Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han urgido este martes a desbloquear las negociaciones de convenios colectivos para garantizar un equilibrio en las relaciones laborales y que las ayudas públicas a las empresas tengan también repercusión en las condiciones y los salarios de las plantillas.
«O hay reparto o hay conflicto», ha dicho Unai Sordo en declaraciones a los medios antes de participar junto a Pepe Álvarez en el ‘Acto Cultural por un Trabajo Decente’ organizado en el Teatro Filarmónica de Oviedo, en compañía de los secretarios generales de CCOO y UGT de Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero.
Asimismo, los dirigentes de CCOO y UGT aprovecharon su presencia en la capital asturiana para reivindicar la conexión del sindicalismo con la cultura y la sociedad civil, al tiempo que han mandado su «solidaridad» a los compañeros y compañeras convocantes de la huelga del metal en Cádiz, que han hecho extensiva al metal en Alicante, a trabajadores del comercio y de la hostelería o del sector de supermercados.
«Estamos en un momento especialmente importante; tenemos abierta una mesa de negociación de la que queremos que cambie sustancialmente el sistema de relaciones laborales de nuestro país y queremos hacerlo a partir de la negociación colectiva», ha apuntado Pepe Álvarez.
Asimismo, Unai Sordo ha reclamado «dar carpetazo» a la reforma laboral del PP de 2012, que considera «la culpable de muchos de los bloqueos de la negociación colectiva y de los convenios colectivos que se vienen produciendo en España en la última década».
También ha reprochado la «actitud premeditada» de organizaciones empresariales que, en lugar de mostrar «el nivel de corresponsabilidad suficiente», bloquean la negociación colectiva «después de chupar del bote» recursos públicos. «O hay reparto o hay conflicto. Si no se mejoran los salarios, los conflictos laborales en empresas y en sectores están garantizados», ha apuntillado.
Acabar con la precariedad y la temporalidad; reforzar la Inspección de Trabajo para que se convierta en una «máquina antifraude»; una tabla de sanciones que disuada a las empresas de contrataciones irregulares; o la regulación de los ERTE, son algunos de los objetivos apuntados por los dirigentes sindicales.
