La aerolínea Plus Ultra ha solicitado más tiempo al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, de para presentar su declaración como imputados, que debía hacerse este miércoles 15 de junio, ante la jueza Esperanza Collazos.
La audiencia fue suspendida media hora antes de lo previsto, después que Collazos notificara a las 9:30 am a la representación de la procuraduría que estaba suspendida la declaración, a propósito del escrito que la representación legal de la aerolínea hizo llegar al juzgado.
La aerolínea, que fue imputada como persona jurídica, por el rescate de 53 millones de euros que recibió por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a manera de rescate financiero, pues el Gobierno de Pedro Sánchez consideró que la compañía aérea es una «empresa estratégica».
La imputación de Plus Ultra fue anunciada a principios de este mes, por lo que se esperaba que el representante legal de la empresa acudiera este miércoles ante la jueza Collazos para responder las preguntas sobre el destino de los 53 millones de euros concedidos por la SEPI tras la pandemia ocasionada por la Covid19.
La justicia española investiga si la aerolínea cometió los delitos de malversación y prevaricación tras recibir el rescate de los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que se hizo a través de la SEPI.
En los predios de Plaza Castilla trascendió que la suspensión de la audiencia fue por decisión de la jueza Collazos, quien ahora tendrá que hacer una exhaustiva revisión del documento que consignó la defensa de la aerolínea investigada, para determinar cuándo sería la próxima cita en la que la empresa tendrá que responder a las preguntas que haga el juzgado, la procuraduría y los representantes legales de las partes que forman parte de la querella, en este caso VOX, el Partido Popular y el colectivo Manos Limpias.
En días pasados, cuando la compañía aérea Plus Ultra se enteró de la imputación, emitió un comunicado en el cual agradecían a las autoridades españolas el hecho de que les permitieran defenderse, pues según ellos, iban a declarar este día.
La compañía aérea está representada legalmente por el abogado Juan Ibáñez de la Cruz, del bufete Andersen. Este medio de comunicación intentó establecer comunicación con el abogado, pero las preguntas no fueron respondidas y la agencia de comunicación que lleva la prensa de los imputados tampoco emitió ninguna información relacionada con la suspensión de la audiencia ni con el contenido del documento que presentaron ante el juzgado.
Los detalles a explicar
Toda la controversia que ha surgido en torno a la aprobación de los fondos de rescate que se le dieron a Plus Ultra están relacionados con el funcionamiento de la compañía, que en un momento se llegó a decir que estaba al borde del cierre, justo cuando se aprobaron los recursos del Estado español.
En el comunicado que hizo llegar la compañía a este medio, decían que todo este escándalo les había afectado la reputación y un daño comercial «injustificado». En ese texto la compañía se defendía ante la imputación, pero por ninguna parte hacía mención de cuál sería el planteamiento que pretendían defender ante la jueza Collazos.
Uno de los aspectos que será clave es la respuesta que tenga que dar Plus Ultra ante el juzgado será justamente todo lo aportado por los peritos que participaron anteriormente en el careo que se hizo, porque mientras los que asesoraron a la SEPI señalaban que era absolutamente normal que parte de los recursos que recibió la línea aérea hubiesen ido a parar a la estatal venezolana PDVSA, bajo el alegato de que los pagos del combustible no se habían podido hacer antes, a consecuencia de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela, mientras que los peritos independientes tomados en consideración por el juzgado advirtieron como sospechoso el hecho de que la aerolínea hubiese priorizado el pago a PDVSA, cuando dentro de sus finanzas tenía cosas más importantes que atender.
Al final, habrá que esperar que el juzgado cite nuevamente a la compañía aérea para ver si entonces trasciende cuáles serán los argumentos que utilice la defensa para librarse de este escándalo legal, pues ya es mucho lo que se ha escrito sobre las presuntas irregularidades bajo las que supuestamente opera esta compañía, que van desde supuestos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, que ha sido negado por Plus Ultra, hasta el hecho de que estaban insolventes en 2019, justo en el momento en el que el Gobierno español decidió dar el rescate, por lo que se llegó a decir que no cumplían con los supuestos para recibir la ayuda financiera.
