El sistema de asignación de citas para la solicitud de protección internacional -asilo- está completamente controlado por mafias de informáticos que, mediante el uso de bots lo controlan para vender los cupos a los inmigrantes que llegan al país y procuran regularizar su situación para obtener documentos de identificación en España.
De acuerdo con lo que comentan en los grupos de venezolanos que se han visto afectados por esta situación, el cupo suelen venderlo entre 50 y 120 euros, solo para la primera cita, que es donde el inmigrante manifiesta su voluntad de solicitar la protección internacional ante la policía; todo varía del «experto» y su dosis de «generosidad, pero si el interesado quiere que la cita sea en una comisaría específica, la cita puede llegar a costar hasta 400 euros, sin que al final haya ninguna garantía de que la persona que paga obtendrá la cita.
Eso fue lo que le pasó a Alejandra González; ella es colombiana y llegó a España hace tres meses, junto a su hija de seis años, huyendo por un caso de violencia doméstica. Ella es una de las víctimas de los estafadores que ofrecen, a través de redes sociales, las citas para la solicitud de asilo. «Yo pagué 80 euros a unas personas que me dijeron que trabajaban en un bufete de abogados. Me dijeron que depositara el dinero a través de un cajero automático y el día que acudí a la cita, un funcionario de la policía revisó en las listas y no aparecían mis datos y ahí fue que me di cuenta de que me habían estafado», relató la víctimas.
Estas mafias se promocionan entre estos conglomerados como la salvación ante la inoperancia del Ministerio del Interior que limitan el número de citas diarias y se ufanan de que la policía no les hará nada, porque dicen que no hacen nada ilegal, pero también ofrecen citas para otros organismos como la Dirección General de Tráfico, para gestionar el canje de la licencia de conducir. A algunos, efectivamente, les consiguen las citas, pero a muchos otros solo los estafan.
Evidentemente, consiguieron una oportunidad de negocio que les genera importantes ingresos, a través de un vacío informático del ministerio y actúan con total impunidad, porque hasta los momentos ninguna autoridad española ha hecho nada al respecto, a pesar de que están al tanto de lo que sucede.
El abogado Jaume Durá, representante de la oficina de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la Comunidad de Valencia advirtió que desde el Ministerio del Interior admiten que el problema de la falta de citas para la solicitud de Protección Internacional se debe a que existen piratas informáticos que mediante la utilización de bots colapsan el sistema de asignación de citas para negociarlas con los interesados.
«El Ministerio es conocedor de la situación, pero no nos vale que sepan lo que pasa; lo que necesitamos son soluciones, porque están violando un derecho universal que es el que tienen estas personas a solicitar protección internacional y si no pueden controlar el sistema informático para que las personas puedan obtener sus citas, que entonces vuelvan a sus colas de toda la vida, pero que hagan que funcione», expresó el abogado a través de una conversación telefónica con este medio.
El jurista advirtió que el problema es en toda España, solo que en Valencia se ha hecho más evidente a raíz de la pérdida de los 4.000 correos electrónicos con los datos de personas que ya habían logrado acceder al sistema para iniciar sus trámites.
«Lo más grave es que, estas personas que no han podido tener acceso al sistema de citas, es que están en situación irregular en el país y en caso de que la policía los pare en la calle, los pueden multar o decretar su expulsión y los pueden devolver a sus países de origen», explicó Durá.
Al final, estas mafias manejan estos grupos de inmigrantes a su total antojo y hasta los exponen en público cuando no les pagan. En varias capturas de pantalla del móvil que han hecho algunas de las víctimas se ven comentarios como «a llorar a la llorería» o frases retadoras incitando a los miembros del grupo a acudir a la policía a denunciarlos, porque se saben totalmente impunes.
Lo cierto es que estos hechos constituyen actos punibles y son sancionados por el Código Penal español con prisión, tal como lo explicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, socio del bufete Cremades & Calvo – Sotelo, quien señaló que el hecho sería más grave aún en el caso de que estos expertos informáticos vulneren los servidores del Ministerio del Interior para captar el sistema de citas, sumado a la estafa que supone afectar el normal funcionamiento del sistema a través del cual se otorgan las citas.
«Habría que analizar si la instalación de estos bots implica una maniobra o alteración de sistema y si se trata de un acceso al sistema no consentido por parte del Estado, porque ahí la situación sería más grave, pero lo que sí es cierto es que ellos están recibiendo un beneficio económico, valiéndose de una maniobra engañosa para captar las citas y venderlas», explicó Gutiérrez a Moncloa.com.
