Comienza el curso político y en breve también lo hará el curso escolar y la nueva ley educativa sigue siendo una asignatura pendiente. Se trata de la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que sigue desatando ampollas entre administraciones y que necesita una mayor negociación ya que gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, están dispuestos a exprimir al máximo sus competencias con el objetivo de «enderezar» algunos puntos de este texto con los que no esta de acuerdo.
El Ejecutivo madrileño lleva meses criticando esta nueva ley. A través de la Consejería de Educación, liderada por Enrique Ossorio Crespo, la Comunidad de Madrid se ha plantado en contra de este texto. El primer punto de inflexión fue la enseñanza concertada y la educación especial, mientras el Ministerio de Educación propone reforzar la enseñanza pública en vez de la educación de carácter religioso, la región madrileña se ha propuesto blindar la concertada. Para ello, la Comunidad usará todo lo que esté en su mano y ya ha decido ampliar los conciertos a 10 años para así esquivar esta polémica Ley Celaá.
Otro punto de conflicto en materia educativa llegó a principios del verano con el texto de Decreto y promoción y titulación que propone como opción el aprobado general y la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas. El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, considera que este aspecto «rebaja la calidad del sistema educativo español» y acaba con «cualquier requisito que implique exigencia», por lo que la Comunidad de Madrid hará «exactamente lo contrario» y primará «el mérito y el esfuerzo».
DOS MILLONES DE LIBROS A LA BASURA
Pero el choque entre Administraciones no cesa y esta vez por el temario a estudiar conocido técnicamente como el currículo. La Comunidad de Madrid ha criticado que la LOMLOE busca «que se aprendan menos conocimientos» en pos de que los alumnos sean «felices y que en todas las asignaturas se estudie la ecología, el sexo y el género«. Enrique Ossorio ha destacado que se deben estudiar estos conocimientos pero que no se puede olvidar el temario clásico actual. Y aquí, el Ejecutivo regional tiene margen de maniobra ya que las comunidades pueden regular el 40% del currículo.
«El problema que tenemos con estos currículos es que en el curso 22-23 se tirará la mirad del fondo a la basura y la otra en el 23-24»
Sin embargo, este cambio de temario hará que se tengan que cambiar los libros. También los ejemplares del programa de préstamo Accede en el que las arcas regionales desembolsan alrededor de 30 millones de euros para conseguir un fondo de cerca de dos millones de libros para los alumnos madrileños con menos recursos. Ossorio ha recalcado que Madrid tendrá que tirar estos libros de texto a la basura tras la implantación del nuevo currículo educativo. «El problema que tenemos con estos currículos es que en el curso 22-23 se tirará la mirad del fondo a la basura y la otra en el 23-24», ha reprochado el consejero madrileño.
Todos estos frentes tendrán que ser abordados por la nueva ministra de Educación y Formación Profesional del Ejecutivo nacional, Pilar Alegría, que recoge el testigo de su antecesora en el cargo y autora de este polémico texto, Isabel Celaá. Para ello, Alegría se reunirá con los consejeros autonómicos de Educación este miércoles 25 de agosto en un encuentro de carácter extraordinario para repasar el protocolo acordado en mayo y abordar el inicio del curso escolar. Veremos si Alegría y Ossorio llegan a un acuerdo sobre la nueva ley educativa que llegará a los centros escolares en 2022.
