La compañía de servicio de repartos a domicilio Glovo se ha quedado sin alternativas. Una sorpresiva inspección del Ministerio del Trabajo, que les ha valido la imposición de una multa de más de 79 millones de euros, los ha puesto contra las cuerdas.
Desde la compañía aclaran que la sanción impuesta por el Gobierno no tiene que ver con el incumplimiento de la Ley Rider, sino por las condiciones laborales que tenían sus afiliados, en la época anterior a la aprobación de ese texto legal que entró en vigencia en 2021.
Sin embargo, lo que sí es cierto es que a consecuencia de esta inspección, tendrán que asumir a por lo menos 10.600 trabajadores, a quienes deberán contratar y pagar los beneficios laborales correspondientes, tal como lo establece la ley que se aprobó en año pasado y cuyo propósito supuestamente era evitar la explotación laboral por parte de estas compañías.
En paralelo a esto, sigue el proceso que iniciará el juicio contra la compañía en noviembre, por lo que algunos repartidores han estado recibiendo citaciones para comparecer ante las autoridades, por la demanda interpuesta por la Tesorería de la Seguridad Social contra Glovo, por el impago de las cuotas de la Seguridad Social que no fueron pagadas a un grupo de por lo menos 600 repartidores que se sumaron a esta demanda.
No obstante, la realidad es que para los repartidores, el efecto de la ley ha sido adverso, pues el único cambio real en sus condiciones de trabajo ha sido el hecho de contar con un contrato, pero en relación con los ingresos, se han disminuido drásticamente.
Muchos de los repartidores aseguran que han visto mermados sus ingresos tras la entrada en vigencia de la ley y que han descendido muchísimo los índices de consumo en general en la ciudad, pues si bien en cierto que durante la pandemia las compañías de reparto fueron la solución para muchas personas que se encontraban confinadas, que todas las compras las hacían a través de estas plataformas, pero que cuando las cosas comenzaron a normalizarse, la cantidad de servicios disminuyó considerablemente.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que la multa contra la compañía de reparto fue por incumplir las condiciones laborales de los repartidores y por haber entorpecido la labor de la Inspección de Trabajo. Díaz dijo que el Gobierno está para hacer cumplir la ley, a pesar de que la multa impuesta no tiene nada que ver con la aplicación de la ley que fue creada para garantizar los derechos y las condiciones laborales de los riders en el país.
Mientras a Glovo se le viene el todo el peso del Ministerio del Trabajo, con la imposición de esta multa, otras compañías como Just Eat y Uber Eats están atentos a la situación, pues en el caso de Uber, desde hace un par de meses ha abierto una convocatoria, invitando a sus repartidores a trabajar nuevamente bajo la figura de autónomos, a pesar de que la ley se los prohíbe, pero los trabajadores continúan recibiendo mensajes a través de la plataforma donde se les invita a afiliarse.
Estas iniciativas son bien recibidas por parte de los repartidores, pues desde mucho antes de que se aprobara la ley protagonizaron varias movilizaciones en las cuales pedían al Gobierno que no aprobara la ley, porque ellos estaban conformes con continuar siendo autónomos y trabajar cada uno por su cuenta.
«Esa ley, lejos de favorecernos, nos ha perjudicado a todos, porque desde el principio era mejor que cada uno de los repartidores gestionara su tiempo, sus áreas y sus tarifas, pero cuando ya comenzaron a ponerle tantas normas, todo se fue desvirtuando y es por eso que ahora hay días y horas en las que los usuarios no consiguen repartidores, pero es por todo lo que le han hecho a la plataforma», expresó Yeison Alvarado, un repartidor venezolano que tiene tres años trabajando para las diferentes plataformas que existen en el país.
En Moncloa.com intentamos obtener información sobre la cantidad de repartidores que están afiliados a esta plataforma, pero desde su oficina de comunicaciones no respondieron a nuestra inquietud.
Ya en febrero de 2021 Glovo tuvo que pagar a la Seguridad Social un total de 21 millones de euros, correspondiente a las cuotas que no se habían pagado de los repartidores que trabajaban para la plataforma bajo la figura de falsos autónomos, pues para ese entonces las autoridades determinaron que la compañía no era una simple intermediaria entre el repartidor y los clientes, sino que también se encargaban de hacer funciones de coordinación para la prestación de servicios, por lo que esto los convertía en una suerte de empleadores.
A partir de allí fue que se comenzó a gestar todo el movimiento que desencadenó la creación de la Ley Rider, que hasta ahora no ha terminado de convencer a los trabajadores de estas plataformas, que solo piden a las autoridades que los dejen trabajar como autónomos y bajo las propias condiciones que ellos quieran.
