Pedro Sánchez no quiere que se hable de la crisis de Gobierno; para el presidente, carece de todo valor la información que se ha filtrado de lo que podría pasar en La Moncloa después del verano y que anuncian los posibles cambios que habrá dentro del Ejecutivo, por lo que decidió enfilar toda su artillería contra los medios de comunicación a quienes señaló de no informar sino de intoxicar.
Sánchez y sus aliados abonan el terreno para darle paso a lo que será la política de Gobierno a partir de ahora, de arremeter contra los medios de comunicación y contra los periodistas que hagan filtraciones de informaciones que sean consideradas relevantes para el Ejecutivo.
Detrás de toda esta estrategia está el contenido de las letras pequeñas del proyecto de ley se Secretos de Oficiales y su principal promotor, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien pretende convertirse en el «Rasputín» de la libertad de expresión en España.
Bolaños es el funcionario que ha impulsado el anteproyecto de ley que contempla la imposición de multas de hasta tres millones de euros para cualquier particular o empresa que difunda información clasificada y todo quedará a discreción del Gobierno. La única manera de librarse será recurriendo ante los tribunales, pero a fin de cuentas ¿quién se atreverá a contradecirlos?
Las palabras de Sánchez han retumbado entre los periodistas, pues se atrevió a acusar de tóxicos a quienes se encargan de difundir informaciones. «Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay una crisis de Gobierno y se traslade una imagen de que este no es un Gobierno estable. Este es un Gobierno estable, que va a durar hasta el final de la legislatura (…) Una cosa es informar y otra cosa es intoxicar, y las intoxicaciones, desde luego, no tienen nada que ver con lo que pienso y cómo vamos a actuar en este semestre», dijo el presidente en sus declaraciones desde La Palma.
Sin embargo, hay que recordar que la estrategia del Gobierno fue justamente aprovechar el bajón informativo propio del verano español para aprobar este anteproyecto, de la mano de Bolaños, con el que busca «blindar» los secretos del Estado hasta por 50 años, prorrogables por 15 años más, siempre y cuando desde el Gobierno no lo considere necesario.
Desde el mismo momento en que se hizo la presentación del anteproyecto, quedó en evidencia que el poder estará concentrado en las manos de Félix Bolaños, a través de la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada que dependerá directamente del Ministerio de la Presidencia.
El texto señala que podrán ser sancionados quienes difundan documentos que se encuentren dentro de tres de las cuatro categorías en las cuales se clasificarán ahora los secretos del Estado que son: alto secreto, secreto, confidencial y restringido y la advertencia va contra los medios de comunicación y las investigaciones periodísticas, directamente.
La cuantía de la multa dependerá de si la falta es considerada grave, muy grave o leve, por ejemplo, las multas de entre uno y tres millones serán para quienes difundan información clasificada en las categorías de alto secreto o secreto, a la que hayan tenido acceso de manera oficial o en caso fortuito.
Las nuevas competencias que tendrá Bolaños, de acara a la aprobación de este texto legal, dejan disminuido todo el poder de la ministra de Defensa Margarita Robles, que es justamente una de las fichas que más suena para salir del Ejecutivo ante una eventual crisis de Gobierno.
El detalle está en las implicaciones que estas medidas que pretende implementar desde el Ejecutivo amenacen directamente a la libertad de expresión y de información, mediante la imposición de multas, o en el peor de los casos fomenten la censura, pese a toda la jurisprudencia que existe en el país, que a lo largo de los años ha ido siempre en favor de defender la libertad de información.
El día de la presentación del anteproyecto Bolaños pretendió venderla como una iniciativa que buscaba ajustarse a las legislaciones que hay en otros países europeos, que rigen los secretos de Estado, pero obviamente el ministro de la Presidencia obvió por completo hablar de estas penas que pretenden imponer para mantener a salvo todo lo que ellos consideren que se deben mantener en silencio.
Será competencia del Consejo de Ministros la labor de clasificar documentos como secretos y altos secretos, mientras que la competencia para clasificarlos como restringidos o confidenciales será de una serie de autoridades que quedarán establecidos en la ley.
Bolaños está afinando los detalles de este anteproyecto de ley que esperan que vea la luz para cuando llegue el otoño. Pese a que el funcionario obvió hablar de las multas que podrían ser impuestas a quienes filtren informaciones relacionadas con los secretos del Estado, uno de los argumentos que «vendió» es que esta ley está ajustada a legislaciones similares que ya están aprobadas en países de la región.
