La ciudadana venezolana con nacionalidad española Ángela Expósito, señalada de haber participado en los atentados contra Nicolás Maduro, cometidos el 4 de agosto de 2018, pide al Gobierno de Pedro Sánchez interceder por su liberación, tras denunciar todas las irregularidades que hubo en el juicio donde fue sentenciada a 24 años de prisión, por la presunta comisión de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
En un documento manuscrito que llegó a la redacción de Moncloa.com, se cuentan algunos de los detalles de lo que fue un proceso de juicio amañado en el cual fueron sentenciadas 17 personas, por su presunta participación en los hechos. Ese día explotaron dos dones, cargados con explosivos muy cerca de la tarima presidencial, en medio de un acto militar donde resultaron heridas varias personas.
De acuerdo con el manuscrito recibido por este medio, el proceso de juicio que concluyó el 4 de agosto, estuvo viciado, con la participación del Ministerio Público, mediante la promoción de testigos falsos, alteración de pruebas, la violación a los derechos humanos y al debido proceso de Expósito y del resto de las personas que fueron procesadas por su presunta participación en el intento de magnicidio.
El texto hace referencia específicamente a tres teléfonos móviles que fueron hallados por los funcionarios policiales que participaron en la detención de Ángela Expósito, de los cuales uno no fue revisado, uno fue analizado y no tenía ningún elemento que la incriminara y el tercero cuyo análisis concluyó que no tenía ningún elemento que la inculpara.
Sin embargo, entre las pruebas que admitió la jueza chavista Hennit López Mesa, está un número de teléfono que ni siquiera aparece en el directorio telefónico de la mujer y que sería clave para implicarla por una llamada, por lo que según señala el manuscrito, «se trataría de afirmaciones falsas sin haber demostrado el delito».
Antes de que el juicio concluyera, miembros de la organización Foro Penal Venezolano ya se habían reunido en junio, en España, con Antonio García Roger, subdirector general de Países Andinos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para tratar el caso de Expósito y se habían comprometido a comunicarse con las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, pero al final no se realizó ninguna gestión y en medio de un juicio viciado la ciudadana española y las otras 17 personas fueron sentenciadas.
De manera extraoficial se supo que las autoridades españolas reconocieron estar prácticamente de manos atadas ante esta situación, pues en casos anteriores sí habían podido dialogar con el régimen de Maduro, pero en este caso, por tratarse de un supuesto intento de magnicidio, la situación se les habría complicado, por lo que no pudieron hacer nada por la ciudadana con nacionalidad española que fue sentenciada.
El texto enviado a esta redacción habla también de los vicios que hubo con la promoción de un testigo llevado al proceso por el Ministerio Público venezolano, que se trata de una persona que era completamente ajena al proceso y desconocido para los implicados, quien simplemente aseguró que Expósito había reconocido que había participado en los hechos que se ventilaban en el proceso.
El día que sentenciaron a Expósito, fueron también condenados Juan Carlos Monasterio, Argenis Valera, Emirlendris Benítez, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Pedro Zambrano, Brayan Oropeza, Alejandro Pérez Gámez, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, José Miguel Estrada, Yanin Pernia. Todas estas personas fueron sentenciados a 30 años por los delitos homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio intencional calificado en grado de frustración por motivos fútiles y lanzamientos de artefactos explosivos es espacios públicos, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
La dictadura venezolana también sentenció a 20 años de prisión a José Eloy Rivas, por el delito de financiamiento al terrorismo; Héctor Armando Hernández Da Costa, condenado a 16 años de prisión por el delito de conspiración con agravantes y Winder Anderson Vázquez, condenado a 5 años por el delito de encubrimiento.
La Fiscalía venezolana limitó sus acusaciones a las actas policiales que fueron hechas cuando fueron capturadas las personas presuntamente implicadas en el caso; sin embargo, a lo largo del proceso la defensa de los detenido logró determinar que había contradicciones e inconsistencias en los testimonios de esos funcionarios y en las actas de los procedimientos, al punto que hubo funcionarios que no reconocían ni siquiera su propia firma en los documentos y que había firmas de funcionarios que no habían participado en las detenciones.
Entre las irregularidades que dejaron pasar en el proceso contra Expósito y los demás detenidos, está el hecho de que no había ninguna orden de allanamiento ni de detención. Para el momento en que se conoció la sentencia, el abogado Gonzalo Himiob contó a Moncloa.com que contra esta mujer “lo único que existe es un video que le obligaron a grabar mientras estaba detenida en el que además destaca que no tenía conocimiento de que otras personas estuvieran involucradas en la comisión de ningún delito”.
La venezolana con nacionalidad española es conocida por ser líder de una ong dedicada a rescatar animales, y en especial a las mascotas de los presos políticos venezolanos, además, tal como lo dice el manuscrito que llegó a Moncloa.com, era docente, investigadora en el campo de la biología y estudiante de Derecho. Es por ello que abogan por que las autoridades españolas gestionen su liberación, mediante la intercepción del Gobierno de Pedro Sánchez.
