Ada Colau no gana para sustos ni por Semana Santa. El caos en la inauguración del túnel de Glòries, con un presupuesto de 200 millones de euros y que ha tardado en ver la luz seis años, junto con la investigación de la Fiscalía sobre la ‘superisla’ del Eixample, su proyecto estrella, han supuesto dos duros golpes más en la recta final del mandato de la investigada alcaldesa de Barcelona.
El túnel de Glòries, comparada ahora con el desastroso tobogán de Estepona, se ha convertido en una auténtica ratonera para quienes acuden a sus puestos de trabajo en la Ciudad Condal. La obra ha tardado más de un lustro y en el día de su inauguración se colapsó por completo debido a las restricciones del Ayuntamiento gobernado por Colau y Jaume Collboni (PSC). «No coger la vía desde las 7.30 a 9.00 horas» fue la solución del Consistorio a este caos. Un derroche de 200 millones para no poder usarlo. La entrada por encima del túnel, la Gran Via -artería principal de entrada y salida de Barcelona- quedaba por primera vez en años sin coches.
TRAMPA MORTAL EN GLÒRIES
Y es que, esta Barcelona anticoches busca eliminar los vehículos, incluso a la inmensa mayoría que generan riqueza en la ciudad. No contento con ello, el Consistorio de Colau y Collboni ha introducido nuevas trabas en su «urbanismo táctico», impidiendo el acceso a vehículos de fuera. Este objetivo preocupa a comerciantes y vecinos al ver mermar sus ingresos y puestos de trabajo en sus zonas.
Más, cuando la alternativa real del transporte público es ineficiente. Desde fuera de Barcelona no hay mejor entrada que en vehículo privado. Las combinaciones de bus y tren fallan constantemente o se va encerrado como «latas de sardinas». «Es un sufrimiento diario coger el autobús«, aseguran varios pasajeros de una concurrida línea.
Además, las familias optan por el transporte privado por cuestiones prácticas. Llevan a sus hijos a los colegios de la Ciudad Condal, normalmente próximos a los centros de trabajo, y la única forma de poder trasladarlos es en transporte privado debido a la falta de rutas escolares a las afueras de Barcelona o bien a las malas combinaciones y tiempos del bus, metro y ferrocarril.
COLAU Y COLLBONI BUSCAN DAR EL HACHAZO A QUIENES VAN A TRABAJAR A BARCELONA
Por estas razones, entre otras, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la ‘superisla’ del Eixample, una zona que afecta directamente a las calles colindantes con Aragón, principal artería de entrada desde fuera de Barcelona al centro de la ciudad. Colau quiere la zona sin vehículos, sin tener en cuenta que es la vía más utilizada desde la C-58, la carretera más transitada de Cataluña con más de 150.000 vehículos diarios. La denunciante es Salvem Barcelona, una plataforma dirigida por dos economistas y vecinos de El Exiample.
Es la primera denuncia contra una de las ‘superislas’ de Colau y Collboni, pero puede ser el origen de otras más
La denuncia trata de paralizar por completo este proyecto urbanístico estrella de Colau y Collboni. Y es que, el Consistorio, con las prisas y ante las elecciones municipales del próximo año, se habría saltado trámites imprescindibles para ejecutarla. El plan de la alcaldesa de Barcelona es modificar por completo las calles de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona para hacerlas peatonales. Las obras comenzarían este mes de junio con el fin de dar 58.000 metros cuadrados a los peatones, en detrimento de los vehículos rodados.
La plataforma ha pedido a la Fiscalía que paralice estas obras al no tener una «necesaria modificación del Plan General Metropolitano«. Y es que, comerciantes y cualquier persona que trabaje en la zona pero no viva en ella se vería afectada y por tanto desequilibra por completo a quienes vienen de fuera.
EL EXPRESIDENTE DE LA SEDA, ENTRE LOS DENUNCIANTES
Es por este motivo tanto Jacint Soler Padró, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona en la última etapa franquista, abogado y expresidente de La Seda; junto al economista Francesc Granell, exdirector general de la Comisión Europea, han presentado la denuncia.
Es la primera contra una de las ‘superislas’ de Colau y Collboni, pero puede ser el origen de otras más. Y es que, este urbanismo tóxico contra los barceloneses que habitan en la provincia y que tienen que desplazarse para trabajar en la Ciudad Condal perjudica gravemente a los de fuera. En concreto, según los cálculos de Barcelona Oberta, los comerciantes de Barcelona se juegan 4.000 millones de euros con esta nueva traba al transporte privado.
Y es que, los vehículos que llegan a Barcelona no son un estorbo ni tampoco sobran, como desliza una y otra vez el Ayuntamiento. Todo lo contrario, no sólo dejan riqueza sino que, además, solían venir después los fines de semana a disfrutar del ocio y la restauración.
COLAU Y COLLBONI NO QUIEREN LA RIQUEZA VENIDA DE FUERA
Pero el Ayuntamiento les ha puesto en el disparadero. Como toda acción, hay reacción. Numerosos habitantes del Área Metropolitana de Barcelona dejan de ir a la ciudad para consumir su tiempo de ocio. De hecho, si se llevaran a la práctica todos los proyectos urbanísticos encima de la mesa, la mitad de los visitantes prefieren tachar a Barcelona de la lista de destinos. «Es imposible aparcar o muy caro», han destacado varios usuarios, como también señalan las trabas de las Zonas de Bajas Emisiones.
«Tengo un vehículo de hace 15 años, pasa la ITV cada año, pago los impuestos pero no me dejan entrar en Barcelona. Si no tengo dinero para comprar otro vehículo ¿Qué hago? ¿Espero al día siguiente a coger el tren?«, profundizan. La respuesta municipal es que no vengan directamente.
Con todo, Colau y Collboni habrían vulnerado la normativa ya que esta «superisla» altera por completo las previsiones de población, renta y ocupación, y por tanto debía haberse realizado una revisión global del plan.
