecha límite para hacerlo: abril del próximo año. Es el primer paso para un inventario nacional.

Varios sondeos llevados a cabo por Moncloa.com a diversos ayuntamientos de España concluyeron que son pocos los que han iniciado una cartografía del amianto. Como muestra de ello, entre las cinco ciudades más pobladas, sólo Barcelona está elaborando el inventario desde la primavera pasada, mientras que Valencia inició los trabajos a mediados de noviembre. Madrid, Sevilla y Zaragoza no respondieron.

El diputado de Más Madrid en la asamblea regional Alejandro Sánchez asevera que no existe tal censo en la capital: “El ayuntamiento de Madrid sólo ha hecho revisiones de algunos colegios en algunos distritos, pero es muy incompleto. Han ido adonde sabían que había amianto, por alguna denuncia, pero no existe tal inventario”. Al mismo tiempo que le “parece poco realista establecer el plazo de un año para hacer esos inventarios, ya que muchos ayuntamientos no tienen recursos, ni siquiera un arquitecto municipal”.

En nuestro país, Navarra es la única comunidad autónoma que aprobó un plan director de eliminación del amianto. Se puso en marcha en 2019 con un inventario parcial de tejados y cubiertas que contienen fibrocemento y conducciones de agua, y asbesto en general en más de 30.000 edificaciones. La retirada y la gestión segura de los residuos es costosa. Sólo la retirada de las cubiertas inventariadas costará más de 235 millones de euros.

En Cataluña, su Instituto Cartográfico y Geológico está usando aviones con sensores láser e hiperespectrales para hacer un registro de todas las cubiertas con amianto que finalizará en 2023. “Vamos a cruzar todos los datos de los aviones con los del catastro para identificar las parcelas”, según explica Julià Talaya i López, subdirector general de Geodesia de ese instituto.

Badia del Vallès: la nota luminosa

“En el año 2015 comenzamos a retirar los elementos de amianto de los edificios públicos con nuestros propios recursos [250.000 euros], como en las escuelas y en las piscinas, y está casi todo retirado. Nos queda el parque de viviendas, algo más complejo porque es propiedad privada y tenemos que hacerlo con subvenciones mediante un proceso de concurrencia”. Quien así se expresa es Eva Menor, alcaldesa de Badia del Vallès (Barcelona).

Esta política socialista y las asociaciones vecinales de esta ciudad son pioneras en España en la elaboración de un mapa del amianto, que se finalizó en 2020 y que ha puesto en marcha un plan real para encapsular o retirar los materiales que contienen ese nocivo mineral para proteger a su ciudadanía. No existe un proyecto similar en nuestro país.

Todos los edificios que se construyeron en Badia del Vallès en los años 70 tienen materiales de fibrocemento en sus tejados, fachadas, balcones y bajantes. La idea de crear esa localidad de la nada se concibió en Madrid como respuesta a las migraciones masivas a Cataluña. El proyecto del Ministerio de Vivienda franquista construyó 5.372 viviendas sociales.

“Conseguimos una subvención de la Agencia Catalana de Residuos de 4,5 millones, lo que fue la palanca del cambio para acometer todo el proceso de ejecución: oficina técnica, proyectos, encapsulado y retirada”, explica Eva Menor. También va a postularse para conseguir financiación de los fondos europeos Next Generation EU, los cuales contemplan ayudas públicas para rehabilitación de edificios para hacerlos más sostenibles, con mención explícita a la eliminación del amianto.

Les queda el reto de retirar aún el fibrocemento de 159 de los 200 bloques de viviendas de la ciudad y, en una segunda fase, sustituir el amianto invisible, el del sistema de alcantarillado y distribución de agua del municipio.

La alcaldesa se siente orgullosa de lo conseguido. “Pero como soy autoexigente ─dice─, no cejaré hasta que no vea todo el amianto retirado y no lo celebraré al cien por cien hasta que eso no ocurra”. Enfatiza que “el objetivo final es que Badia sea una ciudad libre de amianto”.

¿Qué pasa en Europa?

La realidad nacional contrasta con la inquietud habida en Bruselas por el aumento de muertes por amianto. En los últimos meses, una resolución del Europarlamento y una propuesta de directiva de la Comisión Europea van en la dirección de legislar para proteger mejor a la ciudadanía.

Entre los objetivos que se marcan las instituciones europeas está la retirada en 2028 de todos los materiales con amianto en edificios e infraestructuras públicas y su desaparición total en 2032.

En Europa, el panorama no es mucho mejor que en España, pero varios países se tomaron en serio este asunto hace un tiempo. En el Viejo Continente, el caso de Polonia es único: desarrolla desde 2003 un plan integral nacional de inspección para erradicar el amianto de sus propiedades públicas y privadas. Si bien, no todos son luces. El reportero Krzysztof Story* señala que en casi 20 años se ha retirado el 17% de los residuos inventariados. A ese ritmo, la eliminación total llevaría 115 años.

En los Países Bajos, se han puesto el objetivo de retirar todos los tejados en 2024 con fibrocemento. Mientras que en la región belga de Flandes ya están en el proceso de eliminar todo el amianto de sus edificios.

