El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado la «vergüenza» y «bochorno» que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, continúe sin dimitir ante la presunta estafa al Consistorio por el contrato de la compra de mascarillas en plena pandemia.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa con motivo de la declaración, en calidad de imputados, de Luis Medina y Alberto Luceño ante el juez Adolfo Carretero por el supuesto cobro de comisiones por valor de 6 millones gracias a la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid.
Fernández ha reclamado la renuncia de Almeida al entender que es el último responsable político de este caso y ha atacado al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por «encubrir» y «proteger» al regidor y otras «corruptelas» en el partido, algo que califica de «muy grave».
«La actitud del PP es amparar y proteger las corruptelas… Las tolera y consiente», ha espetado el dirigente de la formación morada durante su comparecencia.
Por otro lado, Fernández ha detallado el último escrito de petición de medidas impulsado por su partido, personado en la causa, ante los «caraduras» de Medina y Luceño.
De esta forma, Podemos ha solicitado al juez que impute a Alberto Luceño por la comisión de un delito de alzamiento de bienes y un delito fiscal, así como que la sociedad Takamaka propiedad del comisionista sea investigada.
PIDE MEDIDAS CONTRA LUCEÑO
En un escrito registrado este lunes, esta parte insta al juez a imponer al investigado una fianza suficiente cuya cuantía deberá alcanzar como mínimo la tercera parte más de todo el importe de las ganancias obtenidas del delito, una vez detraído el valor de los bienes embargados.
En caso de no atenderse dicho requerimiento, solicita que se proceda a la averiguación patrimonial tanto del investigado D. Alberto Luceño como de la sociedad Takamaka Invest S.L., a través del Punto Neutro Judicial.
De igual modo, se pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que aporte información sobre bienes que el investigado y la entidad Takamaka Invest S.L. pudieran disponer en el extranjero a los efectos de practicar los correspondientes embargos.
Una vez practicadas las diligencias, Podemos quiere que el juez proceda al embargo hasta cubrir la cantidad que sea fijada, sin perjuicio de su ampliación por si no se cubrieren las responsabilidades civiles por el investigado.
En cuanto a la calificación jurídica, solicita que se amplíe el objeto de investigación a un delito de Alzamiento de bienes, dado que Luceño habría realizado actos de disposición patrimonial sobre bienes que eran objeto de la presente investigación (vehículos adquiridos con las ganancias del delito), con posterioridad a su toma de declaración del 14 de abril de 2021, todo ello a pesar de la advertencia del Ministerio Fiscal durante el curso de la misma de que dichos bienes podrían ser susceptibles de embargo.
También pide que se amplíe a un delito fiscal y responsabilidad penal de la entidad Takamaka Invest (propiedad de Luceño) respecto de la tributación de las excesivas comisiones.
Según Podemos, «las comisiones obtenidas por el investigado habrían tributado a través de la sociedad Tamaka Invest por impuesto de sociedades, tributando solo un 15% del beneficio, en lugar del 43% que le habría correspondido en el IRPF como persona física». Esta sociedad se constituyó dos meses después de recibir dichas comisiones.
En la misma línea, pide la ampliación a la sociedad Takamaka Invest S.L. en condición de investigada al esgrimir que las operaciones de compra y transmisión de los vehículos llevadas a cabo con las ganancias obtenidas del delito, y por las que está siendo investigado Alberto Luceño por un presunto delito de blanqueo de capitales, se habrían llevado a cabo a través de esta sociedad.
