El código ético de Barcelona en Comú es muy claro. Una imputación por un supuesto caso de corrupción conlleva la dimisión inmediata del investigado. Pero para Ada Colau no es efectivo. La alcaldesa de Barcelona se niega a dimitir pese a que está citada a declarar por cuatro delitos que comportan penas de prisión. Según la querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), Colau habría cometido supuestamente presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
Todo por otorgar de forma presuntamente irregular en subvenciones a entidades afines, como el Observatorio DESC; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que llegó a liderar la alcaldesa; la Alianza contra la Pobreza Energética (APE); y la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
Lejos de poner negro sobre blanco y explicar con pelos y señales por qué se otorgaron estas ayudas públicas a estas plataformas y asociaciones, muy afines a la confluencia catalana de Podemos, la alcaldesa ha señalado directamente a los querellantes. Sus afines, además, han desarrollado una teoría conspiranoica sin aportar las debidas pruebas de cargo. De hecho, la propia alcaldesa cree que en esta querella hay «intereses de empresas«, sin especificar qué empresas ni tampoco en qué se basa para realizar estas afirmaciones.
COLAU SE ENFRENTA A UNA QUERELLA POR SUBVENCIONES A DEDO A ENTIDADES AFINES
Atacar al querellante es la última estrategia ante este caso que está bajo la instrucción judicial. De la querella poco se sabe, pero ha trascendido que no están detallados los millones otorgados por el Ayuntamiento en ayudas directas, concedidas ‘a dedo’. Se tratan de subvenciones sin concurso ni publicidad y la principal beneficiaria es la cantera de Podemos. El Observatorio DESC, una amalgama de ONGs de la que han salido, entre otros, nombres como Gerardo Pisarello.
Esta teoría conspiranoica se centra en quién está tras las siglas ATCD, con sede en la barcelonesa calle Diagonal, la más prestigiosa entre las oficinas. Su fundación se realizó el 28 de abril de 2017 y se vincula directamente con la Fundación Agbar, la gran empresa que se las ha visto y deseado en su lucha contra la remunicipalización del agua. De hecho, su actividad se realiza en un espacio de coworking, a nombre de Sayde.
MONCLOA.COM ha contactado con los responsables de la junta directiva de la asociación, pero han declinado realizar cualquier declaración. «Esperaremos a la actuación judicial», han respondido escuetamente.
COLAU Y SUS AFINES TRATAN DE PONER EL FOCO SOBRE AGBAR, AUNQUE LA ALCALDESA EVITA DAR NOMBRES
No es la primera querella que recibe Colau por el reparto de este tipo de subvenciones. Abogados catalanes la emprendieron contra la alcaldesa al observar presuntas irregularidades. La querella por la que Colau está siendo investigada es muy similar a la presentada entonces y sin que tuviera más recorrido judicial. Pero ahora, el juez trata de indagar en el asunto.
Como en toda buena conspiración, la teoría se divide por partes. La primera de ellas es que estas subvenciones ya se concedían en la época de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, sin que ninguna formación o partido lo llevara a los juzgados. Es decir, que si presuntamente se hicieron las cosas mal en el pasado también se pueden hacer en el presente. «Agbar y Abogados catalanes por la Constitución ya denunciaron estas subvenciones», se afirma en la teoría. La fiscalía no vio delito en ningún caso, aunque ahora sí ve presuntas irregularidades en la concesión de las mismas. Un matiz que oculta la teoría conspiranoica. Sin embargo, será un juez quien lo decida.
Con esto y los archivos judiciales de querellas similares se cierra esta primera parte. A continuación, la teoría de los afines de Colau, sin que la alcaldesa haya nombrado empresa alguna, se centra en quién ha interpuesto la querella.
El fundamento es tratar de relacionar a Agbar, incluso cuando no existe prueba contundente que lo demuestre. Lo primero de todo es conocer si la asociación en cuestión existe. Efectivamente, se encuentra en los registros del Ministerio del Interior, pero con sede social en Madrid, pese a que la oficina, según su web, se ubica en Barcelona. En concreto, la dirección se indica en la calle Luís Misson.
EL REGLAMENTO DE LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA, EPICENTRO DEL PULSO ENTRE COLAU Y LOS QUERELLANTES
Su actividad fundamental se ha centrado en denunciar el reglamento de Participación de Barcelona y el proceso de remunicipalización del agua en el Ayuntamiento de Valladolid. Del resto de sus actividades, apenas se conoce. Los fundadores prefieren trabajar lejos del ruido de las cámaras y los micrófonos. Lo suyo son poner querellas no atender a medios, aunque no hacen honor a su nombre.
