¿Quién dijo que hacer una tesis doctoral es sinónimo de años de esfuerzo, noches de insomnio y quebraderos de cabeza en los laberintos de la bibliografía? En los últimos tiempos, han proliferado en España numerosas agencias y particulares que se ofrecen a redactar tesis doctorales y otros trabajos académicos como trabajos fin de máster (TFM) y trabajos fin de grado (TFG) por el módico precio de 3.500 euros o incluso menos. Esta práctica es susceptible de constituirse en un presunto delito de falsificación de documento público, un fenómeno que las universidades españolas son incapaces de detectar.
Julio Andrés Luján, residente en la periferia de Buenos Aires, es uno de esos autores conocidos comúnmente como negros o ‘ghostwriters’ que elaboran trabajos para doctorandos de universidades españolas, estadounidenses y latinoamericanas. Ofrece sus servicios en Milanuncios, donde se presenta simplemente como Julio. Luján no terminó la educación secundaria, ni tiene título universitario alguno, pero lleva en este negocio unos diez años. Defiende haber realizado alrededor de 20 tesis doctorales por encargo para clientes españoles a «un precio muy módico», de entre 8 y 10 euros la página.
«En el caso de España recuerdo un trabajo sobre inmunología que era bastante técnico, pero me gustó y lo hice», explica a modo de anécdota. Luján reconoce sin rodeos que su trabajo consiste en retomar trabajos ajenos y reciclarlos para ofrecérselos a sus clientes. Este proceder fue detectado por uno de ellos en una ocasión, sin que llegara a desembocar en sanciones por parte de la universidad de turno, según cuenta. En un mundo marcado por el secretismo y la discreción, Luján se niega a facilitar el título de ninguno de los trabajos realizados. «No puedo hacerlo por razones de confidencialidad», enfatiza. «A mi cliente podrían hundirlo».
Luján asegura que le tiene pillado el truco a los programas antiplagio, ya que estos no detectan fragmentos traducidos de obras escritas en idiomas muy alejados del español. Una ventaja para Luján, quien relata que estudió música en San Petersburgo, por lo que lee y habla fluidamente el ruso. En ese sentido reconoce haber reciclado trabajos de revistas especializadas rusas para ofrecerle ese mismo contenido a sus clientes, quienes defendieron sus tesis doctorales en español.
«Estoy haciendo dos trabajos en este momento para clientes de España, uno de ellos es una tesis doctoral sobre educación física. Tengo muchos clientes que me vienen del ámbito de la educación física y que no son muy duchos en la escritura», asegura Luján.
Se trata de un razonamiento que confirman otros escritores fantasma, un neologismo que convive con el término ‘negro’. «Muchas veces la gente acude a nosotros porque tiene problemas para escribir», explica Claudia Jiménez (nombre ficticio), antropóloga y antigua alumna de la Universidad Complutense de Madrid que prefiere ocultar su identidad.
Durante cuatro años, Jiménez utilizó sus conocimientos para mejorar y redactar trabajos académicos de otros alumnos. Gracias a ello, pudo pagarse sus gastos durante su época como estudiante. Pagar la universidad, obtener un sobresueldo o la existencia de presiones del entorno académico son algunas de las razones que esbozan los negros para justificar su participación en ese negocio.
«Me gustaba y se me daba bien», explica Jiménez. Puso punto final a su aventura como ‘ghostwriter’ académica cuando uno de los encargos que no firmó con su nombre comenzó a recibir cierto reconocimiento. «Me dolió porque puse mucho de mí en aquel trabajo. Además, la persona que se llevó el mérito no fue capaz de desarrollar a posteriori las ideas recogidas en el trabajo que le hice».
Un negocio lleno de eufemismos
El universo de los trabajos académicos por encargo tiene su propia jerga. «Ayuda» es el eufemismo que utilizan las agencias y los demandantes de estos servicios para hablar de selección de bibliografía y su lectura, el diseño de la metodología e incluso de la propia redacción del texto. «Ayuda» fue lo que Antonio Morales (nombre ficticio) aportó a su tutorizada, una diplomática latinoamericana, para elaborar el grueso de su TFM. En aquel momento, Morales era docente en un máster impartido por el Instituto de Derecho Público, creado en 2005 por iniciativa de la Universidad Rey Juan Carlos y disuelto en 2019, tras el conocido y mediático ‘caso Cifuentes’.
