El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha defendido este martes que el trasladado de mayores a residencias privadas durante la primera parte de la pandemia por Covid-19 no se basó en «criterios fríos» como el número de plazas libres sino en base a variables técnico-sanitarias como número de contagios.
Según la ‘Cadena Ser’, entre abril y junio de 2020 el Gobierno de Ayuso derivó a 163 mayores a 15 residencias privadas procedentes de hospitales y de otros centros, una intervención que supuso el pago de una indemnización de 1.103.642,34 euros, mientras había plazas libres en las 25 residencias públicas que hay en la región y que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ‘número dos’ del Gobierno regional ha explicado que las plazas que no se ocupaban «no estaban disponibles» y, por tanto, no es que hubiera un número determinado de plazas libres.
En concreto, ha explicado que con la pandemia se suspendieron los nuevos ingresos, una medida derivada de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, muchos residentes se fueron con sus familiares durante algunas semanas y el AMAS aplicó desde abril de 2020 una reserva del 10% para permitir una mayor distancia, una «obsesión» que era «absolutamente necesaria» en aquel momento y que luego fueron «adoptadas posteriormente por las autoridades de toda España».
Por tanto, ha defendido, «los trasladados no obedecían al número frío de plazas disponibles sino criterios técnicos sanitarios en función del número de contagios estructura o zonas sectorizadas».
