Expertas en violencia vicaria, aquella que los hombres ejercen sobre las mujeres a través de sus hijos, han advertido de que esta situación se produce «porque las instituciones lo permiten» y, como ejemplo, han puesto la aplicación del «falso Síndrome de Alienación Parental» (ASAP) por parte de operadores públicos.
Así lo han hecho durante un encuentro sobre esta materia celebrado en Mérida y que ha tenido lugar en la misma semana en la que el Congreso ha dado luz verde a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’, en cuyo texto se reconoce la violencia vicaria como violencia contra la mujer.
Su reunión también ha coincidido con el indulto parcial que el Gobierno ha concedido a la expresidenta de la organización Infancia Libre, María Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo durante cuatro años. La custodia del menor la tenía el padre a quien Sevilla había denunciado por abusar sexualmente del niño, algo que no fue probado por el juzgado, que archivó la causa.
«La violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten» ha alertado la psicóloga clínica experta en violencia de género encargada de la ponencia marco, Sonia Vaccaro, quien se ha referido a la aplicación del ASAP por parte de la Justicia o de los Servicios Sociales.
Para las expertas, el principal problema no radica en la falta o en la inadecuación de las normas vigentes, sino en «el hecho de su aplicación». En concreto, consideran que «los cambios legislativos tardan mucho en aplicarse o directamente no son aplicados».
UN REGISTRO UNIFICADO DE CASOS DE MALTRATO
En este sentido, se ha hablado durante la jornada del caso ocurrido en abril en Sueca (Valencia), en donde un padre asesinó a su hijo de 11 años durante el régimen de visitas del que gozaba, a pesar de que estaba condenado por maltrato contra la madre.
Con este antecedente, las expertas proponen crear un registro unificado sobre casos de maltrato y violencia sexual intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, y diseñar un plan de formación especializada y obligatoria en violencia de género que contemple un seguimiento de la aplicación por parte de las personas que reciban las diferentes formaciones.
Según han explicado durante la jornada, las víctimas y las plataformas de apoyo han solicitado «de forma reiterada» la creación de una comisión de investigación en España, al más alto nivel del Estado, que esté integrada por profesionales y expertos independientes en la materia.
UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Del mismo modo, se han tratado las medidas tomadas en Francia recientemente en este tema, como la creación de la Comisión Independiente sobre Incesto y Abuso SexualInfantil (CIIVISE).
A juicio de las expertas, un organismo de este tipo sería «fundamental para conocer la verdadera dimensión del problema en España». «La falta de datos reales sobre los procedimientos de guardia y custodia que terminan en arrancamientos de las criaturas de las madres y el análisis de los casos en los que se aplica el SAP en informes psicosociales y en procedimientos judiciales es una de las necesidades a las que hay que dar respuesta urgente y que las víctimas reclaman desde hace tiempo y de manera urgente», han advertido.
«Sólo con datos fiables y contando con un diagnóstico veraz se podrán diseñar las estrategias adecuadas para acabar con estas violencias y hacer justicia para las víctimas», ha apuntado Ana María González Lupión, una de las organizadoras del rncuentro e integrante de la Asociación ‘Mujeres Libres Mujeres en Paz’.
