Un grupo de colectivos y ONG’s dedicadas a la atención de personas migrantes en la Comunidad de Madrid se plantó frente a la Consejería de Sanidad de la comunidad de Madrid, para denunciar la situación de discriminación de la que están siendo víctimas los extranjeros que se encuentran en situación irregular en el país y que están siendo discriminados en los centros de salud, donde se les niegan los tratamientos.
Las organizaciones hicieron énfasis en un grupo de personas que son pacientes VIH, a quienes no les están otorgando los tratamientos antirretrovirales que necesitan para controlar la enfermedad, por no estar empadronados o no tener su situación administrativa resuelta y denunciaron que las promesas de tener una salud universal se ha quedado en las puras palabras y promesas de campaña.
El reclamo surge a raíz de la aplicación de una normativa que aprobó la Comunidad de Madrid en noviembre de 2021, en la cual se establece que para poder recibir atención médica en los organismos públicos, las personas deben estar empadronadas en la capital y deben tener algún documento que indique cuál es su situación migratoria.
«Esto es un acto discriminatorio, porque se trata de personas que viven en la calle o en refugios, o que en los lugares donde viven no les permiten empadronarse, porque son inmigrantes que llegan a España huyendo de sus países, en busca de apoyo y atención», explicó Reyes Velayos, miembro de la organización Apoyo Positivo.
De acuerdo con los denunciantes, desde la oficina de Enrique Ruíz Escudero crearon siete unidades tramitadoras de atención, que son los únicos lugares a los cuales pueden acudir los migrantes para recibir el Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DAES), pero para ellos, deben estar empadronados durante al menos 90 días, si quieren recibir atención sanitaria y posteriormente entrar en las listas de espera del organismo, para que los atiendan.
«Queremos recordar a la Comunidad de Madrid su deber de cumplir con lo establecido en los artículos 14, 15 y 43 de la Constitución Española en su Título I ‘De los derechos y deberes fundamentales’: igualdad, derecho a la vida y derecho a la protección de la salud, siendo deber de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios», señalaron las organizaciones que se manifestaron este viernes.
Gerjo Pérez, miembro de la organización Acción Triángulo, advirtió que durante los últimos seis meses han atendido a más de mil personas a quienes se les está negando la atención médica gratuita en el sistema de salud público de la Comunidad de Madrid, debido a los cambios que hubo a raíz de la normativa publicada en noviembre.
«La comunidad de Madrid no está tomando en cuenta que estas personas llegan a España y que están a la espera de poder solicitar asilo, ante un sistema que no está funcionado y que mientras esto sucede están sin tratamiento. El 80% de las personas que atendemos son migrantes latinos, de los cuales por lo menos el 20% son venezolanos, que necesitan atención médica y en Madrid se la están negando», expresó Pérez.
Los manifestantes exigen a las autoridades de la Comunidad de Madrid garantizar el derecho a la atención médica y al suministro de los tratamientos que requieren, sin que se les exija el requisito del empadronamiento o el requisito de tener regularizada su situación migratoria, cuando las autoridades no están garantizando que este trámite se pueda realizar de manera rápida.
«En la organización tenemos un caso de una chica etíope, que es una víctima de trata de blancas; su pasaporte se venció y para obtener uno nuevo debe ir hasta París, porque en Madrid no hay consulado de Etiopía y necesita su tratamiento, pero en los hospitales no se lo quieren dar», relató Pérez.
Las organizaciones señalaron que de no recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades de la Comunidad de Madrid, se mantendrán en la calle, manifestando, hasta que les den una solución, pues señalan los riesgos que corren estas personas que son pacientes VIH que al no recibir tratamiento representan una situación de riesgo para ellos.
De acuerdo con las cifras que manejan en las organizaciones, Madrid es la Comunidad con la mayor cantidad de casos de VIH, que representan casi el 25% de los nuevos diagnósticos de todo el país y que está entre las cinco primeras regiones europeas con mayor cantidad de casos, pero que a pesar de estos datos, la Comunidad de Madrid les está negando la posibilidad de gestionar sus historias clínicas desde los hospitales y los centros de salud.
«Esta será la primera de muchas manifestaciones que tendremos que hacer hasta que podamos tener una solución. ¿Cómo pretenden pedirles a estas personas que estén empadronadas si muchas de ellas viven en situación de calle? en la organización podemos ayudar a algunos a conseguir las medicinas, pero no a todo», señaló el activista en una conversación con Moncloa.com.