El sistema de solicitud de protección internacional -asilo- en la Comunidad de Valencia ha colapsado. Un plan de digitalización mal hecho que mantiene en un limbo migratorio a más de 7.000 personas que han llegado este año a esta región de España y que debido a que desde el Ministerio del Interior se mantienen bloqueadas las citas en la delegación policial, los afectados no consiguen el mecanismo para regularizar su situación en el país, pues solo hay una delegación de la Policía Nacional para atender a los migrantes.
Estas personas afectadas por la situación están convocando a una concentración frente a la Delegación de Gobierno en la ciudad de Valencia para el próximo jueves 26, donde tienen pensado consignar un documento para solicitar que sus casos sean atendidos lo antes posible, pues al no poder estar de manera regular en España, muchos corren el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, y la mayoría serían venezolanos que han salido huyendo del país suramericano, debido a la grave situación política y económica ocasionado por la dictadura de Nicolás Maduro.
Todo el desastre comenzó cuando a principios de 2022 se filtró la información en los medios locales de que una falla electrónica en el sistema del correo que se utilizaban para iniciar el trámite de solicitud de protección internacional había perdido los datos de por lo menos 4.000 personas que ya habían iniciado el procedimiento. Esta información se conoció porque algunos bufetes de abogados recibieron un correo que decía que todos aquellos trámites que se habían iniciado después del 28 de enero se habían perdido y que debían consignar nuevamente los documentos que habían enviado antes, para que cada caso se reiniciara.
El correo al que anteriormente debían escribir las personas que querían solicitar protección internacional era: valencia.proteccioninternacional3@policia.es, que inicialmente había sido habilitado para agilizar este trámite y digitalizarlo, a raíz de la situación vivida en España con la Civid19, pero después de la falla técnica que ocasionó la pérdida de al menos 4.000 expedientes, las autoridades valencianas descentralizaron el trámite a una página web cuyo dominio era sede.administraciónpublica.gob.es y cuyo dominio cambió el pasado 9 de mayo por icp.administracionelectronica.gob.es, que atiende a todos los migrantes en todas las Comunidades.
El problema es que, en el día a día, no hay manera de conseguir, por los canales regulares una cita para formalizar la solicitud de protección internacional. En los grupos de WhatsApp y de Telegram de comunidades venezolanas que están en Valencia aseguran que son asignadas entre 14 y 20 citas semanales, y que solo se pueden conseguir a través de la contratación de gestores, bufetes de abogados y técnicos informáticos, que utilizan bots para captarlas en el momento en que son liberadas por parte de las autoridades.
Estas citas, que en teoría deberían ser gratuitas, suelen tener un costo de entre 50 y 120 euros, de acuerdo con el gestor o el abogado que la consiga. De hecho, quienes están organizando la concentración frente a la Delegación de Gobierno, tienen registrados casos de personas que han sido estafadas, que después de hacer el pago, el día que acudían a la supuesta cita, se encontraban con la noticia de que no había ninguna a su nombre y que habían sido engañadas.
Los afectados denuncian que hay provincias, como Madrid, donde los tiempos de espera son más breves, pero que con el pasar de los meses, después que se normalizaron los vuelos internacionales, es cada vez más complejo obtener una cita para iniciar el proceso de solicitud de protección internacional, pero en líneas generales hay todo un colapso en el sistema, que impide que se sepa, con certeza, cuál es la cifra exacta de personas que han solicitado asilo en lo que va de año, porque solo está totalizado el número de trámites de personas que ya han podido acceder al sistema de citas.
Al final, es una falla completa de un sistema que depende absolutamente del Ministerio del Interior, que a través de la Oficina de Asilo y Refugio dilata los procesos, sin tomar en cuenta que estas personas, al llegar al país, buscan regularizar su situación lo antes posible, para poder incorporarse al sistema laboral que les permita rehacer sus vidas, pero con los retrasos que actualmente presenta el sistema, muchos de ellos no podrán comenzar a trabajar de manera legal hasta dentro de un año o más.
Quienes están organizando la concentración solo piden a las autoridades valencianas que habiliten más puntos para la atención de los migrantes y al Ministerio del Interior que agilice el proceso de asignación de citas, para que les puedan entregar la hoja de resguardo que les autoriza a trabajar, después de los seis meses de recibirla y que les asigna el Número de Identificación Extranjera (NIE), que les permite hacer trámites tan básicos como abrir cuentas bancarias.
