La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este lunes que la inviolabilidad del jefe del Estado «se puede revisar» aunque ha reconocido que la «fragmentación política» hace que no sea el «momento más propicio para poder abordar una reforma constitucional», que requeriría el apoyo del Partido Popular.
Llop se ha expresado así en el Desayuno Informativo, en el que ha querido destacar los «grandes pasos» que el actual monarca, Felipe VI, está dando «en materia de transparencia y modernización» de la Casa Real.
La titular de Justicia, que ha reconocido que hay un «debate» en torno a la inviolabilidad del Rey, ha incidido en esos avances que, a su juicio, «deben salir de la propia institución». «En su momento se habló de esta cuestión (la inviolabilidad). Creo que hay que dar pasos hacia la modernización de todas las instituciones», ha afirmado.
Llop, que ha celebrado la posición de Felipe VI, ha sostenido que los ciudadanos «exigen a los responsables públicos» el cumplimiento de la legislación y ofrecer «todo tipo de explicaciones». «Y eso debe afectar a cualquier institución», ha apostillado.
SÁNCHEZ, PARTIDARIO DE RETIRAR «ESA CONDICIÓN»
Las palabras de la ministra llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostrase el pasado mes de octubre partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado, mostrándose consciente de que era improbable sin el concierto del principal partido de la oposición.
«Yo lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», explicó entonces Sánchez.
En este contexto, Llop también ha sido preguntada por el archivo de la Fiscalía de Ginebra de la causa abierta contra la examante del rey emérito Juan Carlos I, Corinna Larsen, y los gestores Arturo Fasana y Dante Canonica, entre otros, por la donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Don Juan Carlos y que acabaron en la Fundación Lucum.
«Aquí tengo que mostrar mi absoluto respeto por investigaciones que se llevan a cabo por la Fiscalía. Mi absoluto respeto por las investigaciones que se hayan hecho por las autoridades suizas», ha señalado.
EL GOBIERNO NO PUEDE «INTERFERIR» CON LA FISCALÍA
Así, y cuestionada sobre si el archivo puede afectar el resto de causas relativas al emérito, la titular de Justicia ha pedido tiempo. «También se está haciendo una por la Agencia Tributaria que no se sabe el resultado, vamos a ver cómo se concluye», ha añadido.
Llop, a la que se ha pedido un plazo acerca de cuánto pueden demorarse las investigaciones que la Fiscalía General del Estado tiene abiertas en torno al emérito, se ha remitido de forma directa el Ministerio Público. «Tendrá que preguntar a la Fiscalía: el Gobierno no puede interferir de ninguna manera», ha espetado.
En concreto, la Fiscalía del Supremo está investigando a Don Juan Carlos por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte del Rey emérito y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Por último, Llop se ha referido al hipotético regreso de Juan Carlos I a España después de su marcha a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Es una decisión que tiene que tomar el propio emérito y la Casa Real. No ostentamos la Jefatura del Estado y no tenemos nada que decir», ha asegurado.
En esta línea, la ministra ha dejado claro que «el Gobierno es respetuoso con lo que se decida por parte de quien» ostenta esa competencia y ha descartado dar su opinión personal: «Las opiniones que cada uno pueda tener forma parte de algo que no es lo que debe gestionar la política de nuestro país».
La titular de Justicia se ha expresado de esta forma en el Desayuno Informativo que ha estado patrocinado por Altadis, Cepsa, Fujitsu, la Fundación Ibercaja, KMPG, Suez y Telefónica.
