La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, por presuntamente haberse hecho pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada ‘La Alamedilla».
En este juicio, que iniciará a las 10.00 horas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Asociación de Policía Municipal Unificada –que ejerce la acusación popular en la causa– piden para Gómez Iglesias la pena de seis años de prisión por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas.
El fiscal, además, pide inhabilitación especial para el sufragio pasivo y multa de 18.000 euros. La acusación popular de Podemos, por su parte, reclama 12 años de cárcel.
‘El Pequeño Nicolás’ se sentará en el banquillo por unos hechos que se remontan a octubre de 2014. Según el Ministerio Público, en aquel entonces Gómez Iglesias se puso en contacto con el empresario Javier Martínez de la Hidalga, que estaba interesado en vender la finca ‘La Alamedilla’.
En su escrito de acusación de 2018, la Fiscalía sostiene que ‘El Pequeño Nicolás’ se habría hecho pasar por un miembro del equipo de trabajo de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría y como miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así, mantuvo varias reuniones con el empresario en las que le persuadió del interés del Gobierno en ayudarle a vender la finca ubicada en Toledo a algún comprador extranjero.
Según el Ministerio Fiscal, Gómez Iglesias mencionó como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial y llegó a pedir 300.000 euros a Martínez de la Hidalga en concepto de intermediación en la venta del inmueble.
Durante las negociaciones, ‘El Pequeño Nicolás’ tuvo conocimiento de que la Agencia Tributaria había dictado una propuesta de liquidación de 5 millones de euros contra el empresario y la sociedad Petraxarquia. El fiscal del caso considera que Gómez Iglesias «con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico» se aprovechó de esta situación e ideó un plan para apoderarse de los activos financieros –más de medio millón de euros– de Martínez de la Hidalga y de su esposa.
El Ministerio Público subraya que el acusado, en su estrategia para hacer creer al empresario que actuaba en nombre del Gobierno, alquiló vehículos de alta gama de color negro y con conductor, y se hizo con un lanza destellos tipo policial para colocarlo en dichos vehículos.
Además, habría elaborado varios documentos oficiales «mendaces» de Presidencia del Gobierno de España, Casa Real y el CNI, entre otros, en los que figuran los escudos de España y de dichas instituciones, así como otros logotipos y anagramas propios de los documentos oficiales, todos ellos obtenidos en Internet.
De igual forma, el fiscal indica que ‘El Pequeño Nicolás’ publicó en su perfil de Facebook varias fotografías en las que aparecía con personalidades de la política y el mundo empresarial. Entre las imágenes destaca la recepción del Rey el día de la coronación, una foto con el expresidente del Gobierno José María Aznar en la Fundación FAES, otra con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y otras en las que se ve al acusado en reuniones y actos con empresarios.
Según el relato del Ministerio Público, Gómez Iglesias dijo a Martínez de la Hidalga que la Agencia Tributaría había decretado el embargo de sus cuentas y que para evitarlo debía colaborar con una supuesta investigación del Ejecutivo. Tras varias reuniones, y «ante la sospecha de que todo fuera una estafa», el empresario intentó retrasar la operación comercial. El dueño de ‘La Alamedilla’ llegó a entregar 25.000 euros a ‘El Pequeño Nicolás’, pero éste luego le devolvió el dinero.
En el momento de la detención, a Francisco Nicolás le fueron incautados un dossier de 49 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado «Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia. Comité para la planificación del Plan E-GG» y un dossier encuadernado de 44 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado «Informe planificación 31 de julio-Informe Casa Real-Dirección General de Patrimonio del Estado-Informe del Ministerio del interior y Ministerio de Industria, Energía y Turismo». Según la Fiscalía toda la documentación era falsa.
En el registro domiciliario, entre otros muchos efectos y documentos, se le incautó un rotativo policial de color azul, una placa emblema de la Policía Municipal de Madrid y una placa emblema de la Guardia Civil.
Gómez Iglesias, que permanece en libertad, fue condenado en junio de 2021 a un año y nueve meses de prisión como autor de un delito de falsedad en documento oficial por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012.
En julio de 2021, fue condenado a tres años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo, aunque se le ha apreciado una atenuante por «anomalía psíquica», por el viaje que hizo en agosto de 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real.
En 2018, por su parte, fue absuelto de los delitos de calumnias y de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados.
