El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves la convalidación del Real Decreto-ley que transpone a la legislación española la Directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital y su tramitación como proyecto de ley.
Varios grupos parlamentarios, como Ciudadanos o PNV, han avanzado que pedirán que el texto se tramite como proyecto de ley para introducir modificaciones al mismo. El propio ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, dijo este martes en Bruselas que prevé que se tramite como proyecto de Ley, una vez que el Congreso lo convalide.
«Vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque muy probablemente tendremos convalidación seguida de tramitación parlamentaria y, por lo tanto, habrá posibilidades de enriquecer el texto y encontrar equilibrio entre negociación individual y colectiva», ha afirmado al ser preguntado por la critica de asociaciones de medios europeos, que consideran que la negociación colectiva no estaría suficientemente garantizada y piden mejorar ese aspecto. Iceta confía en llegar a una solución «a gusto de todos».
Entre otras cuestiones, la normativa permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.
En concreto, en cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea (artículo 15 de la directiva europea), el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea.
Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Con la transposición de la Directiva europea, se regula en España la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.
Respecto al modo de gestión de este derecho, el Real Decreto-ley no se pronuncia, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.
Según el texto, la negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará «de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación».
La redacción del texto aprobado por el Gobierno divide a los editores. Mientras que fue aplaudido por el Club Abierto de Editores (Clabe), otros están en contra, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), así como ‘Seguir Creando Digital’, o la entidad de gestión de derechos, CEDRO, que ayer mismo defendió la obligación de gestionar colectivamente los derechos.
La redacción actual del texto aprobado por el Gobierno motivó que Google anunciara que su servicio de Google News volvería a principios de 2022 a España, siete años después de su cierre.
