«Las grandes plataformas son medios de comunicación y deben someterse al control democrático, a las mismas reglas y exigencias legales que los demás medios». Esta es la principal conclusión en la que han coincidido hoy Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español, y María Peral, periodista especializada en información judicial, en una sesión del seminario ‘Libertad de expresión en la era digital’, celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Las dos expertas han alertado del peligro que representa para la convivencia democrática la manipulación de los datos de los ciudadanos; e indicaron que «hace falta leyes para combatir contra la desinformación y las fake news».
El ciclo de conferencias, organizado por el Consejo Social de UNIR en colaboración Nueva Revista, está dirigido por Sánchez de Lara, presidenta de Tribune for Human Rights (THRibune); directora para Europa de International Human Rights Legal (IHRLegal); socia titular de Sánchez de Lara Abogados y vicepresidenta de El Español.
Sánchez de Lara ha abierto la sesión, que ha estado moderada por Juan Carlos Laviana, director de Nueva Revista, citando a Noam Chomsky: «Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en absoluto». Pero ha advertido del peligro que supone abusar de la misma, mediante la manipulación que suponen las fake news y la falta de control de las grandes plataformas. Puso el ejemplo de un bot de Inteligencia Artificial de Microsoft que, en 2016, se convirtió en manos de los haters en nazi y homófobo; y del uso que el Ejército de Myanmar hizo de Facebook para justificar la matanza de civiles, presentándolos como enemigos del Estado.
«Las redes, el espacio virtual, el acceso ininterrumpido a la posibilidad de atacar la integridad ajena, a través de dispositivos electrónicos, y con total impunidad han superado con creces los Dos Minutos de odio -fomentados por un Estado totalitario- de la ficción de George Orwell», ha señalado. Y ha agregado que «los cambios de algoritmo, que invisibilizan contenidos rigurosos y de calidad, suponen una manipulación y nos convierten a los ciudadanos en esclavos hasta cierto punto del dictado de las plataformas».
NO HAY LEGISLACIÓN SUFICIENTE
«Se convierte en enemigo público de la sociedad -apostilló Sánchez de Lara- quien vulnera la libertad de expresión, prohibiéndola; pero también quien hace un mal uso de ella o se excede, con malicia, dolo, mala fe». Y debe encontrarse con «el reproche y el castigo social». El problema es que «no hay legislación suficiente para combatir contra la desinformación y las fake news; y el camino de los ciudadanos para recurrir a los tribunales es largo y complicado».
Por su parte María Peral, adjunta al director de El Español, ha puesto como ejemplos de los graves peligros que puede entrañar la manipulación de las redes en la economía, en los procesos electorales o incluso en la vida de las personas -como el periodista disidente saudí Jamal Kashogui-. Y señaló que no hay libertad de expresión «en atentar contra la democracia dirigiendo el voto de los ciudadanos» o cuando se «ataca nuestro sistema de valores».
Ha explicado que en «la falta de control está el negocio de las grandes plataformas», a diferencia de los medios de comunicación sometidos «al control de la veracidad», y la actuación de los tribunales «que aplican el código penal cuando los periodistas lanzamos calumnias.
Ha coincidido con Cruz Sánchez de Lara en considerar «medios de comunicación» a las grandes plataformas, «en la medida en que seleccionan y jerarquizan los contenidos que difunden»; y, por lo tanto, deben tener reglas claras de control y someterse a límites. Indicó que sería preciso «comisiones de censura, pero formados por expertos independientes y dotados de herramientas».
«Las plataformas digitales y redes sociales invocan la autorregulación, pero me parece insuficiente. Han hecho méritos para que no podamos fiarnos». El Plan de la Unión Europea contra la desinformación – ha indicado Peral- ha sido un primer paso, efectivo en los contenidos relacionados con la pandemia; «pero no basta».
Además de nuevas leyes para defender al ciudadano de la desinformación, la periodista considera que es necesaria una concienciación de los usuarios, comenzando por los menores y los jóvenes. Citó el caso de Finlandia y Suecia «donde en los colegios se enseña cómo detectar la desinformación, quienes están detrás y qué intereses tienen».
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