Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Gobierno que «deje» el juego de uso partidista del debate social en torno al modelo de producción ganadera y declare de manera inmediata una moratoria de todos los proyectos de ganadería industrial e inicie una senda hasta su eliminación definitiva.
En un comunicado conjunto, las ONG ambientales instan al Gobierno a establecer una moratoria «a cualquier proyecto nuevo» o a toda ampliación de proyectos existentes; se alinee con marcos legislativos internacionales y establezca un diálogo social con el sector ganadero y la sociedad civil para diseñar una estrategia para transformar el sector y reducir de manera «paulatina» la ganadería industrial hasta su «total desaparición».
Para las ONG esta estrategia debería incorporar las externalidades negativas de la ganadería industrial en la fiscalidad. Además en la transición hacia la ganadería extensiva consideran que es posible aprovechar los fondos de la PAC y de recuperación post-covid.
Además, reclaman al Gobierno que desarrolle un marco normativo, comercial y fiscal para poder diferencia y favorecer la ganadería extensiva tanto en las políticas como con los mercados.
Por otro lado, solicitan aprobar una estrategia de carácter estatal para apoyar la ganadería extensiva, que elimine las barreras que afronta y asegure el futuro del sector mejorando su competitividad en el mercado mediante desgravaciones a los modelos extensivos por su contribución al bienestar de la sociedad en su conjunto.
Las cinco ONG critican que la ganadería intensiva genera «beneficios para unos pocos a costa de la degradación ambiental y el abandono rural» y defienden que la ganadería extensiva es la «única alternativa realmente sostenible» a la producción ganadera industrial que es capaz, al mismo tiempo, de contribuir a la lucha contra la despoblación rural y el cambio climático.
España es la fábrica de carne y lácteos de Europa y China, con la producción industrial de cantidades ingentes de animales para abastecer al mercado internacional», denuncian ante el debate surgido en los últimos días por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico ‘The Guardian.
Tras la polémica, proponen iniciar un «debate sosegado pero urgente y sin intereses partidistas» sobre los impactos del modelo agroalimentario en la lucha contra el cambio climático, la contaminación y el maltrato animal.
Al mismo tiempo, destacan que la ganadería industrial y sus impactos ambientales y sociales crecen sin cesar en los últimos años, mientras la ganadería extensiva y el mundo rural languidecen por falta de apoyo y una competencia injusta en precios.
Por ello, respaldan al ministro Garzón por sus palabras «coherentes con la ciencia actual en materia ambiental y de salud pública» y que están «avaladas» por organismos internacionales de máxima credibilidad como la ONU o la OMS.
Así, insisten en que es una «realidad indiscutible» que la cabaña ganadera industrial, especialmente cerdos y aves y, en menor medida vacas, está aumentando «rápidamente» mientras desciende el número de pequeñas explotaciones y el empleo en el sector, lo cual refleja su intensificación e industrialización.
En este contexto, atribuyen a la ganadería industrial «numerosos» impactos ambientales y sociales como la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y desplazamiento forzoso de poblaciones en zonas remotas donde se produce la soja para los piensos; contaminación de aguas, suelos y aire; contribución al cambio climático; vulneración de derechos humanos como el del acceso al agua potable; la despoblación en las zonas rurales donde se asientan estas macro explotaciones, y problemas de salud derivados de dietas excesivamente carnívoras y el abuso de antimicrobianos.
En defensa de la ganadería extensiva destacan que esta contribuye a proteger los pastos como sumidero de carbono, combatir incendios forestales y generar paisajes únicos y protegidos, como las dehesas.
Al mismo tiempo, añaden que son un reservorio de razas locales en peligro de desaparición, crean empleo rural, fijan población, proveen alimentos sostenibles y de calidad, contribuyen a la soberanía alimentaria y reconecta campo y ciudad, a través de los paisajes y la cultura que preserva.