El Parlamento Europeo votará este miércoles una directiva europea relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés) que aspira a crear unos objetivos vinculantes para todos los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a la cantidad de puntos de recarga eléctrica en las carreteras de cada país del bloque.
En concreto, prevé establecer una cobertura mínima de la infraestructura de recarga que fija en 60 kilómetros la distancia máxima entre estaciones en ambos sentidos de la carretera, además de que los puntos de recarga de acceso público destinados a vehículos ligeros tengan «suficiente potencia disponible».
Actualmente en España hay alrededor de 16.000 puntos de recarga eléctrica distribuidos a lo largo del territorio y se calcula que, en función de distintas proyecciones sobre la evolución de la implantación de este tipo de vehículos, para 2035 serían necesarias en torno a 613.000 estaciones eléctricas.
«La que se vota es una buena base para la negociación con el Consejo Europeo, que, como nos temíamos, tiene una postura demasiado tibia y que no va a ayudar de ninguna manera al desarrollo de la movilidad sostenible», ha destacado en declaraciones a Europa Press la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís.
En su redacción actual, la directiva también aspira a establecer un volumen de puntos de recarga «proporcional a la adopción de los vehículos eléctricos ligeros» en cada país.
Así, recoge que para cada vehículo eléctrico de batería ligero matriculado en un país miembro «se suministre una potencia disponible total de al menos un kilovatio (kW)» a través de estaciones de recarga de acceso público, mientras que para cada vehículo híbrido enchufable ligero se suministre una potencia disponible total de al menos 0,66 kW.
Es un paso en la dirección adecuada, pero no podemos obviar los retos que traerá la electrificación en la capacidad de la red, la inversión en gigafactorías que puedan competir con potencias extranjeras o la reducción en materias críticas», ha añadido Solís.
A más tardar el 31 de diciembre de 2025, cada grupo de recargadeberá ofrecer una potencia disponible de al menos 300 kW eincluir al menos una estación de recarga con una potenciadisponible individual de al menos 150 kW, recoge el texto que se votará este miércoles en el Parlamento Europeo.
Además, a finales de 2030 cada grupo de recarga deberá tener una potencia disponible de al menos 600 kW e incluir al menos dos estaciones con una potencia individual de un mínimo de 150 kW.
En cuanto a la cobertura de la red, la eurodiputada de ciudadanos ha asegurado no estar de acuerdo con las exenciones a las regiones ultraperifericas y ha opinado que no se pueden «crear territorios de primera y de segunda» y que es «precisamente en los territorios con una aplicación más complicada en los que es más importante que se mantengan los objetivos vinculantes», al igual que «en las zonas despobladas«.
En cuanto a los vehículos pesados, la cobertura de la red debe ser similar a la de los turismos, pero los objetivos de potencia instalada se aumentan.
«A más tardar el 31 de diciembre de 2025, cada grupo de recargadeberá ofrecer una potencia disponible de al menos 1.400 kW eincluir al menos una estación de recarga con una potenciadisponible individual de al menos 350 kW», detalla el texto, que amplía los objetivos para 2030 hasta los 3.500 kW y a dos estaciones de al menos 350 kW.
«Es muy positivo que se estén mandado señales claras para los vehículos pesados, pero teniendo en cuenta que los camiones eléctricos y de hidrogeno no están tan desarrollados como los coches. Más puntos de recarga accesibles para camiones con una potencia de carga alineada con los 45 minutos de descanso obligatorio y más presencia en centros logísticos», ha abogado Solís.
En cuanto al repostaje para los vehículos que funcionen con hidrógeno, los Estados miembro velarán por que, antes de 31 de diciembre de 2030, haya instalado en su territorio un número mínimo de estaciones de repostaje de hidrógeno de acceso público.
Así, antes del 31 de diciembre de 2030 debería haber implantadas estaciones de repostaje de hidrógeno de acceso público con una capacidad mínima de dos toneldas al día y equipadas con al menos un dispensador de 700 bares, situadas a una distancia máxima de 150 kilómetros entre ellas.
«Se suministrará hidrógeno líquido en estaciones de repostaje de acceso público situadas a una distancia máxima de 450 kilómetros entre ellas«, añade el texto.
Asimismo, en cada país de la UE, antes del 31 de diciembre de 2030, deberá haber al menos una estación de repostaje de hidrógeno de acceso público en cada nodo urbano.
«Se realizará un análisis de la mejor ubicación de dichas estaciones de repostaje, que tendrá en cuenta, en particular, su implantación en centros multimodales en los que puedan abastecer también a otros modos de transporte», agrega el documento que será votado este miércoles en el Parlamento Europeo.
