La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue sumando contratos menores como herramienta para llevar a cabo las adjudicaciones públicas, las últimas han servido para acercar a sus amigos a su proyecto estrella (y controvertido): la municipalización del agua de Barcelona.
Los contratos menores son la herramienta perfecta para colocar a sus amigos y más cuando se trata de avanzar en un proyecto que tantas asperezas ha levantado entre los políticos catalanes. Una iniciativa que ha pasado hasta por el Tribunal de Cuentas y el Supremo.
Sin embargo, y muy a su pesar, Colau ha tenido que conformarse con un simple sistema de regadío, eso sí, dirigido por asociaciones de su afinidad que defienden las mismas posturas que la edil barcelonesa. Para esta causa también ha destinado una cuantiosa suma de dinero, en forma de subvenciones, a informes que respalden la viabilidad de su proyecto, un total de 875.293,54 euros a esta causa.
Entre dichas ayudas, 385.000 euros exactamente, fueron repartidas entre tres bufetes, con el objetivo de que confirmaran su intención de devolver al sector público la gestión del agua. Actualmente, el Tribunal de Cuentas se encuentra investigando este tipo de «subvenciones».
Esta formula ha sido una de las más utilizadas por la edil durante su mandato, más de 52,3 millones de euros en 2020 y más de 43,3 millones en el año anterior. Todas ellas a través de contratos de menores, modalidad que permite una adjudicación directa.
El Tribunal de Cuentas investiga este tipo de contratos precisamente tras el varapalo recibido por la alcaldesa por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la legalidad de una concesión a Agbar, concesionaria del servicio de la mayoría de los municipios metropolitanos.
Una cuestión que resulta un tanto confusa debido a la confrontación que supone la animadversión por la iniciativa privada de Colau y afán por contratar despachos privados de abogados con el dinero de los barceloneses.
Ada Colau no ha dudado en utilizar el dinero público de los barceloneses en conseguir, aunque sea por cabezonería, su gran proyecto, y para ello ha utilizado este tipo de contratos para rodearse de sus amigos y defensores de sus mismas posturas.
Reencuentro entre amigos
Uno de los beneficiados de estos contratos es Pedro Arrojo, relator especial de la ONU para asuntos del agua e íntimo de la alcaldesa. El viejo conocido de la edil también fue diputado por Zaragoza en el Congreso y su interés es exactamente el mismo que el de la alcaldesa de Barcelona: defender la gestión pública del agua.
El papel Arrojo es denunciar el comercio del agua, quien llegó a asegurar que 2.200 millones de personas no tienen acceso a este bien natural, para después matizar que se trata de personas pobres que viven en las cercanías de ríos contaminados.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y el relator especial de la ONU no tiene un pasado precisamente brillante. Fue presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la que aún aparece en el patronato, según la propia página web. Además, de haber sido socio-líder durante diez años de la polémica fundación Avina, que llegó a ser financiada por un cluster de poderosas multinacionales, pese a ser contrario a estas.
Siguiendo esta línea, promocionó dos Congresos Ibéricos sobre Planificación y Gestión de Aguas y del Encuentro Latinoamericano por la Nueva Cultura del Agua. Gracias a este apoyo pudo ejercer una intensa agenda en Latinoamérica. Sin embargo, numerosas asociaciones ecologistas le repudiaron por recibir los 100.000 euros de la Fundación a mediados del 2000.
Además, Arrojo entró en contacto con el magnate suizo Stephan Schmidheiny, el principal inversor en esta fundación, en 1998 y condenado a 18 años de cárcel por utilizar amianto en sus proyectos.
Además, y acercándose más al gran proyecto de su amiga, ha participado en varias actividades afines a su militancia política, como la presentación de un informe favorable a la tesis de Podemos en materia de gestión del agua urbana. Aunque no es la única, también ha asistido a actividades promovidas por el Observatorio del Agua de Terrasa, un grupo favorable a la remunicipalización de la gestión pública del agua, afín al partido que dirige Colau y que ha recibido concesiones y subvenciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
Su trayectoria hacen de Pedro Arrojo el candidato «ideal» para participar en el proyecto de la municipalización de las aguas de Barcelona con el que la alcaldesa Ada Colau está obcecada.
