La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a través de sus servicios jurídicos, ha presentado este lunes un recurso por vulneración de derechos fundamentales ante la Audiencia Nacional, para lograr que se dé por anulada la instrucción emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad que ha impulsado la deportación sumaria de los menores migrantes residentes en Ceuta desde la crisis migratoria del mes de mayo.
La entidad ha explicado en un comunicado que ha tomado esta decisión tras constatarse por las informaciones públicas y publicadas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía y el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que en esta medida no se estaban siguiendo los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado entre Marruecos y España.
En base a este incumplimiento, explica la Red, se pide que esas instrucciones sean calificadas como «declaración contraria a derecho» lo que de sustanciarse, supondrá la nulidad de la ejecución de esta instrucción y cuantas se hayan dado dependiendo de ellas.
Desde la Red se ha pedido, así mismo, acumular ante la Audiencia Nacional todas las actuaciones previas interpuestas por otras entidades, al tiempo que se ha aportado para su posterior incorporación a la instrucción los datos y actuaciones emitidas por todos los organismos, entidades y organizaciones, incluyendo UNICEF , Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y otros como el Consejo General de la Abogacía, al considerarlos de expreso interés para el proceso.
REUNIONES CON LOS GRUPOS EN EL CONGRESO
También se incluye el escrito emitido por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Dirección General competente en materia de Infancia, en el que se recoge cómo no se ha puesto en marcha, siendo ellos los competentes, protocolo de respuesta y garantía de los derechos de los menores bajo ningún concepto.
«Desde la Red Española de Inmigración solicitamos, urgentemente, que se proceda a garantizar un cambio en la política de Interior del Gobierno de España», apunta la entidad. A su juicio, «el Ministerio del Interior no puede saltarse la norma y aplicar deportaciones sumarias, ya condenables para población adulta, pero inadmisibles para niños muy vulnerables sin referentes familiares a los que no se está devolviendo con sus familias, sino hacinando en otro centro de menores pero bajo régimen marroquí».
La organización ha señalado, en este sentido, que «duda» de que Marruecos respete «los básicos derechos humanos y del niño» al respecto.
Para el director de Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, lo que está ocurriendo con los niños de Ceuta no es solo una deportación, sino una «subcontratación» para que «en lugar de estar acogidos en suelo Español se les ubique en otro país sin tener en cuenta su situación». «Y no sabemos a cambio de qué», ha advertido.
La organización ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso una reunión para explicarles lo sucedido e iniciará una ronda parlamentaria para buscar vías para garantizar una respuesta política, además de jurídica, a este conflicto.
