La defensa hizo todo lo posible, pero al final las autoridades del Gobierno español entregarán en extradición a la dictadura de Nicolás Maduro a Ernesto Luis Quintero, el preso venezolano por quien abogó hasta el Partido Popular ante el Congreso de los diputados y cuyas súplicas no fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo.
Quintero está solicitado en Venezuela por su presunta participación en un caso de estafa cometido a través de la compañía ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa. Los delitos que le imputan en Venezuela son estafa, apropiación de fondos o valores y legitimación de capitales, pues según el Ministerio Público de ese país lo asocian con una red que supuestamente vendió títulos de valores de sus clientes a una empresa del mismo grupo económico con sede en las Islas Vírgenes Británicas, sin la autorización de estas personas.
Se dice que en este caso estarían supuestamente implicados militares venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro, por lo que han alegado en España que el de Quintero es un caso político y que entregarlo a la dictadura venezolana significaría una nueva medalla para Nicolás Maduro.
La extradición se llevará a cabo en un vuelo de la aerolínea Plus Ultra, la misma que rescató el Gobierno de Pedro Sánchez y a pesar de que quedó pendiente un pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros, pues la defensa se lo solicitó así a principio de junio, tras la moción aprobada en el Congreso de los Diputados, donde se aprobó, por decisión unánime, que se le concediera el asilo político a Quintero, que le ha sido negado en dos oportunidades.
Quintero estuvo detenido en el centro penitenciario de Soto del Real desde febrero de 2021, cuando comenzó a tomar forma su proceso de extradición, pero no fue sino hasta mayo de este año que las autoridades venezolanas comenzaron a gestionar el trámite ante las autoridades españolas, con la intención de trasladarlo hasta Venezuela y seguramente al estado Zulia, al occidente del país, donde está radicada la investigación del caso en el que se le menciona y donde están algunas de las cárceles más peligrosas del país suramericano.
La decisión del Congreso de los diputados en relación con el asilo para Quintero no era jurídicamente vinculante, pero para el momento en que esta decisión salió a la luz pública, la defensa del detenido señaló que al final el Congreso es la representación de todos los españoles.
Sobre esta causa también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo en España, advirtiendo, de la misma manera el trasfondo político de la solicitud de extradición de Ernesto Quintero, quien vivía en España junto a su esposa y su hija, menor de edad, quienes ahora se quedan completamente solas en el país. Ambas fueron beneficiadas con una residencia por razones humanitarias.
En febrero de este año había llegado a España una comisión de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia con la intención de concretar el traslado del detenido a Venezuela, pero en esa oportunidad Quintero dio positivo para Covid-19, por lo que no se puedo concretar la extradición.
Esta orden de extradición estaba vigente desde 2018 cuando se emitió una alerta roja de Interpol. Quintero había llegado a territorio español en noviembre de ese año, pero no fue sino hasta octubre de 2020 que la Sala de lo Penal – Sección 4 de la Audiencia Nacional accedió a que se ejecutara la extradición y que posteriormente fuera ratificado por el Gobierno de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros de enero de 2021 que se le dio luz verde a la posibilidad de que fuera entregado a las autoridades venezolanas. Desde entonces la defensa ha ejercido todos los recursos necesarios ante las instancias judiciales del país, hasta que la semana pasada ya les notificaron que se formalizaría la entrega.
El mismo día que el Consejo de Ministros ratificó la decisión, en enero de 2021 el venezolano fue capturado por las autoridades españolas y desde ese entonces esperaba en prisión que se efectuara la extradición. Ya desde antes, en enero de 2019 le habían negado la primera solicitud de asilo político, con el alegato de que su caso no existen motivaciones políticas para la solicitud de extradición.
Mientras Ernesto Quintero estuvo detenido fue su esposa, Cismary Marcano Quintero quien dio la batalla para logar al menos que no se llevara a cabo la extradición. En conversación con Moncloa, anteriormente habría dicho que entregar a su esposo a las autoridades venezolanas sería una sentencia de muerte y en una oportunidad protagonizó una manifestación a las puertas del Congreso de los Diputados, donde se encadenó para presionar a las autoridades españolas.
La defensa de Quintero intentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para tratar de evitar que se frenara la entrega a Venezuela, pues temen que tras su llegada al país caribeño sea sometido a torturas y tratos crueles, por todas las denuncias que ha hecho ante las instancias españolas.