La petición no fue directa ni rápida. Según relata el verdadero autor del TFM, primero tuvo lugar una sutil insinuación por parte del director del máster. Después vino la cena en un restaurante caro con la aspirante a recibir el título superior y, por último, se le entregó un billete de 500 euros en un sobre. No demasiado, aunque lo suficiente como para pagar el alquiler. “Sabía lo que estaba pasando, pero a la vez no era consciente del todo. Era muy joven e ingenuo entonces”, asume. “Me sentí un poco prostituido, la verdad”.
Morales sospecha que ser agasajado era parte del pacto de silencio que implícitamente habían firmado. «A ella le interesaba tenerme contento, evidentemente». Aquella experiencia le decepcionó tanto que terminó por alejarse del mundo académico. «Borré de mi currículum todo lo relacionado con aquella época y seguí mi camino», recuerda.
Pero los ‘ghostwriters’ no sólo «ayudan» en la realización propiamente dicha de los trabajos, sino que también «solucionan» los problemas que aparecen a lo largo del proceso de construcción de un trabajo académico. Así, por ejemplo, la agencia Ayuda Universitaria ofrece a sus clientes la preparación de la defensa del TFM o tesis doctoral, incluidos un PowerPoint y una lista de posibles preguntas por parte del tribunal. Todo ello bajo eufemismos del tipo «proyectos de formación» o «trabajos tutorizados».
Ayuda Universitaria asegura que funcionan como una academia universitaria y que como tal sus servicios son lícitos. «Nosotros no vendemos trabajos ni lo recomendamos«, aunque «ya sabemos que la gran mayoría de competidores sí», responden por escrito.
La confidencialidad como bandera
Para los que encargan trabajos académicos a terceros, el mayor riesgo que se genera en los intercambios entre particulares es la reclamación de la autoría de la obra por parte del escritor original. Al calor de este temor han proliferado numerosas agencias especializadas que burocratizan y despersonalizan estos servicios. Basta con teclear «escribe mi tesis» en Google para que aparezca un largo listado de ellas. Con nombres intuitivos como TUTFG, Aprueba Todo o Ayuda Universitaria estas sociedades atraen a alumnos de universidades con tarifas baratas y promesas de aprobado seguro y confidencialidad.
Según ha podido constatar el equipo de investigación del Grupo Merca2, las agencias que ofrecen estos servicios tienen un mecanismo bien rodado. En sus portales web, un formulario permite al demandante indicar el tema de la tesis o cualquier otro trabajo académico, la especialidad, el número de páginas y la fecha de entrega. En unas horas, recibe un email que incluye un presupuesto personalizado.
La confidencialidad es clave a la hora de asegurar la correcta marcha del negocio. Por esa razón, estas agencias aplican una política por la que el doctorando desconoce la identidad del verdadero autor de la tesis y viceversa. Al solicitante del servicio se le identifica con un número de pedido y, a menudo, sólo hay una entrevista cara a cara entre ambos por videollamada. El trabajo se realiza por entregas y durante todo el proceso se evita dejar constancia escrita del verdadero tenor de la relación entre alumno y agencia.
Algunas de ellas, como TUTFG, garantizan la confidencialidad por medio de una gestoría que hace las veces de mediadora entre el solicitante, la empresa y el profesional que realmente realiza el trabajo. Según explican a quien llama por teléfono, muchos de sus profesionales son profesores de universidad y, como parte de la política de privacidad, no se dan datos acerca de la institución académica en la que se presenta y defiende el trabajo.
La agencia también ofrece un informe gratuito de verificación de originalidad mediante la aplicación del programa antiplagio Turnitin, muy empleado en las universidades españolas, y tiene una metodología según la cual son los escritores fantasmas los que eligen qué trabajos desarrollan en base a su propio criterio y competencias.
Otra agencia que ofrece estos servicios es Aprueba Todo. Sus representantes garantizan hacerse cargo de la redacción propiamente dicha de la tesis. La agencia afirma que trabaja sólo con profesores doctorados y presume de llevar ocho años en el negocio realizando trabajos de calidad y originales. Las comunicaciones entre el doctorando y el verdadero autor de la tesis se hacen por medio de Basecamp, una aplicación de comunicación interna que permite a ambas partes intercambiar documentos y archivos entre ambas partes.