Italia alberga cerca de 26 millones de toneladas de amianto en sus edificaciones e infraestructuras. Su inventario es parcial, pero está en marcha y ya ha localizado 118.000 lugares donde hay materiales de asbesto.

Recientemente, el Comité de Empleo y Pensiones de Reino Unido publicó un informe que pretende ser punta de lanza para realizar un inventario integral que facilite la erradicación de ese peligroso mineral que provoca 5.500 muertes anuales en el país. De los 128.761 edificios inspeccionados, se halló amianto en 100.660 (78%).

Los vertederos ilegales en descampados de extrarradio

Un informe de este año de Ecologistas en Acción localizó 133 vertederos incontrolados en la Comunidad de Madrid donde hay materiales con amianto. En España, la gestión de ese tipo de residuos está muy regulada, pero el civismo no tanto.

Un paseo por el extrarradio de las ciudades meridionales de Madrid resulta desasosegante. Hace de cicerone César Serrano, secretario de Salud de CCOO en la comarca sur, quien habla de “la desidia y la dejadez” de ayuntamientos como los de Getafe, Leganés, Pinto o Fuenlabrada por retirar los vertidos ilegales.

De su mano, en los términos municipales de esas localidades, somos testigos de toneladas y toneladas de desechos amontonados junto a polígonos industriales, en las riberas de carreteras radiales y en descampados vecinos de cultivos de cereales. Hay multitud de uralita hecha pedazos y montones de roca de lana de amianto, cuyas letales fibras se esparcen por la acción del viento contaminando el medioambiente y poniendo en riesgo la salud de las personas.

En Getafe, durante décadas, estuvo operativa una de las fábricas de Uralita más grandes. Cuando las placas de fibrocemento salían defectuosas, la empresa las iba vertiendo en un descampado cercano hasta que se erigió un cerro de 150.000 metros cúbicos de ese residuo peligroso.

A principios de siglo, algún político local ideó el sellado de ese foco de contaminación y construir un lugar de recreo sobre esa masa de residuos: el Parque de San Marcos, enclavado en pleno el polígono de ese mismo nombre. Encaramados a la cresta del cerro, observamos las ruinas de fuentes de agua en cascada y maravillosas vistas a… autopistas y naves industriales cubiertas con placas de uralita. Hoy, ese parque está cerrado y la estructura que lo sella y el muro que lo contiene está en franco deterioro, lo que implica un riesgo para los trabajadores, vecinos y el medioambiente.

El Ayuntamiento de Getafe declinó contestar a las preguntas enviadas sobre los vertederos incontrolados en su municipio y la situación del Parque de San Marcos.

Tampoco existe un inventario nacional sobre esos vertederos ilegales, sólo hay datos parciales y viejos. Un estudio del Institut d’Estudis de la Seguretat de 2001 calculó en 2.800 toneladas de materiales con amianto en lugares incontrolados de Cataluña.

Muchos trabajadores y empresas dedicados a la construcción abandonan esos desechos en lugares no autorizados. Así lo constata Daniel Gómez, jefe de obra y socio de Amisur. Añade que resulta caro llevar esa clase de residuos a vertederos homologados, lo que es una de las causas de esas prácticas ilícitas.

El amianto deteriorado nos afecta a todos

El desprendimiento de las fibras de amianto de esos materiales degradados que nos rodean por doquier implica riesgos para “numerosos colectivos de la población”, como indica la última resolución del Parlamento Europeo de 2021 al respecto, que recalca que “los efectos sobre la salud de la exposición ambiental se han infravalorado en gran medida”.

Ya no enferman sólo los trabajadores de fábricas de uralita o de astilleros, puede caer cualquiera. En la actualidad, comienza una tercera etapa en la que asoman las víctimas por la exposición y la ambiental. Esos enfermos, “aún muchos invisibles” ─relata Josep Tarrés─, son parte de “la epidemia ambiental” precedida “por el fin de la vida útil del amianto en las edificaciones”. Tarrès es neumólogo y especialista en la materia.

Esto sucede en España y en países de nuestro entorno. Helen Bone está enferma de mesotelioma a sus 40 años. “Me parece una gran justicia”, dice a la periodista Katharine Qarmby* en la cocina de su casa en Middlesbrough, noreste de Inglaterra.

“Estas son las cartas que me han tocado, ser diagnosticada con algo que fue traído a nuestro país y luego alojado en nuestros edificios. Entonces no se conocían sus peligros, pero debería haber habido un cambio en cuanto se supo», cuenta resignada.

Helen Bone fue enfermera hasta agosto de 2022, está casada y tiene tres hijas. Desde que le diagnosticaron la enfermedad hace un año, sabe que su vida no será larga porque el mesotelioma es un cáncer terminal. También sabe que estuvo expuesta al amianto durante su niñez en la escuela, y como paciente y enfermera en hospitales.

«Estoy muy abierta a hablar de la muerte y lo he hecho con Mark [su marido] y con las niñas”, relata Helen, quien ya ha escrito su testamento. “Si no me hubieran diagnosticado, seríamos una familia trabajadora corriente, que paga sus impuestos…”

Esta enfermera concluye con un pensamiento inquietante: «El colmo de este problema será para los hijos de nuestros hijos, ya que los edificios que contienen amianto se están deteriorando. No sabemos dónde está el riesgo y eso es una locura”.