Autoridades españolas del Ministerio del Interior evalúan la información que les fue enviada desde la embajada de España en Whashington, relacionada con la presunta responsabilidad que tendría Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, en el forjamiento de expedientes contra al menos 23 casos de juicios que se hicieron en su país contra presos y perseguidos políticos.
El documento, que fue consignado ante la embajada de España en Washington por el comisario venezolano Iván Somonovis, uno de los ex presos político del chavismo, ya fue remitido a las autoridades del Ministerio del Interior que se encargan de procesar la solicitud de asilo que Ortega Díaz presentó el pasado 13 de octubre de 2021, tras haber estado durante cuatro años en Colombia, supuestamente huyendo del régimen de Nicolás Maduro.
En este documento se recoge el testimonio de por lo menos 23 casos emblemáticos de persecución política en Venezuela y quien encabezó la iniciativa para hacer el envío de los documentos a España esta el comisario Iván Simonovis, ex preso político condenado a 30 años de prisión por los homicidios ocurridos en Venezuela el 11 de abril de 2002 en medio de unas protestas opositoras que sacaron a Chávez del poder por un par de días. Simonovis logró escapar de la prisión domiciliaria y desde 2019 está en Estados Unidos.
Entre los casos que se mencionan en el documento, aparecen algunos muy reconocidos por la opinión pública en el mundo entero, como el líder político venezolano Leopoldo López, que actualmente está exiliado en España, o como el de la ex jueza María Lourden Afiuni, quien estuvo encarcelada desde 2009 por órdenes expresa de Hugo Chávez. Tanto en estos, como en otros de los que se mencionan en el documento, se señala a Ortega Díaz de participar directamente en el forjamiento de los expedientes, por su conexión directa con el chavismo y cuyo modus operandi consistía en celebrar reuniones clandestinas en la Vicepresidencia de la República donde armaban los expedientes para procesar penalmente a figuras de la oposición.
La ex fiscal venezolana, que fue designada para su cargo en 2007 por la Asamblea Nacional y fue destituida en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente elegida por el chavismo, llegó a Madrid para solicitar protección después de haber recibido en Colombia la condición de refugiada, que le permitía residir legalmente en ese país suramericano. Para el momento en que presentó esa solicitud alegó que era víctima de persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro, que la sacaron de un plumazo de su cargo de fiscal por supuestamente haber cometido «actos inmorales», cuando la realidad es que Ortega Díaz fue una pieza clave dentro del chavismo, desde la época en que de desempeñaba como fiscal nacional en el estado Aragua, al centro de Venezuela.
Ortega Díaz, en su pose de chavista arrepentida, cuando salió de Venezuela, denunció que se había producido un quiebre del orden constitucional y acusó a las fuerzas militares de allanar la sede de la Fiscalía General de la República. Después que cambió radicalmente su posición con respecto al régimen de Nicolás Maduro, de cara a la opinión pública, tras 10 años al frente del Ministerio Público venezolano, intentó sumar simpatías dentro de la oposición venezolana declarando públicamente su respaldo al exdiputado Juan Guaidó, que fue nombrado presidente interino de Venezuela en 2019. En Colombia contaba con protección de las autoridades de ese país, a quienes omitió informar que salía del país con intenciones de no regresar, por el contrario, fuentes cercanas a ella confirmaron que para el momento en que avisó que debía realizar un viaje, dijo que era con retorno.
Tras llegar a España y solicitar el asilo, aseguró que lo hizo motivada por el supuesto riesgo que corría en Colombia, debido a la permeabilidad de la frontera con Venezuela y el alcance de poder que tiene el régimen de Nicolás Maduro. En España está representada por el bufete de abogados de Ismael Oliver, quien también representó por un tiempo a Adrián Velásquez, ex guardaespaldas del dictador venezolano Hugo Chávez cuando estuvo en el poder, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por supuestamente haber participado en una trama de blanqueo de capitales junto a su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, ex enfermera del fallecido dictador venezolano.
Cuando llegó a Colombia, para argumentar su solicitud de refugio, la ex fiscal venezolana debió demostrar que supuestamente corría peligro a su integridad física, psicológica y a sus bienes en el país de origen, en este caso, Venezuela y al final, la medida de protección especial que recibió la calificó como una «perseguida del régimen venezolano».
Ella huyó junto a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, quien también aparece mencionado en los documentos que consignaron ante las autoridades españolas para argumentar por qué en el Ministerio del Interior deberían pensárselo dos veces antes de otorgar asilo político a este par de chavistas «arrepentidos», que ahora viven a cuerpo de rey en España, aprovechando la campante impunidad que hay en Venezuela, donde por los momentos no pueden ser investigados.
