La Ley de Vivienda ha conseguido lo que ninguna otra normativa o medida había conseguido, unir a los vocales nacionalistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los conservador. Ambas partes se han puesto de acuerdo por primera vez para rechazar la Ley de Vivienda del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, marcando todo un hito histórico en el CGPJ, donde los encontronazos entre las dos posturas estaban a la orden del día en las votaciones que llevaba acabo el órganos constitucional. Así, los vocales conservadores y nacionalistas que forman parte del pleno del órgano de gobierno de los jueces se han puesto de acuerdo, algo tremendamente difícil, al considerar que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda.
El Consejo emitió dos informes acerca de la Ley de Vivienda y en ambos mostraba su rechazado. El primero fue realizado por el vocal progresista Álvaro Cuesta, mientras que el segundo fue redactado por el denominado sector nacionalista, formado por Enrique Lucas Murillo (designado a propuesta del PNV) y por José Antonio Ballestero (a propuesta del PP). En este segundo texto los vocales recordaron al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. Por lo tanto, su regulación y las políticas públicas promovidas depende los gobierno de las respectivas comunidades autónomas de España. De esta forma, los miembros de CGPJ afeaban al Gobierno de España que intentara traspasar los límites e inmiscuirse en competencias de las comunidades.
Los vocales conservadores y nacionalistas se unen para rechazar la ley de vivienda
Además de esta cuestión, lo que resulta más extraño y destacado de este informe son las personas que lo aprobaron. El texto contó con el apoyo del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Mientras que los miembros del órganos constitucional que votaron en contra fueron Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, es decir, los que representan al sector progresista del CGPJ. Así, durante la votación ocurrió un hecho nunca antes visto en los debates del órgano de gobierno de los jueces, que conservadores y nacionalistas se ponga de acuerdo sobre una decisión.
Y es que, en la mayoría de las decisiones que se estudian en el CPGJ, los nacionalistas suelen encontrar a su socio en la bancada de vocales progresistas. Estos dos partes suelen unir fuerzas en la mayoría de asuntos, o por lo menos, suelen distanciar del otro sector de vocales, los conservadores. Los vocales de designados a propuesta del Partido Popular representan el área más tradicional y conservadores de la mesa de los veinte vocales. Han sido muchas las votaciones en las que los progresistas y nacionalistas se posición en contra del ala conservadora. Durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, su equipo promovió un Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que pretendía reformar la estructura judicial que existía en ese momento. En esta ocasión, tanto vocales progresistas como nacionalistas se unieron para intentar tumbar la nueva normativa.
Esta unión ha pasado factura en alguna ocasión al sector conservador del Consejo. Así, durante el año pasado, en 2021, los vocales conservadores fracasaron en su intento de llevar al Tribunal Constitucional la reforma legislativa que les quitó determinadas atribuciones. Para ello, llevaron al pleno extraordinario del CGPJ esta propuesta, que fue tumbada por brazo progresista y nacionalista de la mesa. Una vez más estas partes unían fuerzas para en una votación para frenar los pies a los vocales designados a propuesta del Partido Popular. Y es que, desde que se formó el actual aunque caducado CGPJ, el sector conservador cuenta con más número de vocales que el resto. Así, para paliar esta diferencia marcada por la ideología, progresistas y nacionalistas se han unido en la mayoría de las ocasiones.
Sin embargo, parece que ahora se ha abierto una nueva vía, una puerta que hasta ahora ha estado cerrada y que puede cambiar el futuro de las próximas votaciones del Consejo General del Poder Judicial. Y es que, que los vocales conservadores y los nacionalistas se hayan puesto de acuerdo por primera vez supone todo un hito el órgano de gobierno de los jueces. Un hecho que, además, puede suponer un cambio para los futuros debates de esta institución, o, por lo menos, hasta que finalmente se lleve a cabo la reforma del CGPJ, algo que parece que todavía está muy lejos de ocurrir. Este órgano constitucional lleva caducado desde hace más de tres años y si el año pasado hubo un acercamiento entre PP y el PSOE, este se ha vuelto a enfriar.
Meter a un personaje tan polémico como Enrique Arnaldo en el Tribunal Constitucional le ha salido caro a Pablo Casado, ya que Podemos quiere que su «ángel judicial de la guarda», conocido como José Ricardo de Prada, tenga un asiento inamovible en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la próxima renovación, siempre que se dé. Por supuesto, el PP está escandalizado con la idea de que de Prada tenga un asiento en el Consejo dado el pasado del magistrado con el partido, pero al haber colocado a Arnaldo, pocos se sienten con la legitimidad para dar una respuesta.
El acercamiento entre el PP y el PSOE se ha vuelto a enfriar. En diciembre había quien daba por hecho que la renovación del CGPJ estaba a la vuelta de la esquina, pero ahora las posturas están mucho más alejadas de lo que estaban hace 30 días. El problema es que la entrada de Arnaldo en el Constitucional ha cambiado las condiciones. Si un perfil como el de Enrique ha sido apoyado por el PSOE, en Unidas Podemos no entienden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta con los galones suficientes como para vetar a un magistrado como de Prada. Si está Arnaldo en el tablero y Sánchez ha tragado con él, de Prada es condición sine qua non para la renovación.
