Los funcionarios de prisiones españoles ya no hallan qué hacer para que el ministro Fernando Grande – Marlaska atienda (antes de que lo saquen del Gobierno), sus denuncias sobre la situación de inseguridad y vulnerabilidad a la que se enfrentan cada día en el cumplimiento de su labor, pues llevan mucho tiempo ya advirtiendo que se han ido incrementando las agresiones, sin que ninguna autoridad del Ministerio del Interior haga absolutamente nada, al punto que han llegado a documentar que cada 26 horas ocurre una agresión grave en algunos de los 68 centros penitenciarios que hay en el país.
El ataque más reciente tuvo lugar este fin de semana en el Centro Penitenciario Murcia II, cuando un interno yihadista le ha cortado el cuello y un dedo a un funcionario de prisiones, con una lata. De manera extraoficial se conoció que este recluso estaba bajo un programa de seguimiento especial y que ya tenía antecedentes por haber agredido a otros funcionarios con anterioridad.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) informaron que otros dos de sus compañeros habían sido atacados por este mismo recluso, cuando intentaron ingresar al área donde ocurrieron los hechos, pues el interno pateó en la cara a uno de los uniformados, antes de que lo pudiesen controlar y trasladarlo al área de aislamiento den Centro Penitenciario Murcia II.
Ya con anterioridad los funcionarios habían denunciado ante el Ministerio del Interior que temían por ser considerados objetivos de los yihadistas dentro de las prisiones, pero nunca recibieron respuesta por parte del organismo.
Para los funcionarios, el problema más grave es la falta de personal y la pérdida de autoridad que tienen ante los reclusos, que saben que sus acciones contra los encargados de custodiarlos y atenderlos dentro de las prisiones no tienen consecuencias penales, por lo están siempre expuestos a situaciones de riesgo y violencia por parte de los reos, por lo que exigen al despacho dirigido por Grande – Marlaska que se aumente el número de funcionarios por cada prisión, así como piden además mejoras generales en sus condiciones de trabajo.
En mayo del año pasado los funcionarios de la Guardia Civil detuvieron en el mismo centro penitenciario de Murcia II a un interno, que se encontraba como preso preventivo por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, señalado de llevar a cabo actividades radicales de adoctrinamiento. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Guardia Civil, para ese momento, se pudo determinar que las actuaciones de este recluso no se trataban de hechos aislados, sino que obedecían a una estrategia planificada para captar seguidores dentro de la prisión.
Los funcionarios de prisiones llevan muchos años denunciando todas las irregularidades que ocurren en los centros penitenciarios del país, entre otras razones, porque denuncian que las cárceles españolas se han convertido en depósitos de personas, con diversas patologías psiquiátricas, sin que se les aplique ningún tipo de tratamiento que ayude a controlar las situaciones irregulares que se presentan.
«Las agresiones contra el personal penitenciario son una pandemia que no se ha querido
abordar por parte de los diferentes Gobiernos. La consecuencia inmediata son daños físicos y
psicológicos de los servidores públicos agredidos«, señalaban los funcionarios de la AFPF a través de un comunicado difundido, en el cual detallaban que era necesario reducir la conflictividad dentro de las prisiones, pues según la data que ellos se han encargado de recolectar en todas las prisiones del país, más allá de las agresiones físicas, se producen cuatro incidentes regimentales graves cada hora.
Los registros difundidos por los funcionarios de prisiones dan cuenta de que durante los primeros cinco meses del 2022 ocurrieron por lo menos 59 agresiones de internos a funcionarios. Esto sin incluir las tentativas de agresiones y las constantes faltas de respeto por parte de los reclusos a quienes deberían ser la autoridad dentro de las cárceles.
«La violencia en prisión es un problema fundamental para todos los sistemas penitenciarios
ya que compromete los derechos humanos, la seguridad pública, la vida de los internos, así
como de los propios funcionarios, y puede incrementar la reincidencia delictiva», expresaron los funcionarios en un comunicado.
De acuerdo con los reportes, la tasa de encarcelamiento en España es de 120 reclusos por casa 100 mil habitantes y el tiempo de permanencia medio de un reo dentro del sistema es de 3 años y 7 meses aproximadamente, mientras que los delitos por los que la mayoría llegan a las prisiones españolas son aquellos contra el patrimonio económico, pero que aunque en menor medida, también hay muchos internos que llegan a las cárceles por haber cometido delitos violentos, lo que complica la situación dentro de los penales.
En esta oportunidad, como en todas las que queda comprometida la integridad de los funcionarios de prisiones, el colectivo busca llamar a atención de las autoridades, a fin de que se revisen las condiciones de seguridad en las que deben desempeñar sus funciones, así como las consecuencias que estos actos deberían tener, en el caso de los internos que los agreden.