Pero para acceder a una primera entrevista con el profesor, el solicitante debe abonar el 50% del presupuesto ofrecido, por Paypal o con tarjeta de crédito. En el caso de Aprueba Todo, informan de sobrecostes en caso de revisiones exhaustivas y avisan de que no se aplica Turnitin, salvo que la universidad para la que se hace la tesis lo pida expresamente. La confidencialidad se avala identificando al solicitante con un número de pedido y no con su nombre y apellidos. La discreción prima en todo el proceso.
Más prudente se muestra la agencia Ayuda Universitaria, que prepara la base del texto de la tesis, pero sugiere al solicitante reformularlo con sus propias palabras. Esta agencia sí considera una práctica ilícita comprar un trabajo y defenderlo tal cual en una institución académica. Por ello, hacen hincapié en que requieren de una interlocución continua con el alumno que contrata los servicios. La agencia dispone de un plantel de profesionales disponibles de lunes a viernes, mañana y tarde, que habitualmente trabajan como profesores universitarios en centros privados.
TUTFG declinó contestar a las preguntas de los reporteros, mientras que Aprueba Todo no respondió a los múltiples mensajes enviados.
Implicaciones legales de las tesis por encargo
Este negocio podría vulnerar el requisito de originalidad exigido en toda tesis doctoral, regulado por el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones legales de este negocio? La dificultad estriba en demostrar que el trabajo académico presentado por un alumno no es de su autoría. En el lenguaje legal, la ‘probatio’ es «diabólica», como apuntan varios especialistas consultados por el equipo de investigación de Merca2, como Octavio Pérez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga y coordinador de un programa de doctorado en dicha institución. Ni ellos ni las universidades consultadas tienen constancia de que se haya destapado o judicializado nunca un fraude académico de este tipo.
En el caso de que el tribunal dé su visto bueno a una tesis doctoral a sabiendas de que ha sido escrita por un tercero, sus miembros podrían incurrir en un delito de falsificación de documento público. Así se desprende del artículo 390 del Código Penal, que prevé penas de prisión de tres a seis años para la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad «suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho».
Aun así, que «un tribunal de tesis tenga conocimiento del origen ilícito de la misma es complicado», advierte Fernando Carbajo, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. El experto explica que para aplicarse este artículo debe darse «una interpretación muy amplia» del mismo. Sólo en el caso de que se consiguiera probar la contratación de un tercero para la redacción del trabajo académico y el conocimiento de este hecho por parte del tribunal «podría cometerse un fraude por los miembros del tribunal que tuvieran conocimiento e, incluso, por el director de la tesis».
¿Y qué pasa con el doctorando que encarga su trabajo a un tercero? El artículo 392 del Código Penal, a su vez, prevé penas de prisión de seis meses a tres años para «el particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas» en el artículo 390.
Los juristas están divididos en cuanto al cariz penal en el caso de los que defienden trabajados académicos escritos por ‘ghostwriters’, pues no todos tienen claro que una tesis o un TFM sea un documento público.
«El fin de encargar una tesis a un tercero es incluir ese documento en el procedimiento administrativo de obtención del grado de doctor. En este caso hablaríamos de un delito de falsedad en documento oficial. Sería un caso clarísimo», afirma Octavio Pérez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga y coordinador de un programa de doctorado.
Sin embargo, otros juristas discrepan. «Yo no creo que una tesis tenga la calificación de documento público porque no es un documento elevado a la categoría de público por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, como sí sucede, por ejemplo, con un acta notarial. argumenta Javier Serrano, abogado del bufete madrileño Bamboo Legal, especializado en propiedad industrial. De modo que para este jurista ese comportamiento irregular tiene poco encaje en el delito de falsedad en documento público.
Ambos expertos descartan la comisión de un delito contra la propiedad intelectual, que implica las nociones de dolo y enriquecimiento a costa del verdadero autor de la obra. «Dado que el verdadero autor de la tesis, es decir, el que la redacta por encargo del doctorando, habría autorizado la explotación de la obra para esa finalidad, a mi juicio no concurren los elementos del tipo penal para poder hablar de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 a 272 del Código Penal)», explica Javier Serrano.
Más allá de las posibles consecuencias penales, estas prácticas pueden acarrear responsabilidades civiles o académicas para los estudiantes. En su artículo 11, la Ley de Convivencia Universitaria, en vigor desde el pasado febrero, contempla precisamente entre las «faltas muy graves» cometer fraude académico en la elaboración del TFG, el TFM o la tesis doctoral. Se entiende como fraude académico «cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico». Para estos casos, las sanciones previstas en la ley son la expulsión de entre dos meses y tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta, además de la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre académico.
