La polémica continúa rodeando a Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha sido citada a declarar como investigada por presuntamente haber cometido prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, según ha podido conocer MONCLOA.com. Estos delitos habrían sido cometidos al conceder subvenciones y contratos a empresas afines a su partido político, Barcelona en Comú. Además, la alcaldesa de Barcelona debería dimitir de todos sus cargos al ser imputada en delitos relacionados con la corrupción, como estipula el Código Ético de Barcelona en Comú, por el que la investigada debe regirse al pertenecer a dicha formación.
El juzgado de instrucción 21 de Barcelona tiene abierto un procedimiento derivado de una querella presentada el pasado mes de diciembre de 2021 por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la alcaldesa de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público. Los delitos presuntamente cometidos por la edil barcelonesa atañen a las subvenciones otorgadas de forma directa a varias entidades sociales. Así, los beneficiarios de estas ayudas serían Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
Unos hechos que, en caso de confirmarse finalmente por los juzgados y declara culpable de estas acciones a Ada Colau, podría salirle caro. Y es que, el Código Ético de Barcelona en Comú es muy específico con estos temas, ya que cuentan con un apartado sobre las medidas para combatir la corrupción. Estas normas son por las que se deben regir todos los integrantes de la formación, entre los que se encuentra la alcaldesa de la ciudad catalana, la cual también debe obedecer dichas reglas. Respecto a la corrupción, la normativa del grupo estipula: «Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».
Además, en una entrevista, Ada Colau aseguró que «hay muchos imputados que no dimiten», como es su situación actual. No obstante, la edil barcelonesa tiene claro lo que haría en este tipo de casos, someterlo a referéndum. Así, Colau sostuvo que lo que habría que hacer es validarlo con ciudadanía y hacer una consulta. El entrevistador, la situó en hipotético escenario de que ella fuera imputada y si dejaría su dimisión a decisión de la población, ante lo que la alcaldesa contestó de forma afirmativa explicando que se trata de «un hecho suficientemente grave como para que la ciudadanía opine». Este supuesto es al que se enfrenta actualmente, aunque parece que el referéndum no va a llegar ni los catalanes van a ser escuchados.
Por lo tanto, el mandato de Colau podría llegar a su fin antes de que se produzcan los próximos comicios, que tendrán lugar el próximo año 2023. Distintas formaciones políticas no han dudado en sacar a relucir esta falta de ética de la alcaldesa y han pedido su dimisión inmediata. Tanto Ciudadanos como PP, han solicitado que la edil barcelonesa deje sus cargos como recogen los estatutos tras ser investigada por «amiguismo».
Esta causa no es nada nueva, ya que el grupo Abogados Catalanes por la Constitución denunció el pasado marzo de 2021 ante la Fiscalía de Barcelona a la alcaldesa de la ciudad y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales. La acusación realizada dicha asociación el año pasado consistía en los mismo delitos por los que está siendo investigada actualmente: delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias. Asimismo, implicaba a las mismas beneficiarias a las que el Ayuntamiento de la ciudad catalana habría otorgado subvenciones, que son Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
En ese momento, la denuncia también recaía en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades. El objetivo de la denuncia era averiguar porque el Ayuntamiento dio directamente subvenciones a estas entidades sin realizar el preceptivo concurso. Además, el texto de la denuncia recogía que la concesión de subvenciones extraordinarias, según los denunciantes, «son parte de una continuidad y habitualidad absolutamente contrapuesta al término de excepcionalidad o extraordinaria», y que presuntamente se usaron para esquivar una licitación abierta o un concurso para concederlas.
El Tribunal de Cuentas también investigó un casos sobre el mismo tema: las subvenciones de Colau entidades sociales. En ese momento se admitió a trámite una denuncia de Sociedad General de Aguas de Barcelona contra la alcaldesa de la ciudad y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, por presuntas irregularidades en subvenciones a distintas entidades sociales. Los que se cuestionaba era el encargo de distintos estudios técnicos y jurídicos a Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) valorados en 360.000 euros para impulsar la municipalización del agua, una cuestión que la sociedad considera que queda fuera del ámbito competencial del Ayuntamiento.
Así, la polémica que rodea a la alcaldesa vira sobre los mismos derroteros, las adjudicaciones a dedo de contratos y subvenciones. Las prácticas «estrella» de Colau para llevar a cabo las adjudicaciones públicas, ya que son la herramienta perfecta para beneficiar a sus amigos. Esta fórmula ha sido una de las más utilizadas por la edil durante su mandato, más de 52,3 millones de euros en 2020 y más de 43,3 millones en el año anterior. Todas ellas a través de contratos de menores, modalidad que permite una adjudicación directa.
