El Gobierno ha decidido de nuevo mantener congelada la partida destinada a sufragar gastos reservados en los Presupuestos Generales para 2022, con una previsión global de 27,86 millones de euros, unas partidas que se mantienen ajenas al control del Congreso desde hace dos años y medio puesto que la Cámara siguen sin constituir la comisión que se encarga de ello y de vigilar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El proyecto presupuestario, presentado este miércoles en el Congreso, recoge las mismas cifras que las cuentas del presente ejercicio que, a su vez, no variaban respecto a las prorrogadas del Ejecutivo de Mariano Rajoy correspondiente al año 2020.
Así, el 71% de estos fondos se asignan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa, que dispondrá de un total de 19,8 millones de euros, una cifra que se mantiene invariable desde 2013.
Además, el departamento que dirige Margarita Robles dispone de otra partida para gastos reservados en manos de la Secretaría de Estado, que vuelve a cifrarse en 500.000 euros, la misma cuantía que los últimos años.
Asimismo, el Gobierno socialista mantiene el incremento del millón de euros que en 2018 el de Rajoy otorgó al Ministerio del Interior para gastos reservados, y vuelve a destinar para ello una cuantía anual de 7.374.610 euros. Es la cifra más alta de los últimos años, pues entre 2009 y 2012 funcionó con 6,70 millones.
También se mantiene invariable en las cuentas públicas del Ejecutivo para el próximo ejercicio el dinero dedicado a gastos reservados correspondiente al Ministerio del Asuntos Exteriores y Cooperación, cifrado en 186.310 euros.
LA LEY NO SE CUMPLE
Conforme a la legislación vigente, los titulares de los tres Ministerios que disponen de fondos reservados deben comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de la utilización de estas partidas pero, al tratarse de fondos de especial naturaleza, lo hacen en sesión secreta ante la Comisión de Gastos Reservados, de la que sólo forman parte un diputado de cada grupo parlamentario, elegido por una mayoría cualificada del Pleno del Congreso.
Sin embargo, esta comisión lleva casi dos años sin constituirse y no se reúne desde hace 30 meses porque los vetos cruzados entre los partidos impiden un acuerdo de mínimos que permita elegir en sesión plenaria a sus integrantes.
La última vez que la también conocida como Comisión de Secretos se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales como consecuencia de las elecciones generales del 28 de abril, y desde entonces no ha habido más comparecencias.
El Congreso surgido de los comicios de abril de 2019, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses.
VETOS CRUZADOS
El problema es que para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara (210 votos), en una votación secreta mediante papeleta en urna, para lo cual se requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el clima político no parece muy propicio.
Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión, es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.
Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP, por su parte, también avanzó que no apoyarían que Bildu pudiera controlar los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.