Por otro lado, «la persona que redacta una tesis doctoral por encargo y está de acuerdo en atribuir su autoría al doctorando estaría renunciando de forma ilegal a su derecho a la paternidad, es decir, a su derecho a ser reconocido como autor de la obra», argumenta el abogado especializado Javier Serrano.
«Este derecho, recogido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996), es irrenunciable. Es decir, el pacto entre el doctorando y el autor por el que éste atribuye la autoría de la tesis al doctorando es nulo de pleno derecho. El verdadero autor podría, hipotéticamente, demandar al doctorado ante los juzgados competentes en defensa de su derecho como verdadero autor, sin que el pacto de renuncia que firmaron sea válido en ningún caso», explica Serrano.
Las universidades no actúan
Las escasas universidades que accedieron a responder explícitamente a la pregunta dijeron ser conocedoras de la existencia de este fenómeno, aunque todas ellas niegan haber detectado algún caso de este tipo en su centro. Fueron consultadas 17. Su capacidad para detectar estos fraudes académicos es mínima, más allá de que cada una presuma de protocolos y códigos de buenas prácticas.
«En el Rectorado de la UPV/EHU no tenemos constancia alguna de ningún caso de tesis elaboradas por encargo», afirma la Universidad del País Vasco. En cuanto a la calificación jurídico-penal, puntualizan, «no somos quiénes para definirla: correspondería a los tribunales». Y al igual que otros centros, se remiten al «compromiso ético» propio que debe suscribir el alumnado al matricularse.
«Estamos al tanto de la copia clásica, es decir, de los estudiantes que para hacer un trabajo de investigación o cualquier trabajo durante el curso copian textos y lo plasman en lo suyo», señala Laura López, vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO). Añade: «Pero también sabemos de ese tipo de prácticas, digamos fraudulentas, en las que se contrata a una persona que hace el trabajo por ellos. Eso está a la orden del día y por desgracia conocemos que existe y que es posible». Por ello, asegura que al hilo de la nueva Ley de Convivencia Universitaria están actualizando el reglamento de la Universidad para incluir el supuesto de los escritores fantasma.
«En general, estas prácticas son difíciles de detectar», afirma la vicerrectora. Explica que en la UPO, una universidad pública, todo se fía a la prevención -mediante una enseñanza reforzada de las técnicas de investigación- y a la capacidad de observación del tutor de tesis en cada ocasión que se reúne con el alumno para hacer el seguimiento cada dos o tres meses.
Para Jordi Hernández, comisionado del Rector para las TIC en la Universidad Autónoma de Barcelona, este factor humano es, precisamente, el punto ciego del sistema. “En España, hasta la fecha, la obtención fraudulenta de titulaciones tiene otros mecanismos, basados en la actividad ilegítima del evaluador o de miembros de la estructura académica”. Según Hernández, estos servicios son desempeñados por «profesores precarios» que por apenas mil euros realizan «trabajos inéditos y de calidad para ser firmados por el alumno que no tiene tiempo, quiere acelerar o simplemente obtener su titulación en el mínimo tiempo posible y con el máximo de prestigio».
La Conferencia de Rectores (CRUE) tampoco es mucho más precisa, aunque un portavoz destaca que «cada vez que se detecta un anuncio de este tipo se traslada al Ministerio Fiscal, que normalmente devuelve la denuncia porque para que pueda seguir adelante habría que identificar a un estudiante cometiendo esa infracción».
Más allá de las tesis, y a modo de contexto, Octavio Pérez, de la Universidad de Málaga, apunta al factor presión en los centros como factor instigador de este tipo de atajos. «Se coloca mucha presión sobre los investigadores, tienes que publicar mucho y de calidad, y a veces no es compatible, porque a uno no se le ocurren buenas cosas todos los días. Y en esa presión surgen expertos en cometer todo tipo de tropelías. Nos fijamos en las tesis doctorales, pero el problema es mucho más profundo».
El ‘ghostwriter’ argentino Julio Andrés Luján tiene claro por qué existe su negocio y por qué hay algunas personas sin escrúpulos que pueden listar en su CV un título de máster o un doctorado: «Para que exista este mercado, que es bastante amplio, tiene que haber un sistema educativo que falle. El alumno no hace el trabajo y el profesor menos aún. La institución educativa debería hacer algo, pero no mueve un dedo”.
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