La sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge a partir de este lunes, a las 09.30 horas, el juicio con tribunal de Jurado por el segundo asesinato cometido en la Pensión Padrón, ubicada en la capital tinerfeña.
La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel y el abono de una indemnización de 300.000 euros a los herederos de la mujer asesinada por su entonces pareja, que metió el cadáver en dos petates de instituciones penitenciarias y los enterró en una cueva en el barranco de Santos.
Los hechos se remontan a junio de 2009 cuando el acusado y su pareja, que había compartido pena de prisión en Tenerife II por delitos de lesiones y contra la salud pública, respectivamente, se citan en la pensión para pasar la noche.
Ambos se alojan en la habitación 306 y tras abonarle la mujer una transferencia de 400 euros –ella le mantenía desde su etapa en prisión al cobrar dos pensiones no contributivas– le comunica que desea romper la relación sentimental.
Ante esta situación, el hombre, con hasta 13 condenas, reacciona de forma muy violenta y empleando una «fuerza brutal», según expone el escrito de Fiscalía, agrede a su pareja con sus manos, sus piernas y un objeto contundente provocándole politraumatismos múltiples, heridas contusas y fracturas costales múltiples.
Estas agresiones le ocasionaron un shock traumático que pudo ocasionarle la muerte, que culminó al ser estrangulada por el acusado, que también le rompió el hueso hioides. El hombre se valió de la diferente fuerza física a su favor así como de la minusvalía física que padecía la víctima, con una discapacidad en un grado del 90% que entre otras cosas le suponía una limitación de movimientos.
El escrito de Fiscalía reconoce que el acusado «golpeó con crueldad y saña» desmedidas a la mujer «causándole un gran dolor y sufrimiento que no eran necesarios». Tras cometer los hechos, el hombre limpió la sangre de la habitación pero dejó unas gotas de sangre en forma de proyección situadas encima del cabecero de la cama donde se encontraba la víctima y tomó una fotografía a través de su teléfono móvil.
Pasado el ‘rigor mortis’ envolvió el cadáver con unas sábanas y una manta y lo introdujo en dos petates que fueron enterrados en el barranco de Santos pero años después, y tras la denuncia de la desaparición por parte de la hija de la víctima, unos ciudadanos encontraron el cuerpo, que asomó a raíz de unas lluvias torrenciales.
El presunto asesino ya cumple una condena 17 años y 6 meses de prisión por el asesinato de un exmilitar, en la misma pensión, a principios de 2010.
