Al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, se le terminan las excusas para tratar de quedar fuera de las investigaciones que tratan de dilucidar sus «vínculos» con la PDVSA chavista. Recientemente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por válidas las pruebas presentadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y zanja así el berrinche del ex diplomático que pretendió poner en foco de las pesquisas en el origen de las prueban y no en el contenido.
A Morodo le está pasando factura haber sido el embajador del «imperio chavista» durante el gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pues pese a su avanzada edad, las autoridades españolas seguirán investigándolo por el presunto cobro de comisiones millonarias que presuntamente habría cobrado el ex embajador a la estatal petrolera venezolana.
Ya anteriormente el juez Alejandro Abascal había rechazado la idea de abrir una investigación aparte del expediente principal para indagar sobre el origen y la manera en que se obtuvieron las pruebas que dieron paso a que se investigara a Morodo y su familia.
El ex embajador, famoso por su estrecho vínculo con el difunto dictador venezolano, Hugo Chávez, ha hecho todo lo posible por desviar la atención sobre el presunto cobro de al menos 4.5 millones de euros provenientes de dudosos negocios con PDVSA, alegando que los documento presentados por la UDEF fueron obtenidos sin el debido control judicial, mientras que los magistrados de la Audiencia Nacional señalaron los documentos provienen de la El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es un organismo absolutamente fiable.
Al final, la justicia española tiene varios flancos abiertos en distintas instancias judiciales, por investigaciones en las que se menciona directa o indirectamente a la estatal petrolera venezolana, envuelta en múltiples escándalos y saqueada por varias vías, y el origen de muchos de los fondos que han sido blanqueados dentro del sistema financiero español, por empresarios, políticos y ex funcionarios del régimen chavista, que han hecho de España el enclave para ideal para su «retiro».
En el caso de Morodo, sus estrechos vínculos con el chavismo y las sospechosas irregularidades en el presunto cobro de comisiones provenientes de PDVSA, han terminado salpicados su esposa María Cristina Cañeque de Sola, y a su hijo Alejo Morodo, quien fue detenido en 2019. A toda esta familia la investigan por presunto lavado de dinero, corrupción en transacciones comerciales internacionales y falsedad documental, de acuerdo con las autoridades judiciales españolas.
A estas alturas el trabajo de investigación desarrollado por la policía quedo completamente respaldado por las instancias judiciales. y el único que sigue en la mira es el ex embajador Raúl Morodo, señalado de haber hecho el presunto cobro de comisiones durante su misión en Venezuela.
Lo que Morodo no acepta es que, tras las declaraciones del ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela durante la dictadura de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, que también es procesado por a justicia española, y la revisión a su domicilio, se hayan tomado en cuenta unos documentos que presuntamente provenían de la estatal petrolera venezolana, donde aparece el nombre del ex embajador.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, Villalobos habría declarado, en calidad de testigo, y señalado que los documentos a los que hacía referencia Morodo habían sido supuestamente facilitados por el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillan, a cambio de que algunos ex funcionarios del chavismo, de los que escogieron España para vivir y tratar de borrar su pasado corrupto, cooperaran con las investigaciones desarrolladas en el país.
Con estas ultimas actuaciones de la Audiencia Nacional se podría estar acercando a su final el proceso que iniciaron las autoridades locales contra el clan Morodo desde 2019, por lo que podría pasar muy poco tiempo antes de que el ex diplomático y representante de España en Venezuela durante la era Zapatero, sea condenado por los delitos que se le atribuyen.
En la mira también queda su esposa, María Cristina Cañeque, tras la solicitud de las autoridades de ampliar las pesquisas e investigar el patrimonio de esta persona, pues los investigadores determinaron que la sociedad MS Trading SL, de la cual ella era la propietaria, había recibido recursos provenientes de Petróleos de Venezuela, a través de Alejo Morodo, quien fue detenido en 2019, junto a otras tres personas, por esta trama corrupta, y dejado en libertad condicional, con prohibición de salida del país y sin pago de fianza.
Para el momento en que se inició la investigación, el hijo del ex embajador fue señalado de utilizar su despacho de abogados, Aequitas Abogados y Consultores Asociados. S. L para supuestamente efectuar las operaciones de blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera venezolana.
Para los efectos de las leyes españolas, de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, Morodo quizá no pisará una cárcel, debido a su edad, pero posiblemente pasará a la historia como uno más de los que, sus estrechos vínculos con el chavimos, lo llevó a convertirse en un delincuente de marca mayor.
