El PP y Vox quieren aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para exigir cuentas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el caso Ghali, y además, los de Santiago Abascal forzáran una votación al respecto, pero ya a mediados de octubre.
En concreto, la portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, Valentina Martínez, intentará que Albares le detalle «hasta dónde alcanzan las responsabilidades» de la estancia ‘secreta’ del líder de Frente Polisario en España la pasada primavera, cuando estuvo ingresado en un hospital de La Rioja aquejado de Covid-19.
El juez que investiga los hechos ha citado como imputada a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, y se ha pedido también la declaración de otros miembros del Gobierno, así como la de las jefas de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.
En ese contexto, el PP ha solicitado la creación de una comisión de investigación para que, con independencia de las responsabilidades penales que se puedan derivar de este asunto, la Cámara determine el alcance de las responsabilidades políticas, habida cuenta de que la hospitalización de Ghali generó una crisis diplomática con Marruecos.
En palabras de la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, el Congreso tiene que aclarar quién es «la x» de este caso, es decir, «quién dio la orden» de permitir la entrada del líder del Polisario en España.
LAYA NO ACTUÓ SOLA
Los ‘populares’ consideran que este fue el motivo del cese el pasado julio de González Laya, pero están convencidos de que la exministra no pudo actuar sin tener el beneplácito o directamente sin haber recibido órdenes de su superior jerárquico.
Una tesis similar es la que maneja Vox, que también exige saber quién tomó esa decisión. Con este objetivo los de Santiago Abascal han presentado una interpelación para que Albares aclare sus dudas ante el Pleno.
Tras ese debate con el ministro los del Santiago Abascal registrarán una moción para que el Congreso se pronuncie sobre a polémica. Ese texto se someterá a votación en el primer Pleno de octubre, que tendrá lugar tras el puente del 12 de octubre.
