Trece gobiernos autonómicos de distinto signo político han firmado este martes el ‘Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico’, en el que reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez el impulso de una ley que ofrezca seguridad jurídica al planeamiento urbanístico y territorial de todo el Estado.
El manifiesto, rubricado por la Región de Murcia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla, pretende fortalecer la cooperación y coordinación en materia de ordenación del territorio y el urbanismo entre la Administración estatal y las autonómicas.
Asimismo, defiende un urbanismo responsable, dinámico y con trámites unificados para todos los territorios, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa. Esta reunión pretende dar el impulso definitivo al documento acordado en el Encuentro autonómico Xacobeo 21-22, celebrado en Santiago de Compostela (Galicia) a finales de marzo.
Las regiones firmantes consideran necesario impulsar una normativa estatal que palíe una situación que en los últimos años se ha incrementado de manera exponencial, como son los casos de nulidad de planeamiento territorial o urbanístico «debido a vicios formales, sin contenido sustantivo sobre los objetivos o elementos estructurantes, que podrían resolverse con procedimientos sencillos».
Asimismo, han señalado que las instituciones judiciales sostienen que la nulidad de un planeamiento no admite subsanación, convalidación o conservación de trámites, lo que exige a las administraciones locales que comiencen la tramitación desde el principio, con lo que «genera de años de esfuerzo colectivo y representa un inaceptable malgasto de recursos públicos».
LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO
A esta situación, los gobiernos autonómicos han unido el hecho de que entre la entrada en vigor de un planeamiento y la emisión de la sentencia que lo anula pasan «largos períodos de tiempo». Otra consecuencia de esta situación es que se agravan los efectos de la nulidad y se incrementa la inseguridad, «al resultar amenazadas las inversiones y proyectos de futuro que quedan paralizados».
Así, las comunidades han propuesto –como ya sucede con otras decisiones reglamentarias, pero no con el planeamiento territorial ni el urbanismo– impulsar una reforma de la legislación estatal para evitar la nulidad radical de los planes generales y otros instrumentos de planeamiento, cuando incurran vicios de procedimiento fácilmente subsanables.
Por último, con este manifiesto las comunidades quieren trasladar al Gobierno central su disposición para dar un paso adelante y contribuir «en todo lo posible» a adoptar aquellas medidas que resulten necesarias para conseguir «un urbanismo responsable y perdurable en el tiempo».
