La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha asegurado que el texto acordado por el Gobierno y las CCAA para la certificación de mujeres víctimas de violencia de género «no es una barbaridad», sino que busca «ayudar» a aquellas mujeres en «situación vulnerable» para acceder a «recursos asistenciales». Además, ha aclarado que «no va en contra de la Justicia».
Tras las críticas que ha generado el texto desde algunos partidos porque permite acceder a esta acreditación a mujeres que no han denunciado, que están en medio del procedimiento judicial o que la condena al acusado haya sido absolutoria, Carmona ha explicado que esta situación ya existe en el país desde 2004 –con la Ley contra la Violencia de Género– y se reforzó en el Pacto de Estado (firmado en 2017) por la experiencia de quienes trabajan con esta lacra. Por lo que «no es algo nuevo».
En cuanto a la certificación sin denuncia, Carmona ha explicado que esta iniciativa empezó a plantearse al detectar que «el 80%» de las víctimas mortales de esta lacra «no había denunciado nunca» y que muchas mujeres víctimas están «desprotegidas» porque «les cuesta mucho denunciar».
«Porque tienen miedo a su agresor, porque tienen sentimiento de culpa, porque tienen miedo por sus hijos o porque no tienen apoyo de su entorno», ha explicado.
Y, aunque Carmona señala que «la denuncia es muy importante», para evitar «la impunidad del maltratador», sí reconoce que «en ocasiones» no existen pruebas que acrediten los hechos y que los puedan corroborar, porque «el agresor se ocupa de que no los haya», porque «no hay testigos» o porque «las propias mujeres tras la denuncia se acogen a su derecho a no declarar».
VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Esta es la situación por la que la legislación también permite a mujeres con condena absolutoria para el acusado, o para aquellas cuyo procedimiento haya sido archivado, acceder a estos servicios, ha explicado Carmona.
«No va en contra de la justicia, se trata de ayudar a mujeres que lo necesitan aunque no se haya podido acreditar su situación judicialmente», ha explicado la presidenta del Observatorio del CGPJ. En este sentido, ha recordado que el hecho de que las sentencias sean absolutorias o archivadas «no significa que sean falsas».
Según los datos de la Fiscalía en su Memoria Anual correspondiente a 2020, el año pasado se registraron 150.785 denuncias por esta lacra, de las que un 73% fueron condenatorias y no se registró ninguna denuncia falsa ese año.
Carmona ha señalado que, precisamente, estas situaciones se dan porque el sistema judicial español es «garantista» y «protege la presunción de inocencia». «Esto es lo que nosotros vemos en los juzgados», ha explicado.
Del mismo modo, Carmona ha explicado que a esta acreditación no puede acceder cualquier mujer porque todas ellas pasan por una «valoración de los servicios sociales» que determinan cuáles son las necesidades de cada una de ellas «de forma individualizada» y en los casos judicializados hay, además, informes del Ministerio Fiscal.
De este modo, ha apuntado Carmona, todas tienen acceso a defensa letrada de oficio, pero no todas necesitan acceder a una casa de acogida o a ayuda económica, porque tienen recursos habitacionales o trabajo, por ejemplo.
EVITAR EL ASESINATO
«El objetivo», ha insistido Carmona, es que estas mujeres y «especialmente las más vulnerables» puedan «salir del círculo de la violencia» y «evitar el delito más grave que es el asesinato».
En este sentido, la presidenta del Observatorio ha destacado el «impresionante protocolo» que el Ministerio del Interior ha iniciado hace unos meses, denominado ‘Protocolo Cero’, por el que permite que mujeres que no hayan denunciado tengan protección policial si fuera necesario.
Como ejemplo, ha explicado que, si la Policía recibe un aviso –de un familiar o vecino– y cuando llegan la mujer no quiere denunciar, se levanta un atestado por el que se valora el riesgo de esta mujer (con el sistema Viogén) que se envía al juzgado y, siguiendo el procedimiento, este decide si se investiga más. En este caso, a través de posibles testimonios de los hechos o con la obtención de otro tipo de información, se puede abrir un procedimiento.
Finalmente, Carmona apunta que el texto aprobado en noviembre por Gobierno y CCAA, que son las que tienen las competencias en los servicios a estas mujeres, ya se había pactado en 2019, para poner en marcha las recomendaciones del Pacto de Estado. Así, el nuevo texto que se ha conocido ahora lo que determina es el «procedimiento» concreto para igualarlo en todas las regiones, pero no cambia «la forma».
