Cataluña ha perdido 1.700 millones de euros y cientos de miles de empleos gracias a sus políticos. Los artífices de tal mérito han sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés que se han posicionado en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat por motivos ecologistas. Ambos líderes catalanes han convencido al Gobierno para cancelar este proyecto que trataba de convertir al aeropuerto barcelonés en un hub internacional como ya es el aeropuerto de Madrid que cuenta con cuatro terminales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha puesto las manos para ver si esa inversión que ha rechazado Cataluña puede caer en Barajas, pero aún no hay respuesta. «Madrid recibiría con los brazos abiertos esos 1.700 millones de ampliación de El Prat para Barajas”, ha asegurado el alcalde.
El objetivo de la ampliación era convertir al aeródromo en una instalación aeroportuaria más grande, intercontinental, con dotación presupuestaria y unas previsiones atómicas de empleo. Sin embargo, tanto Colau como Aragonés han hecho campaña para que no se lleve a cabo ya que alegan que la ampliación se iba a realizar sobre la laguna de la Ricarda, un espacio protegido por la red Natura 2000. El ecologismo de los dirigentes catalanes ha ganado sobre el desarrollo económico que traerían las inversiones sobre la infraestructura de transporte más importante de la región.
«Es una ampliación del siglo pasado que acelera el cambio climático. Nosotros apostamos por la movilidad sostenible, el transporte publico y movilidad vía trenes«; ha dejado claro al alcaldesa de Barcelona posicionándose a favor de la industria ferroviaria en vez de desarrollar la infraestructura aeroportuaria por excelencia en Cataluña.
Gracias a toda esta campaña ecologista de los líderes catalanes, Aena se ha quedado sin proyecto. Los dirigentes de la empresa han culpado al Govern de esta situación que en palabras de Maurici Lucena, presidente de Aena, es “una lástima para Barcelona, para Cataluña y evidentemente para Aena, que es quien proponía la inversión y quien la pagaba”.
UNA VEZ MÁS EL GOBIERNO SE DOBLEGA ANTE CATALUÑA
La alcaldesa de la ciudad condal y el presidente de la Generalitat han conseguido convencer a la la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera para que paralice la generosa inversión de 1.700 millones de euros. A juicio de Colau y Aragonés el proyecto redactado por Aena es «un despropósito y contradictorio con la emergencia climática que se vive en la actualidad».
el Ejecutivo ha cedido a las presiones y ha decidido paralizar las inversiones
Así, el Ejecutivo ha cedido a las presiones y ha decidido paralizar las inversiones. No obstante, la ministra Raquel Sánchez ha echado la culpa a la Generalitat de Cataluña por la pérdida de confianza. «El Gobierno no va a imponer la ampliación del aeropuerto porque la Generalitat no lo hace posible«, ha apostillado la titular de Transportes. «No han tomado una decisión madura sobre esta gran inversión», ha zanjado Raquel Sánchez.
Después de conocerse por sorpresa la decisión del Ejecutivo central, Pere Aragonès, ha tachado de «chantaje» que se suspenda la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona y ha asegurado que el Gobierno no quiere invertir en Cataluña. «Hoy ha quedado patente lo que se sospechaba desde el primer minuto: que el Gobierno español y Aena han hecho una operación de chantaje y que nunca han tenido la voluntad de invertir en Cataluña ni de hacer del Aeropuerto de El Prat un hub internacional», ha reprochado a través de su cuenta de Twitter en la que se olvida mencionar las trabas que su Govern ha impuesto para que se paralizara la inversión que ya estaba aprobada.
Esta falta de acuerdo entre Administraciones ha hecho que el aeródromo barcelonés ya no sea el hub previsto capaz de acoger vuelos intercontinentales. Todo para proteger a La Ricarda, una laguna centenaria aislada en plena desembocadura del Llobregat que yace al lado del aeropuerto catalán. Este espacio protegido ha sido motivo suficiente para que la alcaldesa de Barcelona y el presidente del Govern hayan decidido paralizar la inversión millonaria que tenía previsto llegar a Cataluña y que iba a crear cientos de miles de empleos para los catalanes. Conjugar la conveniencia económica y estratégica de la inversión con su viabilidad medioambiental no ha sido posible.
