El Gobierno mantiene su intención de que el lobo ibérico esté incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para el conjunto de España, como muy tarde el próximo sábado, 25 de septiembre, con lo que quedará prohibiza su caza en toda España.
Según han señalado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes de la publicación de la orden ministerial que modifica el Real Decreto para el desarrollo del LESPRE y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, el departamento que dirige Teresa Ribera tiene que analizar el último dictamen del Consejo de Estado.
De ese modo, a tenor de lo que ese dictamen apunte a las respuestas que el MITECO le remitió tras la solicitud de aclaración que le requirió el órgano consultivo del Estado, el Gobierno modificará o no la orden ministerial antes de su envío al Boletín Oficial del Estado para su publicación.
El borrador de la orden ministerial señalaba que la decisión, adoptada el 4 de febrero por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de Biodiversidad, surtirá efectos desde el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y «en todo caso el 25 de septiembre de 2021». Fuentes del MITECO han apuntado que la voluntad de cumplir con ese plazo, para el que queda una semana, sigue vigente.
De ese modo, se homogeneiza la protección de la especie en el conjunto del país ya que hasta ahora solo estaban incluidas en el LESPRE las poblaciones al sur del Duero –donde hay menor población e incluso está extinguida en algunas áreas– mientras que en algunas comunidades autónomas, al norte de ese río estaba considerada especie cinegética.
Por su parte, el Consejo de Estado ha confirmado que el dictamen definitivo fue aprobado este jueves, antes de las 15.00 horas, por la Comisión Permanente y que el documento fue remitido por vía electrónica durante la mañana del viernes, 17 de septiembre.
Esta semanam el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó por carta a las organizaciones agrarias de que su departamento había elaborado propuestas para la elaboración de una Estrategia del Lobo que garantice tanto la supervivencia de la especie como la preservación del modelo agroganadero extensivo.
No obstante, en la misiva reconoció a las organizaciones ASAJA, UPA y COAG que prohibir la caza del lobo sin consensuar un plan de conservación de la especie con todos los actores implicados generaría «incertidumbre» a las granjas extensivas.
«Compartimos la intención de establecer, en base al consenso y al diálogo, pero por encima de todo al conocimiento y la excelencia científica, una estrategia común que integre los distintos puntos de vista, tanto de nuestros ganaderos extensivos, mantenedores de los valores identitarios de nuestro mundo rural y su rico patrimonio natural, así como de los que trabajan para la conservación del lobo», asegura.
Sin embargo a las fuentes del MITECO consultadas no les consta que las propuestas de Agricultura -enviadas en el marco del plazo de la consulta pública del proyecto de orden ministerial — se hayan incluido en el texto que se remitió para consulta al Consejo de Estado.
Lo que no cambiará es el grueso de la decisión, es decir, la inclusión del lobo en el LESPRE, de modo que a partir de su entrada en vigor quedará prohibida su caza en toda España, tanto al norte como al sur del Duero. Se trata, según fuentes ministeriales de una decisión adoptada según las normas y respaldada por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, de modo que no habrá en ese aspecto un paso atrás.
La decisión satisface las demandas de las organizaciones ecologistas, que reclamaban la protección de la especie y ponerla a salvo de la caza desde hace años. Sin embargo, las organizaciones agrarias y los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León –que albergan en torno al 95 por ciento de los ejemplares de toda España– se oponen a la medida y han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que además pedirán medidas cautelarísimas hasta el pronunciamiento de la justicia.
A su juicio, antes de considerar la prohibición de cazar la especie es preciso realizar un censo que actualice la distribución y número de los ejemplares de lobos en España y, con esa base, elaborar una estrategia de gestión conjunta por parte de estas cuatro comunidades autónomas para su posterior discusión en la Conferencia Sectorial de Medioambiente, donde participa el conjunto de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas afectadas alegan la caza como una herramienta de gestión de las manadas y, como en el caso de Castilla y León, una fuente de ingresos adicional para los territorios rurales como la Sierra de la Demanda, en Zamora, que afronta altas tasas de despoblación y cuenta con la mayor colonia lobera de Europa.
En febrero estas comunidades acusaron al Gobierno irregularidades en el proceso habitual de toma de decisión en el Comité Estatal y en marzo, tras conversar con las comunidades autónomas recabaron el apoyo a su protesta de País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta así como de las Organizaciones Profesionales (OPAS). A su juicio, la gestión del lobo debe pasar por una defensa de la especie basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia y pidieron a la ministra Teresa Ribera que renunciara a continuar con la tramitación, algo que esta no ha hecho.
Las consejerías de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León están a la espera de la publicación de la orden ministerial para su análisis y posterior presentación del recurso a la decisión del Gobierno.
DECISIÓN HISTÓRICA
Mientras, las organizaciones ambientales que llevaban años pidiendo la prohibición de cazar lobos en toda España desde hace años, como Ascel, Ecologistas en Acción, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, califican de «éxito» para una especie «clave» y cuya conservación es necesaria e «inseparable de la defensa de la biodiversidad ibérica».
Ecologistas en Acción recuerda como desde la década de los 70 el lobo ibérico estuvo muy cerca de extinguirse y califica de «nefasta» la gestión realizada por las comunidades autónomas de la mitad norte de la Península.
Por su parte, para WWF la protección del lobo es un «paso de gigante» para el medio ambiente porque a partir de ahora la especie será gestionada de la misma forma en el conjunto de España al ser considerada como una sola población. El secretario general de WWF, Juan Carlos Del Olmo, estima que la decisión «no política sino basada en la ciencia» supondrá asimismo una «gran oportunidad» para el mundo rural y la ganadería.
La decisión fue apoyada por cerca de 500 personas procedentes de las ONG, la Universidad y el mundo científico, que firmaron un manifiesto para apoyar al Comité Científico que emitió el dictamen favorable a incluir la especie en el LESPRE.
Por su parte, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arrean, considera que la decisión está «fuera de la lógica» porque trata de imponer una decisión sin realizar un diagnóstico previo de la especie. Asimismo, defendió la gestión realizada en la comunidad autónoma donde vive la mayor población lobera de España se encuentra «en estado favorable».
De acuerdo con el borrador conocido de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo que prepara el Ministerio, el objetivo es pasar de las 297 manadas actuales a 350 en 2030 y extender su distribución entre un 10 y un 20 por ciento.
