El conflicto que ha habido con el canje de las licencias de conducir de los venezolanos en España ha provocado que muchos de los que ya habían sido beneficiados con la residencia por razones humanitarias, la pierdan al momento de intentar hacer la renovación, a consecuencia de la inacción de las autoridades venezolanas, que no cooperaron con las españolas para tratar de solucionar la situación.
Quienes han resultado afectados son personas que fueron identificadas por las autoridades españolas y judicializadas por supuestamente haber falsificado sus permisos de conducir venezolanos, en especial a todos los que les han hecho una reseña policial, que le genera antecedentes, que es el elemento de peso que está tomando en cuenta la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior, al momento de renovar las residencias humanitarias.
Así lo explicó el abogado Enmanuel Casillas del despacho ES Legal, quien aseguró que son cientos los venezolanos que se han visto afectados por esta situación, pues al momento de intentar renovar su residencia, la Oficina de Asilo y Refugio, que es la encargada de gestionarlas, el hecho de que les aparezca el antecedente policial, impulsa a las autoridades a negarles la renovación.
«Es un proceso injusto con estas personas, porque en la mayoría de los casos, esos expedientes son archivados, pero si les queda el antecedente policial, entonces ahí ya se las niegan. Otro factor importante es que si la persona es beneficiaria de la residencia por razones humanitarias es porque tuvo que huir de Venezuela y llegó a España a solicitar protección internacional, lo que supone que esas condiciones de protección deberían privar sobre el tema de los antecedentes policiales por presunta falsedad documental, a la hora de cancelarles la residencia», dijo el letrado.
Toda esta situación sobrevenida con los carnets de conducir de los venezolanos es consecuencia de la incompetencia de las autoridades venezolanas, en especial del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, que es el organismo encargado de tramitar los permisos de conducir en el país caribeño. La corrupción y la crisis institucional que hay en Venezuela ocasionó que en la actualidad haya hasta cinco tipos de carnets de conducir avalados por las autoridades venezolanas, pero que no cumplen con las características mínimas de seguridad para ser reconocidos en España, lo que ocasionó que comenzaran a señalar a los residentes del país suramericano de falsedad documental.
Según el abogado de ES Legal, lo más grave de lo que está ocurriendo con los venezolanos a quienes se les cancela la residencia por razones humanitarias es que al final del proceso, la Oficina de Asilo y Refugio no da respuesta a los recursos interpuestos para tratar de revertir la decisión, por lo que se agotan los plazos y por lo tanto no hay solución posible ante estas cancelaciones, más allá que la opción de tener que cambiar el estatus por las figuras del arraigo, que contempla la ley de migraciones.
«Por lo general, la oficina de Extranjería sí responde a los recursos; se lleva su tiempo, pero al final responden. Esta negativa de la Oficina de Asilo y Refugio te afecta en cualquier punto del proceso, porque al final, simplemente te dicen que no te renuevan la residencia y listo, no hay una manera de recurrir a esa decisión, aunque luego un juzgado determine que la persona es inocente o que su caso por la licencia de conducir sea archivado, que es lo que ha pasado en la mayoría de los casos», explicó el jurista.
Recientemente el diputado venezolano en el exilio, Franco Casella, planteó ante la Asamblea Nacional legítima, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, la opción de elaborar un documento que sirva para que los venezolanos en el exterior puedan demostrar ante los países a los que han tenido que emigrar, la situación que ocurre no solo con las licencias de conducir, sino con los documentos de identidad, pues es una situación que está afectando a los 6.7 millones de venezolanos que han tenido que huir de la dictadura de Nicolás Maduro.
Casella destacó que la responsabilidad de lo que ocurre con los documentos de identidad no puede recaer sobre las personas, que son más bien afectadas por la incompetencia de las instituciones venezolanas, que producto de la corrupción, emiten cualquier tipo de documento, sin los requisitos de seguridad mínimos que se ajusten a los estándares internacionales.
Por su parte, el embajador de Venezuela en España, Antonio Ecarri también solicitó a las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores una reunión en la cual fueron plateados varios de los problemas que aquejan a la comunidad venezolana en el país, entre ellos el tema de las licencias de conducir y la repuesta del organismo fue que derivarían cada uno de los temas a los despachos correspondientes para que puedan dar seguimiento a lo que planteó el representante diplomático del gobierno del presidente interino Juan Guaidó.
