La sabiduría popular dice que quien hace el juego, hace la trampa y esto fue justamente lo que hicieron el venezolano Leonardo Montbrun y el español Alex Sicart (preso en Venezuela desde agosto de 2021), junto al también español Daniel Paloma con la aplicación móvil Shasta, que nació para cubrir la necesidad de los venezolanos de poder enviar y recibir divisas, como alternativa al control de cambio que implementó Hugo Chávez en ese país desde 2003.
El detalle está en que, en la teoría, la aplicación era una gran solución, pero en la práctica, se convirtió en una herramienta que se valió de los vacíos legales de Venezuela y España para convertirse en la vía de escape de fondos de funcionarios del régimen chavista, de dudosa procedencia, desde el país suramericano, al sistema bancario europeo, y en el medio quedaron también un grupo de víctimas que fueron estafadas, cuya única responsabilidad era querer enviar o recibir remesas a sus familiares. Se dice que serían más de 100 los funcionarios y empresarios que utilizaron el app y entre los nombres más destacados aparece el de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo de Venezuela.
La cuantía de la estafa no se sabe con precisión, porque así como hay víctimas que denunciaron, hay otro grupo de «empresarios» venezolanos y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que supuestamente aprovecharon la movida para sacar fondos, cuyo origen no tenían que justificar, para introducirlo en el sistema financiero europeo sin que las alarmas saltaran.
De acuerdo con datos obtenidos de manera extraoficial, por parte de la oficina de Interpol en Venezuela, una de las víctimas es una mujer de nombre Vivian, quien supuestamente habría pagado 450.000 dólares a Montbrun para la creación de un software. El ahora prófugo de la justicia no solo no cumplió con el trabajo para el cual había sido contratado y recibido el pago, sino que supuestamente invirtió esos recursos en el desarrollo de Shasta y expresó a la víctima que no le entregaría ni el dinero ni el software desarrollado.
En Venezuela, el funcionamiento del app fue autorizado en apenas un mes por la Superintendencia del Sector Bancario (Sudeban) en junio de 2020, lo que evidentemente denota lo bien conectados que estaban en el país, porque por los canales regulares un trámite como ese usualmente puede tomar años. Un año y un mes después de su lanzamiento (en julio de 2021), la misma institución del régimen de Nicolás Maduro que los autorizó para que operaran realizó una inspección a la sede de la compañía Shasta Technologies S.L ubicada en Caracas, la capital venezolana e impusieron unas medidas administrativas que obligaron a la compañía a cesar operaciones en ese país. Un mes después fue que detuvieron a Sicart en la capital venezolana.
En Venezuela funcionaba en alianza con el Banco Nacional de Crédito, donde había 26 cuentas bancarias disponibles para mover los fondos, de las cuales 11 estaban a nombre de Shasta, 7 estaban a nombre de Leonardo Montbrun y 8 estaban a nombre de Alex Sicart.
Montbrun y Sicart registraron la compañía en España con el nombre de Shasta Technologies SL, en marzo de 2019. El registro solo aparece a nombre de Sicart a quine designaron como el administrador único de la empresa cuyo capital fue de 103.000 euros.
¿Cómo funcionaba?
El dinero era depositado en la cuentas del BNC, bien sea en las oficinas del banco o a través de la cuenta que se asociaba a través del app. Este dinero salía a través Easy Payment Finance S.L para que gestionara el ingreso de dinero a cuentas de bancos españoles.
Los usuarios de Shasta también podían hacer depósitos en efectivo en las sedes del BNC o en la sede de la empresa, en Bello Monte y disponer de esos recursos en pocos minutos en cuentas en dólares o en euros que tuvieran fuera de Venezuela. para ello no era necesario que tuvieran una cuenta en el banco que servía de intermediario, ni directamente el app. Los usuarios de la aplicación gozaban de la posibilidad de contratar una suerte de membresías que en el mejor de los casos les permitía mover hasta 100.000 euros anuales, tras pagar una mínima comisión, en un país donde el salario mínimo es de apenas 25 euros mensuales y donde hay un control de cambio desde hace casi dos décadas.
Esta opacidad en las operaciones, donde los usuarios no tenían que justificar el origen de los fondos que depositaban, evidentemente dieron pie para que algunos funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro movieran desde Venezuela y hacia Europa grandes cantidades de dinero sin tener que dar ningún tipo de explicación y que era blanqueado a través de un mecanismo que parecía, de cara al público, ser totalmente transparente y lícito.
De momento, las autoridades españolas presumen que Montbrun podría estar oculto en Venezuela, pero desde el país caribeño señalan que no creen que sea así, porque a más de un funcionario le quitaron el botín antes de desaparecer.