Sin embargo, su labor es efectiva. La Barcelona de Colau ha tratado de remunicipalizar el agua, no sólo en la Ciudad Condal, sino también en otros municipios. En 2017, la ATCD denunció y ganó a Colau en su intento de consultar a los barceloneses para decidir si acometía o no el sueño de tener una empresa de agua pública.
El equipo de Colau trató de poner en marcha la multiconsulta, a modo de referéndum. Sin embargo, el juzgado contencioso-administrativo número 17 de Barcelona frenó en seco las aspiraciones de la alcaldesa porque terceros iban a disponer de los datos particulares de quienes participaran. La convocatoria quedó anulada y fue un duro revés para una de las medidas estrella de los ‘morados’.
Además, presentó una denuncia contra Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ese mismo año por tratar de remunicipalizar el agua en la ciudad. La denuncia se presentó el 22 de abril de ese año, una semana antes de inscribirse en el registro. En esta denuncia se presentó la empresa Suez, dueña de Agbar, y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro.
LOS CONSPIRANOICOS INDAGAN SOBRE LOS DATOS DE LOS QUERELLANTES
La Asociación, sin embargo, también ha tratado de modificar el reglamento de la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Pamplona.
Para los conspiranoicos todo empieza a encajar como un puzzle. En cinco años de existencia, dos grandes denuncias y querellas. Tampoco es que más Ayuntamientos hayan acometido planes de remunicipalizar el agua. Sea como fuere, aunque este fuera su cometido, no se convierte en ilegal, siempre y cuando la querella o denuncia esté fundamentada y sostenida con pruebas. De otra forma, podrían tener que pasar por caja por las costas judiciales.
Para rizar el rizo, la teoría indaga en el alojamiento de la web. Para ello, se puede investigar la IP (dirección electrónica y única de un dispositivo) o bien la del servidor donde está alojado, es decir, el dominio. La casualidad apunta que tanto la web de la Asociación como la de la Fundación Agbar están alojadas en el mismo dominio. Pero nada fuera de lo común. Es decir, numerosas empresas están alojadas en el mismo servidor. De ahí a vincularlas se necesita más que una dirección. Sería, por ejemplo, relacionar todas las onegés que están ubicadas en los bajos de la calle Casp 43, donde se encuentra el Observatorio DESC, y sus tentáculos, como el colectivo Irídia o sus vinculaciones con Gonzalo Boyé.
AGBAR, SIN EMBARGO, SIEMPRE HA DADO LA CARA Y NO SE OCULTA
La conclusión es que «a todos nos encaja que Agbar podría estar detrás de esta operación«. La afirmación en condicional, como buena prueba de una teoría conspiranoica. Todo porque Agbar se dedica a defender sus intereses y cada vez que lo ha hecho ha sido a cara descubierta. Y este es el gran fallo de la teoría.
A todos nos encaja que Agbar podría estar detrás de esta operación
Las denuncias de Agbar contra Colau han sido por el continuo «ataque» del Ayuntamiento contra la empresa. La última, de hecho, fue el pasado mes de abril de 2021 y ante el Tribunal de Cuentas tras el varapalo del Supremo al plan de Colau por su intento de remunicipalizar el agua.
El Ayuntamiento regido por Colau y el líder del PSC, Jaume Collboni, habían gastado «de manera aproximada» cerca de 875.293,54 euros en su medida estrella, un perjuicio que pagan todos los barceloneses por la obsesión de Colau de tener bajo control los suministros de Barcelona.
Entre ellos, Agbar cifró en 358.710 euros el gasto del Ayuntamiento para la elaboración de análisis jurídicos y de las infraestructuras precisamente en 2017. Es decir, en aquella época la empresa siguió muy de cerca los pasos del Consistorio. Además, se gastó casi medio millón de euros en «distintos trabajos realizados en el ámbito agua» y su remunicipalización.
LOS POLÉMICOS ESTUDIOS Y EL DESPILFARRO DE COLAU
Entre los estudios destacan el inventario de la red de distribución del agua potable de Barcelona, un informe sobre demandas futuras de agua o la valoración de activos de Agbar dentro del municipio, y los hábitos de consumo de agua potable en las casas, entre otros.
Agbar actúa así con total transparencia. Colau y sus afines, por su parte, tratan de sembrar la duda, sea esta o no razonable, en vez de dar explicaciones sobre sus subvenciones concedidas a sus onegés afines.
Por ahora, el Consistorio se ha volcado en dar luz a cada una de las preguntas realizadas, aunque siempre ponen en el foco la actividad de ATCD. En poco más de un mes, el próximo 4 de marzo, Colau tendrá que sentarse como investigada. Sobre declarar o no ante el juez corresponderá a su estrategia de defensa. Eso sí, aún no ha presentado su dimisión.
