Los ordenadores, tabletas y teléfonos móviles que pertenecían a la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol y que fueron robados a punta de pistola en un traslado por carretera, después de que la Audiencia Nacional acordara devolvérselos, se dan «definitivamente por extraviados» hasta el punto de que la Justicia ya no investiga el caso.
Los dispositivos estaban en poder de la Audiencia Nacional desde 2014 tras una serie de entradas y registros efectuados en el marco de la causa donde investiga el origen del patrimonio familiar. Los Pujol llevaban tiempo pidiendo al Juzgado Central de Instrucción que se los devolviera, algo a lo que finalmente accedió el año pasado.
El procurador contratado por el clan recogió los aparatos electrónicos en la Audiencia Nacional y se los llevó a su despacho, donde fueron recogidos por la empresa de mensajería MRW para trasladarlos a Barcelona por orden del bufete de abogados que representa a la familia, pero nunca llegaron.
A las 19.45 horas del 23 de noviembre de 2020, cuando la furgoneta de MRW se encontraba parada en un semáforo en la avenida de Entrevías de Madrid, un todoterreno negro le cortó el paso, sus cuatro ocupantes se bajaron, rompieron los cristales de la camioneta de reparto, sacaron al conductor a punta de pistola y se fueron con los dos coches.
Al día siguiente, el conductor de MRW denunció los hechos en una comisaría de Policía Nacional precisando que el cargamento de los Pujol no era lo único que transportaba. Llevaba también relojes de marca.
La furgoneta fue encontrada días después en Getafe completamente calcinada y con parte de la mercancía que albergaba desperdigada en los alrededores. De hecho, algunos objetos aparecieron en la M-45. Las pertenencias de los Pujol no estaban.
La Policía investigó el tráfico de llamadas telefónicas entre los tres escenarios –el del atraco, donde hallaron la camioneta y donde se encontraron algunos objetos–, si bien esta pesquisa no ofreció resultados.
CASO ARCHIVADO
Así las cosas, el 2 de diciembre de 2020, MRW notificó a los abogados de los Pujol, que eran quienes habían contratado a la empresa para este transporte, que daba «definitivamente por extraviados» los dispositivos, según las fuentes consultadas.
El Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid asumió y desarrolló una pequeña investigación sobre lo ocurrido, pero el pasado 21 de mayo decidió archivar el caso ante la falta de avances.
Los aparatos robados se habían usado en la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, que ya ha dado paso a la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán y sus siete hijos –Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola– por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
Por otro lado, en Barcelona, otro juzgado de instrucción, el 28, investiga las tres «intrusiones» que tuvieron lugar el 27 de febrero de 2013 en la casa donde en ese momento residían la hija pequeña y la ex mujer de Jordi Pujol hijo, concretamente a las 2.30, 5.45 y 15.30 horas de ese día, sin que tampoco se tengan noticias de progresos en esta causa, de acuerdo con un reciente escrito de la defensa de la familia.
