La juez Montserrat Raga Marimón ha anulado una «infracción grave» al agente de los Mossos d’Esquadra Albert Donaire. Éste es un conocido activista por la independencia de Cataluña y recientemente ha señalado al niño de Canet por pedir el 25% de las clases en castellano, aunque finalmente pidió perdón.
El departamento de Asuntos Internos de los Mossos impuso una dura sanción de cuatro meses sin empleo ni sueldo a este agente. El motivo fue la difusión de propaganda independentista en los perfiles particulares de sus redes sociales.
Donaire aireaba el relato separatista contra el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y contra los jueces. Los textos retuiteados por este conocido agente independentista también criticaban la imposibilidad de poder votar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Para la titular del Juzgado 8 de Barcelona, todas las críticas «molestas, hirientes o, incluso, provocadoras» están amparadas por la libertad de expresión. Poco importa que el acusado sea agente de la policía autonómica catalana.
AMPARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La juez, además, se ha ensañado contra la Unidad de Asuntos Internos. Según su sentencia, airear estos comentarios contra la cúpula de los jueces no es falta ni sanción alguna al hacerse desde el ámbito privado. Asimismo, no considera probado que la actuación del mosso «haya afectado o pueda afectar a los deberes de imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de sus funciones«, según el auto adelantado por El Món.
La jueza entiende que la investigación y las pruebas aportadas en el juicio por el DAI (Departament d’Afers interns) eran insuficientes para imputarle falta alguna a este agente. La sentencia es firme y por tanto no puede ser recurrida.
Raga Marimón, si bien aplica su interpretación de la ley, fue una de las fundadoras de Ágora Judicial, una plataforma de jueces favorables a la excarcelación de los políticos independentistas entonces presos y a la espera de la sentencia. Su presentación causó revuelo en la magistratura, más cuando los siete jueces que participaron junto a Raga Marimón estaban entonces en activo. De hecho, la juez que ha exonerado a Donaire ocupaba la titularidad del Juzgado número 5 de Barcelona.
UNA JUEZ PREOCUPADA POR LA REGRESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Durante la presentación de esta plataforma, la juez y el resto de los fundadores se mostraron «preocupados por la regresión de los derechos fundamentales» en España. De la situación en Cataluña ni una sola palabra. De hecho, en sus primeros pasos sólo lograron obtener el apoyo de una veintena de jueces, todos catalanes. Ni vascos ni gallegos, donde el independentismo y el nacionalismo también está en las instituciones. Todos ellos hablaban sin la toga, a título personal, pero la mayoría procede de las conocidas puertas giratorias entre la Justicia catalana y el Gobierno autonómico.
La magistrada Maria Josep Feliu Morell, por ejemplo, fue secretaria de Relaciones con la Administración de la Justicia de la Generalitat, con Germà Gordó al frente. Según afirmó, los golpistas condenados a entre nueve y trece años por el ‘procés’ y después indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, fueron «perseguidos«. Además, afirmó que ninguno de los políticos presos había cometido delito alguno. Ni sedición, ni rebelión, ni malversación ni ningún otro por los que fueron condenados.
Raga Marimón guardo un mayor silencio en la sala del Colegio de Periodistas hace poco más de tres años y medio. Sin embargo, su firma está estampada en el infame «manifiesto de los 33» de 2014. Un texto a favor de la independencia y que lleva el mismo título firmado hace 40 años contra el terrorismo. Casualidad o no, la judicatura catalana entraba en el juego separatista.
EL MAL LLAMADO DERECHO A DECIDIR QUE PIDIERON NUMEROSOS JUECES CATALANES
Todos los jueces firmantes apostaban por el mal llamado derecho a decidir, que ni existe ni está contemplando en la legislación. Junto a Raga Marimón se encuentran dos de los magistrados más conocidos en Cataluña por instruir el caso Palau, que versaba sobre el cobro del 3% de los contratos públicos a las empresas que obtenían la licitación.
Estos eran Juli Solaz y Josep Maria Pijuan, ya jubilado, cuando estaban al frente del Juzgado número 30 de Barcelona. También se encontraba la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, que llegó a sentar a Fèlix Millet en el banquillo por el caso del Hotel del Palau. Entre otros, también estaba el entonces juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, y Montserrat Comas, vocal en el Consejo General del Poder Judicial.
un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña
Estos jueces afirmaron que negar el derecho a decidir respondía únicamente a «un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña». Es decir, negar la existencia de algo que no existe y va en contra de la propia Constitución y de las leyes. Según su parecer, los catalanes estarían legitimados a ejercer este supuesto derecho, pese a que los propios independentistas han visto sus consecuencias, no sólo en 2014 sino también en 2017, cuando se proclamó durante ocho segundos la ruptura con España. Desde entonces, sólo saqueos, incendios de calles y huida de empresas ha sido la cruda realidad en Cataluña.
IR CONTRA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ACARREA CONSECUENCIAS
Estos jueces aseguraron que Cataluña no es una Comunidad Autónoma, sino una nación por el mero hecho de tener una lengua autonómica, una cultura y una historia.
Para estos jueces, la «realidad nacional» reside en los estatutos autonómicos, cuyos puntos más polémicos fueron eliminados por Tribunal Constitucional. En la sentencia de 2010, el tribunal llegó a calificar algunos artículos de «papel mojado». Entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) era el máximo órgano judicial en Cataluña, o que la lengua autonómica era la propia de la Comunidad.
En Ágora Judicial también aparece el nombre de Ángeles Vivas Larruy, exsecretaria de Relaciones con la Administración de Justicia. Esta juez estaba a las órdenes de la consellera Montserrat Tura (PSC), una conocida catalanista bajo la tutela del socialista José Montilla.
Su firma en el «manifiesto de los 33» le impidió ascender a la presidencia de la Audiencia de Barcelona tras el rechazo del CGPJ. De hecho, el Tribunal Supremo respaldó la decisión del órgano de los jueces. «Nadie obliga a los jueces y magistrados a expresar públicamente sus opiniones sobre cuestiones socialmente controvertidas, ni menos aún sobre iniciativas políticas de muy dudoso encaje constitucional», ha afirmado. Un relato similar al usado por Raga Marimón en su perdón a Donaire. Sin embargo, el Alto Tribunal sentenció que «quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de este ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato».
