Este pasado lunes era el gran día. Toda una exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, declaraba en el interrogatorio como imputada ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala. Recordemos que el juez citaba a declarar a Laya por el caso de Brahim Ghali. Le expectación era máxima por ver como González Laya explicaba su actuación y la del Gobierno tras acoger en España al líder del Frente Polisario la pasada primavera por «motivos humanitarios».
Pero el titular que ha copado parte de los medios de comunicación es la ley franquista a la que se ha aferrado González Laya para justificar el no señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso donde se autorizó la entrada a nuestro país de Ghali. ¿Tiene fundamento real todo ello?
GONZÁLEZ LAYA SE AFERRA A LOS SECRETOS OFICIALES
Realmente, Laya se amparó este lunes en un acuerdo de 2010, concretamente el del Consejo de Ministros sobre secretos oficiales. Se amparó en esa resolución para no responder a la pregunta del magistrado Rafael Lasala sobre quién o quiénes acordaron la entrada del Ghali el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza.
Dicho acuerdo, sellado concretamente en el Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, amplió las materias a incluirse en la Ley de Secretos Oficiales, ya existente. Se añadieron en este ámbito todos los documentos e informaciones «cuya revelación no autorizada pueda dañar o poner en grave riesgo las relaciones diplomáticas con terceros países», como se cita textualmente. Pero lo curioso es que dicho acuerdo nunca se publicó en el BOE. Era lógica por tanto la respuesta de Lasala de que desconocía ese particular. Pero, ¿es esta ley de origen franquista?
SE AMPARAN EN UNA LEY QUE PRETENDEN ELIMINAR
Ahí está la paradoja. El Gobierno ha manifestado reiteradas veces que querían eliminar la ley de secretos oficiales, seguramente en parte porque data de la época franquista. La norma se publicó en 1968, donde declaraba como materias clasificadas “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.
Dichas materias pueden dividirse entre «secreto» o «reservado», según el nivel de protección. ¿Quiénes deciden esta clasificación y dónde va cada cuál? El Consejo de Ministros y el Consejo de Jefes de Estado Mayor, es decir, todo al más alto nivel.
Pero la cuestión es que, a pesar de usar Laya esa ley para evitar declarar todo lo que debiera como imputada, es irrefutable que existe y que la izquierda quiere abolirla, con el objetivo de borrar cualquier atisbo o herencia franquista. Sin embargo, no han sido los únicos que han intentado acabar con dicha ley, y no precisamente de izquierdas.
Pero hay otra vertiente, la de fuentes judiciales y expertos en la materia, que ponen en duda la vigencia de una norma que nunca ha sido publicada en el BOE. No opinan lo mismo los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, que también en su momento se ampararon en dicha ley para no dar información.
EL INTENTO DEL PNV
Como era de esperar, los siguientes tanto o más interesados en que no haya secretos oficiales son los nacionalistas. El PNV no hay sido el único pero si el último en intentar acabar o al menos modificar sustancialmente esa ley, sin éxito. Fue el 15 de enero de 2020 a través de una proposición de ley que si fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso.
En el texto de la iniciativa, se hace hincapié en «abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad». Sin embargo, el Gobierno por ahora ha decidido congelar su reforma hasta al menos el próximo año, lo que ha servido a González Laya como argumento legal para no responder a ciertas cuestiones, como si de una película de espías o de geopolítica se tratara.
LAYA INSISTÍA EN EL AMPARO DE LA LEY
Por todo ello, a la salida tras su declaración, González Laya reiteraba a los medios de comunicación que «Todo se ha hecho conforme a la ley». «Hemos aportado todas las explicaciones y pruebas», dijo, y añadió que «espero que el juez llegue a la misma conclusión». Además, mostraba su confianza en que «tome una decisión pronto», que Laya y el Gobierno consideran que debe de ser el sobreseimiento de la causa.
«espero que el juez llegue a la misma conclusión»
Y es que lo que el magistrado investiga conlleva un delito grave de prevaricación o de encubrimiento y de falsedad documental, donde también está imputado el ex jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, que declaró ante el juez que había recibido instrucciones de la exministra para facilitar la entrada de Ghali en España. Obviamente, el subordinado apunta a su superior y justifica el acto como de obediencia debida, de la que no es responsable.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Recordemos que todo comenzó cuando se filtró la presencia de Ghali en nuestro país, a donde llegó en estado grave tras haber contraído el covid. Se le había autorizado la entrada en España y se le ingresó en el hospital de Logroño para su tratamiento y convalecencia.
Al margen de la crisis diplomática con Marruecos que provocó, se obvió el hecho de que cuando Ghali llegó a España tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional, aunque no está demostrado que además estuviera reclamado internacionalmente por causas criminales.
En cambio, tampoco olvidemos que el líder del Frente Polisario tiene la nacionalidad española y por tanto se podría considerar su llegada como la repatriación de un español enfermo. Como vemos, un panorama enrevesado que mezcla diplomacia, leyes pasadas, normas presentes quizá no vigentes oficialmente, secretos de Estado y el debate eterno sobre opacidad gubernamental e intereses nacionales y qué debe de primar más.
