La caída de Pablo Casado a estado a punto de llevarse por delante al presidente castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, que batalló contra Génova 13 hasta que creyó que su jefe oteaba La Moncloa.
Esta percepción llevó a Mañueco a aceptar las pretensiones de Casado, romper su Gobierno en Castilla y León, y adelantar elecciones con una vaga excusa que le salió por la culata, ya que el PP ha quedado en manos de Vox.
MAÑUECO APUESTA POR FEIJÓO
Alfonso Fernández Mañueco, dolido por sus decepcionantes resultados, ha apostado por olvidar a Casado, pedir «unidad» y asegurar que para conseguirla «habrá que tomar las decisiones necesarias para garantizarla».
«No se trata de alternativa, se trata de hacer un proyecto de partido, rápido, que garantice la unidad y si en algo coincidimos la inmensa mayoría no solo de los cargos públicos y de los militantes, sino los votantes, es que Alberto Núñez Feijóo es un referente para todos», aseguró.
El salto de Feijóo a Madrid podría de dotar de cierta libertad a Mañueco, que desea pactar con Vox sin presiones y dejar atrás su polémico triunfo en las primarias del PP castellano-leonés en 2017 mediante una operación que conllevó que los ‘populares’ salmantinos recibiesen más de 24.000 euros de donativos anónimos para sufragar los impagos de los militantes que le acabaron votando.
Mañueco, tal y como explica eldiario.es, ha entregado al juzgado una declaración firmada en la que asegura que pagó 1.000 euros en metálico de su bolsillo para abonar parte de las cuotas impagadas de afiliados para que pudieran votar y, así, salir él elegido como presidente del partido en el año 2017.
El dirigente asegura que donó este dinero de su «patrimonio personal» para «el pago de cuotas adeudadas de afiliados del Partido Popular en Salamanca y facilitar de esta forma que pudieran participar en el proceso electoral».
OTRAS POLÉMICAS PARA EL PP DE CASTILLA Y LEÓN
El triunfo de Mañueco en las primarias de 2017 no es la única polémica que salpica al PP de Castilla y León ya que Izquierda Unida en Segovia ha pedido transparencia a la Diputación Provincial con relación a la actividad de la empresa Plaseges Agua SL, vinculada al diputado del PP Jaime Pérez Esteban.
IU, explican, «siempre ha defendido y defenderá que el dinero público debe gestionarse con la máxima transparencia y por ello considera muy sorprendente que el presidente de la Diputación, Miguel de Vicente, no haya realizado ninguna aclaración al respecto y que la única respuesta haya sido una demanda judicial por parte de Pérez Esteban».
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 ha citado a José Luis Ordóñez, Coordinador Provincial de IU Segovia, a Carlos Serrano, responsable de movimientos sociales, y a la propia Izquierda Unida a un acto de conciliación el 9 de febrero. Se enfrentan a una querella criminal por presunto delito de injurias y calumnias y contra el honor y la propia imagen. La acusación amenaza con pedir hasta 90.000 euros.
La citación, explica el PCE, se refiere a las declaraciones realizadas por Serrano y Ordoñez el 28 de noviembre en las que pedían explicaciones a la Diputación Provincial con relación a la actividad de Plaseges Agua SL, vinculada al diputado del PP Jaime Pérez Esteban.
Los dirigentes de IU se referían a la “extraña” coincidencia de la fecha en la que la empresa había cambiado de administrador único (dejó de serlo el propio Pérez Esteban y se nombró a un familiar directo) con la publicación de una subvención por parte de la Junta para realizar trabajos de establecimiento de sistemas de depuración en los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes de Castilla y León.
IU califica de muy grave que Jaime Pérez haya anunciado como diputado provincial que va a presentar una demanda cuando en realidad no ha sido presentada por él sino por la empresa Plaseges Agua SL. Esto demuestra una vez más su clara y nítida vinculación a la misma, a lo que se suma el hecho de que fue administrador único hasta que se nombró a un familiar de primer grado.
La coalición progresista asegura que «un cargo público no puede utilizar las instituciones públicas, en este caso la Diputación Provincial, como plataforma para anunciar acciones legales de una empresa privada, con la connivencia además del presidente, Miguel Ángel de Vicente, que no ha hecho nada por aclarar la situación».
IU, asegura, ha recibido numerosos mensajes con informaciones que hacen referencia a la dudosa gestión como cargo público de este diputado. Toda la información «está siendo analizada en la labor de fiscalización de la gestión pública que ejercemos dentro de nuestras posibilidades, ya que al no contar con un diputado provincial no podemos hacerlo desde dentro de la propia institución», afirman.
IU Segovia asegura que lo único que ha hecho ha sido «cumplir con nuestra obligación y pedir explicaciones ante unos hechos que son públicos y que afectan a un diputado provincial, no se ha acusado a nadie».
Ordóñez, coordinación provincial de IU Segovia, dice que «si alguien cree que nos van a mantener con la boca cerrada frente a posibles irregularidades es que no nos conocen. Este tipo de coincidencias y la falta de transparencia generan indignación y malestar a la ciudadanía y vamos a seguir reclamando una política cristalina en las administraciones públicas».
